Publicado en El País el 31 de enero de 2017

Desde la calle 19 de Washington, donde se encuentra el Fondo Monetario Internacional, hasta la Casa Blanca, en Pennsylvania Avenue, hay un corto paseo de apenas 10 minutos. Se trata de dos instituciones que marcan de forma determinante la evaluación de cómo está hoy la economía española y qué contingencias externas pueden afectarle. El FMI publicaba este lunes el informe tras la última visita de la delegación de este organismo a Madrid. Como en otras ocasiones, repartía halagos y advertencias. Un resumen cuasi literal describiría la evolución reciente de la economía española como “impresionante” y más “resiliente” pero “vulnerable a shocks externos”.

Las perturbaciones exógenas pueden venir en gran medida por las acciones del nuevo presidente de Estados Unidos, que en tan solo una semana de mandato ha conseguido levantar tanto revuelo y temores que pensar en cuatro años se hace muy complicado. A corto plazo, los mercados acogen con optimismo las medidas que supuestamente favorecerán a ciertos sectores con peso bursátil. Pero a medio y largo plazo, malas noticias para todos: del proteccionismo desaforado a las guerras cambiarias, un paso. Del unilateralismo al conflicto diplomático y las tensiones geopolíticas, otro pasito.

A España estas circunstancias externas no le vienen bien. Este lunes el INE ratificaba el dato de crecimiento del PIB del pasado año en el 3,2% pero la mayor parte de analistas lo reducen ya al 2,5% para el 2017. Buena parte de la caída se deberá al menor viento de cola pero fenómenos como Trump y el Brexit pueden arreciar muy de frente. Tal vez su impacto será más perceptible más allá de este año pero pueden producirse ya señales poco alentadoras. En un contexto en el que España, recuerda el FMI, ha ganado en competitividad en los últimos años pero sigue siendo vulnerable con una posición internacional de inversión neta negativa del 87%. La mejora de la balanza por cuenta corriente solo mitiga de forma reducida esta debilidad.

Tal vez lo más llamativo de la evaluación del FMI es lo que se refiere a dos temas sobre los que se mantiene actualmente un fuerte debate en España. El primero es el mercado de trabajo. Ya no se insiste tanto —ya era hora— en la moderación salarial porque la caída de la calidad y duración del empleo es suficientemente preocupante. Otra debilidad ante cualquier meneo externo. Y por trillado y quemado que esté el tema en la opinión pública española, la dualidad entre temporales y fijos debería eliminarse cuanto antes. Sin embargo, hay que tener cuidado con revertir los avances realizados en la reforma laboral.

El segundo gran tema, con notable tensión política, es el de la eficiencia fiscal y la racionalización del gasto público. No se habla ya de austeridad sino de sentido común. Sobre todo, se pone el énfasis en el sistema territorial. Como en muchas dimensiones de la realidad económica, la disciplina fiscal regional depende de la capacidad de autogestión y del sistema de incentivos. De nada sirve ceder competencias si los ingresos no son acordes. Cada territorio debe ganar capacidad para responsabilizarse y gestionarse, al menos más que hasta ahora. Es hora de avanzar en este ámbito.

Publicado en El País el 24 de enero de 2017

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/23/actualidad/1485191027_616366.html

El Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza) la semana pasada está lejos de ser la referencia intelectual o la guía política que el mundo necesita. Responsables políticos, empresariales, financieros, actores, músicos y todo tipo de gurús tecnológicos ofrecen mensajes que apenas llegan a la mayor parte de la población. Reflejan estrategias defensivas de su statu quo y mucha negación respecto a los verdaderos problemas que afectan a la sociedad. El enojo de los ciudadanos, como votantes, es evidente. Hay un vacío de liderazgos morales e intelectuales.

