Publicado en El País el 20 de junio de 2017

Estos días de sofoco pre-estival hemos recordado otros veranos de bochorno —en sentido amplio— que marcaron la crisis bancaria en España. La caída y posterior venta de Banco Popular suena a último episodio de un largo proceso de saneamiento. Este lunes presenté un informe que he realizado para EuropeG sobre el estado y perspectivas de la unión bancaria europea con sensación de déjà vu e involuntaria actualidad. La unión bancaria que hoy tenemos es un logro importante —que contribuyó a aplacar la crisis de la deuda soberana— pero desigual e incompleto, con un marcado componente adaptativo que afecta particularmente a España. Parte de nuestro sector bancario ya fue banco de pruebas hace cinco años y ahora el Popular ha sido actor destacado en el estreno del mecanismo de resolución

Es difícil asumir la crudeza de la nueva normativa europea para los pequeños inversores. Pero el orden de actuación es fundamental: primero, sufrir las pérdidas (bail-in); después, si procede, reclamar. Y sí, es un fastidio difícil de justificar (sin sonrojo) que en el caso del Monte dei Paschi di Siena (MPS) italiano —el actor secundario en el estreno del mecanismo de resolución europeo— los bonistas asuman pérdidas inmediatamente sufragadas por el banco que, a su vez, las cubre con fondos de un rescate público. También es difícil entender estos días el papel que juegan los test de estrés aplicados a la banca. Mi opinión es que no se trata tanto de un problema de las pruebas como del tempo de su medición y aplicación y, sobre todo, de las acciones correctoras asociadas a los resultados. La diferencia es clara entre las realizadas en Estados Unidos y en Europa ¿hubiera permitido la Reserva Federal que se prolongara tanto tiempo la venta de activos de Popular? Parece que el mercado llevaba tiempo sin entender tanta espera y finalmente se desató la desconfianza.

También surgen dudas (una vez más) sobre la relación entre solvencia y liquidez. Hemos sabido que el Popular recurrió en varias ocasiones en sus últimos días a la asistencia de liquidez de emergencia (ELA) del BCE. Pero fue insuficiente ¿Deben ser la ELA el único y último mecanismo en situaciones de estrés relacionadas con la liquidez? Resulta algo dramático que la puntilla a la situación patrimonial del Popular fuera una cuestión de caja, aunque ello no obviara el vertiginoso descenso del valor de la acción. Parece que el supervisor único y su mecanismo de resolución tendrán que pensar en formas de monitorizar —con velocidad y cuando sea factible— estas situaciones para evitar actuar cuando ya solo toca misa de responso.

Una nota adicional algo más que anecdótica: hemos avanzando en la unión bancaria en unos años en que los bancos de cada país han reducido su exposición inversora a otros países miembros. Es señal de retroceso claro en integración y riesgos compartidos. Solo contando los cinco mayores sectores bancarios europeos, la exposición transfronteriza cayó 1,6 billones entre 2008 y 2016. La resolución única con fragmentación es complicada.

Publicado en El País el 13 de junio de 2017

http://economia.elpais.com/economia/2017/06/12/actualidad/1497292816_925368.html

Varias veces en los últimos años ha habido episodios de contagio en el sector bancario. Se ha tratado, generalmente, de un abrupto tratamiento del todo como la parte. La incertidumbre sobre la solvencia de un banco o varios en un país se extendía, de forma ineludible, al resto.

En el caso de la eurozona, en algunos momentos tuvo incluso connotaciones epidémicas en las que no sólo se veían afectados los sistemas financieros de un buen número de países, sino el propio euro. La causa era fundamentalmente la opacidad informativa. Se sabía por dónde empezaban los problemas de calidad de los activos pero no por dónde terminaban.

Este riesgo de contagio se ha prolongado tal vez demasiado tiempo en Europa pero el esfuerzo de transparencia realizado en algunos países, como España, ha sido significativamente mayor y ha incorporado importantes sacrificios. Ante este argumento, hay quien podría preguntarse cómo es posible que el Popular haya caído. Incluso que se cuestione para qué sirvieron las pruebas de esfuerzo. Aunque la respuesta va a requerir un análisis concienzudo, muchos nos seguimos preguntando por qué no se segregaron antes los activos improductivos de este banco, acabando de este modo con las dudas sobre la pérdida incurrida y el valor de la acción. El banco podría quizás haber sobrevivido pero conviene insistir en que las causas de su destino final precisan un estudio más detallado. Afortunadamente, ahora el sector bancario español cuenta con saneamiento y músculo financiero para resolver el entuerto tal y como se ha hecho.