Es turno para que los economistas y otros analistas sociales aumenten el sentido crítico del debate e, incluso, me atrevo a decir, que se pongan al frente del mismo. Es una necesidad eminentemente práctica. La desigualdad, el empeoramiento de la calidad de las condiciones laborales respecto a las de antes de la crisis, el coste de la energía, la presión de la deuda pública y privada, las escasas expectativas para una jubilación digna, o la dificultad para sostener la solidaridad intergeneracional, no encuentran respuesta en Davos. Se debaten, en un tono ajeno, lo que da mayores alas aún al populismo. Dos de las naciones más relevantes del mundo —Estados Unidos y Reino Unido— ya han optado por el humo como remedio para el incendio social. Me han parecido muy oportunas las opiniones dme Larry Summers este fin de semana sobre lo decepcionante del foro suizo, refiriéndose a las palabras de uno de los padres del liberalismo anglosajón, Edmund Burke: “La única cosa necesaria para el triunfo de

No es sólo una cuestión del Brexit o de Trump. En España la gente tampoco acierta a comprender cómo el 1% de la población acumula tanta riqueza como el 80% y —a medias entre falta de información y carencia de previsión— se genera un enfado monumental hacia bancos o empresas, o por el precio de la electricidad, o por las pensiones. Cuestiones muy similares azuzan el clima social en Francia, Italia y otro sinfín de países. En sociedades modernas europeas que defienden modelos de estado de bienestar tendría que haberse logrado hacer comprender a los ciudadanos el coste y la responsabilidad de los beneficios del modelo, para reconstruirlos conforme a incentivos y responsabilidades más compartidas. Pero esto es casi imposible cuando las cuestiones más perentorias no tienen una respuesta. Por lo tanto, se vuelve a la casilla de salida pero en condiciones peores.los malvados es que los hombres buenos no hagan nada”.

No es sólo una cuestión del Brexit o de Trump. En España la gente tampoco acierta a comprender cómo el 1% de la población acumula tanta riqueza como el 80% y —a medias entre falta de información y carencia de previsión— se genera un enfado monumental hacia bancos o empresas, o por el precio de la electricidad, o por las pensiones. Cuestiones muy similares azuzan el clima social en Francia, Italia y otro sinfín de países. En sociedades modernas europeas que defienden modelos de estado de bienestar tendría que haberse logrado hacer comprender a los ciudadanos el coste y la responsabilidad de los beneficios del modelo, para reconstruirlos conforme a incentivos y responsabilidades más compartidas. Pero esto es casi imposible cuando las cuestiones más perentorias no tienen una respuesta. Por lo tanto, se vuelve a la casilla de salida pero en condiciones peores.

En Davos se escucha hablar de tecnología pero no del gran abismo que media entre su adopción y una utilidad social generalizada. Se habla de igualdad de género pero sólo el 18% de las participantes son mujeres. Como perla del encuentro, la oportunidad de ver a un presidente chino defendiendo el liberalismo y el libre comercio, asustado ante los primeros avances proteccionistas de Trump. Davos parece haberse convertido en un foro de ostentación y defensivo pero no de ideas y revulsivo. O se renueva, o cae en la irrelevancia.

 

 

Publicado en El País el 17 de enero de 2017

Cuando otros países ya habían tomado medidas contundentes de rescate financiero, en España seguía aumentando la deuda privada, con la inercia de un crecimiento anterior vertiginoso. Hasta 2010, la deuda de hogares y empresas creció y alcanzó los 2,33 billones de euros, un 215,7% del PIB. En aquel momento se prodigaron análisis que sugerían que tal endeudamiento no se podría pagar nunca e, incluso, que podrían ser necesarias quitas a la deuda privada.

El tiempo ha demostrado que esos análisis eran erróneos. En un país poco dado a apreciar los incentivos, los contratos de préstamo han de cumplirse y, de no hacerse, se trata de buscar las mejores soluciones. Casi siempre privadas. Se ponen en marcha otros mecanismos para evitar resultados más desagradables que, contrario a lo que también se piensa muchas veces, a nadie benefician y ninguna parte desea (tampoco las entidades financieras).