No obstante, tras la fulminante absorción del Popular, parece que otros valores bancarios se han visto afectados de forma muy concreta y sorprendentemente en lo que a todas luces parece una extrapolación acelerada y equivocada del caso del Popular. Se confunden churras con merinas. Si se analiza, por ejemplo, el caso de Liberbank, se observa una reducción de la morosidad y una cobertura del deterioro de activos muy destacables. Se trata de un banco que ha reducido su morosidad un 38% en tan sólo un año (estará a final del año en torno al 10% y en el 7% el próximo), con una ratio de capital del 12% y una sólida base de depositantes.

Ante estos movimientos especulativos de la parte sobre el todo, la mejor respuesta es la certificación externa y creíble de la calidad de los mismos y es en esa dirección en la que se debe actuar. Prohibir las posiciones cortas ha sido la solución adoptada —y parece tener una justificación por la excepcionalidad y por la ferocidad de los ataques que se podían haber ampliado de otro modo— aunque es un terreno complicado por el que transitar. En todo caso, convendría que cundieran los mensajes públicos de autoridades relevantes que enfatizaran la posición de fortaleza de las entidades financieras potencialmente afectadas, porque si han realizado un esfuerzo de transparencia como el que han realizado, este debe refrendarse siempre que sea preciso.

Publicado en Cinco Días el 8 de junio de 2017

Ayer se cerraba la última página de la historia de Banco Popular, absorbido de urgencia por Santander. Muchos accionistas y tenedores de bonos han perdido su inversión, pero, desde el punto de vista del conjunto del sistema, se ha absorbido el shock y se ha llegado a la mejor solución posible, dadas las circunstancias. Se puede discutir sobre la viabilidad última y valor de franquicia de Popular (que lo hay, con una gran base de clientes), pero las acciones de la entidad cayeron presa de la fatalidad que se genera cuando la situación del balance no se aclara en tiempo y forma de manera satisfactoria.

El marco actual de la supervisión financiera en Europa es una suerte de relativa coordinación entre el mecanismo único que se gestiona desde Fráncfort y las autoridades nacionales. Y, en términos muy simples, la idea de la nueva resolución bancaria europea (en marcha desde comienzos de 2016) es que, en caso de problemas de viabilidad y/o solvencia, asuman pérdidas accionistas y bonistas antes de que el Estado ponga un euro. Se toca el bolsillo del inversor antes que el del contribuyente, algo que siempre ha tenido una lógica difícilmente rebatible, pero que no ha sido fácil aplicar en todos los países. El comunicado conjunto de la autoridad de resolución española (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) y de la europea (Fondo Único de Resolución, FUR) tiene tres elementos contundentes respecto a Popular: inviabilidad, asunción de pérdidas y venta.

Estos días se discutían diferentes opciones, pero el valor de la acción caía en picado. Desde luego, a España no se le pueden atribuir dudas en la aplicación de los mecanismos de bail-in(pérdidas para inversores antes que para depositantes o contribuyentes). Se impusieron como parte del programa de asistencia financiera en 2012 –cuando aún no eran parte de la regulación europea– y se han aplicado ahora en el marco de la nueva resolución bancaria única.

El azar o la necesidad han hecho que la resolución de Popular coincida con la de Monte dei Paschi di Siena (MPS) en Italia. Dos procesos muy distintos en tiempo, forma y repercusiones. El español, contundente, bajo las normas europeas y con el resto del sector saneado y progresando en rentabilidad y solvencia. El italiano, confuso y enormemente condicionado por factores políticos y por la debilidad del conjunto de la banca italiana, en un entorno macroeconómico y financiero deprimente.

Considero que la mejor noticia para el sector bancario español es que con esta absorción parecen despejarse las últimas dudas, algo que pocos países pueden afirmar hoy en Europa.

Una de las diferencias más evidentes respecto a Italia es que en España primero se aplicó el bail-in y luego se depuraron las responsabilidades sobre la distribución de bonos entre minoristas por vías privada, judicial y de arbitraje. En el caso italiano, se han impuesto (solo aparentemente) pérdidas a los inversores pero ya se ha previsto, de partida, que el propio MPS las compensará en buena parte. Por supuesto, tras recibir fondos públicos, lo que es un claro vaso comunicante entre el dinero público y la indemnización a inversores privados. Un rescate disfrazado de bail-in.