Los datos que el Banco de España publicó este lunes sugieren no sólo que familias y empresas han peleado por honrar la deuda sino que han hecho un esfuerzo descomunal. Desde 2010 y hasta el tercer trimestre del pasado año, la deuda de familias y corporaciones se ha reducido en 482.459 millones de euros, un 48,2% del PIB. Esto supone un enorme coste de oportunidad porque la caída del endeudamiento ha supuesto también una disminución de la inversión productiva. Pero encierra elementos muy positivos, como la ratificación de la capacidad del sector privado español para reducir sus niveles de endeudamiento sin destrozar estructuras contractuales ni afectar gravemente a la reputación del país.

En estos días se habla mucho de la deuda más comúnmente conocida, la hipotecaria. Se desconoce en muchos casos que, como en otros ámbitos, los bancos y sus clientes renegocian los términos en función de las condiciones de mercado con frecuencia. Aún más en tiempos de excepcionalidad financiera.

Las estadísticas del INE muestran que en 2015 se produjeron 177.507 cambios registrales por modificación de condiciones y hasta octubre de 2016 otros 121.091. Más de la mitad de los mismos son reducciones pactadas de tipos de interés. La cuestión es que esos cambios son lógicos pero la retroactividad absoluta choca con la proporcionalidad que exige la excepcionalidad financiera.

Conviene estudiar hasta qué punto hogares, empresas y bancos se benefician de tipos de interés negativos. Para las entidades financieras no reflejan el riesgo asociado a prestar y, por lo tanto, no les permiten ofrecer crédito con el margen que se precisaría en las condiciones actuales de demanda. No son tan reducidos esos tipos porque ese sea el equilibrio entre oferta y demanda, sino por la acción excepcional del Banco Central Europeo.

Para las economías domésticas, según estimaciones recientes, han supuesto un ahorro en intereses de 25.000 millones de euros. Esto también ha podido ralentizar la vuelta del crédito porque seguramente ha acelerado las amortizaciones. Los beneficios de la excepcionalidad deben ser para todos, siempre que medie transparencia y seguridad jurídica, como ha sido siempre en la mayoría de los casos.

Artículo publicado en Cinco Días el 13 de enero de 2107

Dicen los psicólogos –con gran influencia reciente en la economía y las finanzas del comportamiento– que la disonancia cognitiva alcanza la mayor parte de nuestras decisiones. Casi ninguna acción es absoluta y puramente honesta o deshonesta, altruista o egoísta. Hay numerosos grises. En lo que se refiere a los contratos financieros con los bancos, cunde una percepción de deshonestidad hacia el lado de la oferta. Y está también (científicamente) demostrado que los que estamos en el lado de la demanda tampoco actuamos con un aura de santidad o altruismo financiero, ni con los bancos ni en nuestros propios contratos y relaciones privadas.

Vaya por delante, con claridad y casi vehemencia, que la crisis financiera ha ilustrado de forma cruda que ha habido tremendos fallos en la información de los contratos financieros en todo el mundo y en el modo en que esta ha sido transmitida desde los bancos a los clientes en un importante conjunto de dimensiones. Pero también parece necesario informar y reflexionar sobre dónde están los límites a la responsabilidad individual y dónde la seguridad jurídica de los contratos se puede perder en un todo relativo a los derechos y negador de obligaciones.

Las hipotecas han sido un punto de referencia esencial y España un caso tan relevante y llamativo como particular. España es un país de propietarios de vivienda, algo que no hubiera sido posible sin una cierta seguridad jurídica. Como en otros ámbitos contractuales, las hipotecas han ido mejorando su configuración, eficiencia y las garantías ofrecidas a los clientes. Recientemente han aparecido, sin embargo, algunas demandas y sentencias en diferentes ámbitos jurisdiccionales que han puesto patas arriba algunos de los ingredientes habitualmente contenidos en los contratos hipotecarios en nuestro país. Las cláusulas suelo han sido la principal referencia. En un principio, las demandas contra este tipo de límites inferiores a los tipos de interés hipotecarios se sustentaron en el desconocimiento. Esto, con las garantías informativas al uso, resulta más difícilmente demostrable, al menos en un conjunto nada despreciable de casos. Además, se trata de cláusulas que se introdujeron para condiciones de excepcionalidad, tanto las suelo como las techo. Pero la excepcionalidad se ha acabado materializando de forma cruda, con tipos reales negativos. Y en ese punto ha parecido que solo los bancos y no los hipotecados se beneficiaban de la gran caída en el precio del dinero. En este punto, y solo bajo determinadas circunstancias y casos, la justicia europea ha esgrimido que algunas de estas cláusulas podrían ser abusivas. La excepcionalidad no ha sido óbice para que los bancos hayan cambiado progresivamente su política en este punto. Pero la retroactividad que ahora se impone (y debe acatarse cuando corresponda) tiene, en mi opinión, un sesgo retrospectivo: se está evaluando esta cláusula en condiciones excepcionales difícilmente previsibles cuando se originaron los contratos.

Ahora, incluso, algunas sentencias quieren llevar algo más allá la eliminación de algunas condiciones contractuales al uso en las hipotecas, sugiriendo que algunos gastos y otras comisiones deben ser eliminados o, directamente, asumidos por el banco. Todo esto sucede, además, de forma algo paradójica, en un contexto regulatorio en el que se han ido dando garantías cada vez mayores (informativas y de protección) al consumidor de estos productos financieros. Si estos cambios en las condiciones contractuales se convirtiesen en regulación, no está nada claro que eso vaya a favorecer al consumidor. Las hipotecas se encarecerían en todo caso. Como todo producto, su precio (condiciones, comisiones, tipos de interés) debe ajustarse al coste completo del servicio. Y, dicho sea de paso, la verdadera naturaleza de este coste tiene componentes técnicos que se echan de menos en algunas disposiciones judiciales. En particular, una hipoteca no está solo afectada por el riesgo crediticio, sino también por otros como el de tipo de interés e incluso, en determinadas circunstancias, por el riesgo de mercado.

Las soluciones privadas entre bancos y clientes han permitido distribuir los posibles efectos de la excepcionalidad de las condiciones financieras. Pero los sesgos retrospectivos y la excesiva racionalización de la disonancia cognitiva (“ellos los malos y nosotros los buenos”) puede acabar teniendo más costes que beneficios a largo plazo. La normativa europea ya aplicada en España cuenta con garantías en términos de “explicaciones adecuadas y servicios de asesoramiento” en las hipotecas y eso es lo que debe garantizarse. No parece necesaria regulación adicional y más aplicaciones retrospectivas crearían innecesaria inseguridad jurídica. Por supuesto, como en los casos de los desahucios, hay excepciones que merecen un tratamiento personalizado, pero abrir en canal los contratos para rehacerlos retrospectivamente puede crear serios problemas. A todos. La propia regulación europea parte, en sus exposiciones de motivos, del reconocimiento de que la complejidad financiera no es para el cliente minorista –algo que es fácil suscribir– y también reconoce que muchas veces las expectativas de los clientes son excesivamente optimistas y poco prudentes, lo que redunda en la necesidad de mejorar los mecanismos de información.

La excepcionalidad financiera ha afectado en muchas direcciones. Estos días, algunas estimaciones han sugerido que las caídas de tipos de interés han permitido a las familias ahorrar 25.000 millones de euros desde 2008. Deberíamos tener en cuenta que gran parte de esa caída se debe a la acción del BCE y no al verdadero equilibrio entre oferta y demanda de fondos ajustado por riesgo. La política monetaria sí que puede estar llegando más al cliente de lo que podría pensarse. Y la excepcionalidad financiera no debe racionalizarse de forma excesiva por el lado de la demanda, porque la inseguridad jurídica contraerá aún más la oferta de nuevos, numerosos y necesarios contratos.

 

Publicado en El País el 10 de enero de 2017

Una particularmente gélida ciudad de Chicago ha acogido estos días la reunión anual de la Allied Social Sciences Association (ASSA). Es el encuentro de referencia de la economía mundial, donde se dan cita desde la mayor parte de los premios Nobel del ramo hasta los que intentan entrar a forma parte de las instituciones profesionales y académicas de prestigio que tratan de captar los nuevos talentos en el mercado de trabajo allí organizado a tal efecto. Más de 10.000 economistas discutiendo los principales avances y perspectivas de la disciplina.

Por encima de temas concretos, de las sesiones y comentarios informales siempre surgen algunas percepciones más o menos generalizadas. En este año he percibido fundamentalmente dos. Por un lado, un cierto optimismo respecto a la situación económica internacional. Esto no implica que se puedan tirar cohetes sino que se han modificado al alza las expectativas iniciales, que eran algo lúgubres. Por otro lado, sigue predominando —como en otras ediciones que se han celebrado en los años de crisis y posteriores— una tendencia al revisionismo. Una asunción —desde diferentes ángulos e, incluso, opiniones— de que se está produciendo un cambio de paradigma en la economía internacional, con importantes raíces e implicaciones sociales. Algo parecido a lo que Joseph Stiglitz ha quedado en denominar —desde su propia óptica pero con cierta utilidad en un terreno más amplio— la Gran Transformación. Específicamente, se trata de una reflexión y reacción social a las grandes promesas de la globalización y a los resultados que finalmente se han obtenido.

La idea fundamental es que la globalización tiene obvias ventajas para la interacción económica y el progreso tecnológico pero también puede acarrear problemas distributivos y de control regulatorio. La última crisis financiera fue un claro ejemplo. El problema es que la expectativa siempre ha sido que las políticas redistributivas podrían reconducir los beneficios privados de la globalización de un modo más equitativo, sin que ello implicara pervertir los incentivos ni los beneficios privados de forma excesiva. Pero el entorno post-crisis ha ofrecido una realidad decepcionante, con una recuperación progresiva de los niveles de empleo anteriores a la gran debacle pero con peores salarios y condiciones laborales. La aparente mejora en la macroeconomía post-crisis —y el relativo optimismo agregado— se diluye y amarga en la realidad —como señalaron algunos otros Nobel como Angus Deaton— de que sin una mejor coordinación internacional es imposible reconducir la globalización y afrontar fenómenos tan preocupantes como el envejecimiento de la población en las sociedades avanzadas o los sistemas públicos de salud. Todo ello junto a fenómenos sociales desgarradores como la coincidencia de una disminución importante de los índices de pobreza en muchos países en desarrollo con un aumento de la xenofobia en los avanzados. Como señaló Edmund Phelps, la política está siendo decepcionante para afrontar estos retos, tanto por la izquierda como por la derecha.

La oportunidad está en el cambio tecnológico asociado a la digitalización pero este desafío entraña los mismos riesgos —como indicó, entre otros, Robert Shiller— ya que se puede incidir en una transformación del empleo pero, a corto plazo, los costes pueden ser importantes y la desigualdad acrecentarse. Urge la coordinación internacional pero no parece que hubiera mucha esperanza en los liderazgos vigentes.

Publicado en El País el 3 de enero de 2017

En estos días de comienzo de un nuevo año, de forma casi natural, se piensa en qué puede deparar el año que ahora estrenamos. Personajes, grandes eventos y un sinfín de rankings llenan los informativos, huérfanos de coyuntura. Para la economía, 2017 aparece como un año de inflexiones y de materialización de riesgos. La política monetaria expansiva que nos ha acompañado en los últimos ocho años seguirá con nosotros mucho tiempo pero ha empezado a tocar a retreta y la inflación vuelve a empujar. El precio del petróleo ha repuntado en cierta medida. El equilibrio político internacional se abre a un nuevo orden.

El pasado ejercicio nos deja a Trump y al Brexit como grandes sorpresas que supuestamente debieron condicionar los mercados pero no dejaban de ser hechos cuya realización final estaba aplazada. Ahora llega. Hemos debido asumir ya, en todo caso, que vivimos en una nueva era de lo impensable. Lo que pueda deparar Reino Unido tras la activación de los mecanismos de salida o el nuevo presidente estadounidense tras su investidura dejaron ya de ser cuestiones impensables para convertirse en ineludibles. Donde ahora se colocan la mayor parte de los temores es el riesgo geopolítico. El cambio en la estructura energética y la cuestionable capacidad del nuevo ejecutivo de Estados Unidos para mantener algunos equilibrios políticos globales pueden deparar conflictos que hoy nos parecen difícilmente realizables. Los mercados van a valorar, otra vez, los hechos más que los anuncios. El pasado año tuvieron un comportamiento bastante malo antes de que llegara el referéndum británico y Trump y no fueron peor después de esos hechos. Ambos eventos fuero anuncios que aún debían desplegarse.

Ahora es cuando se materializan los hechos. Los mercados en los próximos meses serán sistemas a los que los virus que les afectarán dependiendo de su debilidad coyuntural. Y Europa no afronta esta situación en el mejor estado de forma. Los países que deben sostener la fortaleza del euro –Francia y Alemania- afrontan procesos electorales que marcan la verdadera capacidad de contención del populismo en el continente. E Italia está inmersa en una crisis bancaria cuyas dimensiones empiezan a romper las costuras del estrecho abrigo con que se quiere cubrir, amenazando la estabilidad financiera más allá de las fronteras transalpinas.

En cuanto a nuestro país, me gustaría pensar –y hay razones para ello- que España crecerá, de nuevo, más de lo previsto. Los vientos de cola –principalmente del BCE- se van retirando… pero suavemente. El crudo encarecerá la factura energética pero no parece que lo vaya a subir mucho más allá de donde está ahora mismo, aunque la evolución del dólar también afectará. En todo caso, ni la OPEP es lo que era ni el modelo energético es ya el de la segunda mitad del siglo XX. El Brexit también llegará pero su implementación será inevitablemente larga. Curiosamente, será el primero de los últimos cuatro años sin elecciones, pero con una excepción que puede acabar siendo el tema del año en España: un referéndum (o su convocatoria, al menos) en Cataluña. Hay cuestiones que no parece que puedan aplazarse mucho y la tensión territorial (con indudable componente económico) lleva demasiado tiempo encerrada en un cajón.

 

 

Publicado en Cinco Días el 3 de enero de 2017

José Ángel Sánchez Asiaín, conocido y cuasi legendario banquero español, se fue con el año, el 31 de diciembre, de forma discreta. Un intelectual completo, de múltiples aficiones, apasionado, entre otras cosas, del Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, su desaparición parece evocar una de las más conocidas citas de esta obra: “Me pregunto si he cambiado en la noche. Déjame pensar. ¿Era la misma persona cuando me levanté esta mañana? Casi pienso que puedo recordar sentirme un poco diferente. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿quién soy en el mundo? ¡Ese es el gran puzle!”. Pues hay que reconocer que Sánchez Asiaín deja un legado importante, más allá de la enseñanza, hondura y cariño que legue a sus más allegados. Fue alguien en el mundo y no por el poder que se puede asociar a un banquero.

Siempre me venía a la cabeza el nombre de Sánchez Asiaín cuando pienso en uno de los campos de estudio que frecuento, los medios de pago. Estaba considerado uno de los primeros introductores de la tarjeta de débito y crédito como medio de pago. Algo que ahora nos parece muy corriente pero que en su tiempo fue bastante disruptivo. La teoría bancaria otorga un papel central –mayor que en otros sectores, aunque común a casi todos– a la información y a las asimetrías que sobre la misma existen entre oferta y demanda. Evidentemente, las tarjetas de pago introducen un cambio tecnológico estrechamente vinculado a la innovación. Pero repasando los ensayos y contribuciones a obras colectivas de Sánchez Asiaín he podido comprobar que no solo son numerosas y relevantes, sino que mantienen algunas temáticas comunes, entre las cuales la tecnología y la información desempeñan un papel esencial. Y no solo como encaje y razón principal de ser de la intermediación financiera, sino como esquema fundamental de desarrollo, innovación y crecimiento económico de cualquier país. No obstante, estamos hablando de mucho más que un banquero. De alguien con una presencia destacada en ámbitos empresariales y de la Administración.

Por la diferencia de edad, apenas he convivido en la fase profesional más activa y determinante de Sánchez Asiaín en el mundo laboral. Se echa algo de menos ese perfil otrora algo más común del hombre que reunía vocación académica con práctica profesional. No obstante, antes de empezar a trabajar en Banco de Bilbao, era catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la de Valladolid. Es curioso cómo el recorrido del perfil de hacendistas ha dado tantos casos de vinculaciones a la Administración en puestos de relevancia en España, tantos que merecería un estudio monográfico por haber creado una suerte de escuela. La vía académica se interrumpió en este caso, precisamente, para incorporarse como secretario general técnico en el Ministerio de Industria, si bien se retomó en 1968 cuando obtuvo la cátedra nuevamente, en esta ocasión en la Universidad de Bilbao. Es entonces cuando Sánchez Asiaín genera su perfil más conocido, incorporándose a Banco de Bilbao, primero como director de estudios, después como director general y, finalmente, como presidente del consejo de administración, donde se mantuvo hasta 1988. En esa fecha se produce una de las más conocidas fusiones bancarias en España, liderada por este banquero y referencia para algunas de las que siguieron: la de Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya, pasando a ser presidente de la nueva entidad (Banco Bilbao Vizcaya) hasta 1990.

En 1990, es nombrado presidente de la Fundación BBV (posterior Fundación BBVA), una de las instituciones que más destacados servicios ha prestado a la investigación económica en España, por dedicación, recursos, datos y desarrollo de proyectos.

Una de las cuestiones que definen a la banca española en los últimos 40 años es el modelo de banca universal, que unifica un amplio conjunto de servicios financieros bajo una sola institución y que permite, algo en lo que Sánchez Asiaín también fue uno de los precursores, aunar banca comercial y banca de empresas.

Y, dentro de la banca minorista, también desarrolló una importante labor de desarrollo de estrategias comerciales orientadas a ampliar la base de clientes de la banca y las posibilidades de financiación en modos que hasta entonces no habían sido conocidos en España, como la anteriormente mencionada tarjeta de crédito.

Queda el poso, también, de lo que la tecnología de la información suponía para esta figura de la banca española, un sedimento que quedó ahí durante muchos años en BBVA y en otras entidades. No obstante, la apuesta tecnológica de España en materia de pagos es poco conocida y no deja de ser curiosa en un país que, durante muchos años, ha tenido una importante resistencia a dejar atrás los pagos en efectivo.

No puedo olvidarme, en una necesariamente incompleta semblanza, de la intensa participación y huella de Sánchez Asiaín en el entorno empresarial español,testigo incluso de su cambio estructural, desde los Altos Hornos de Vizcaya hasta el Banco de Crédito Industrial, pasando por Iberduero.

Y la no menos importante dimensión humanista como académico de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de la Academia Europea de Ciencias y Artes y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y miembro honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Murió ostentando, entre otras ocupaciones, la presidencia de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción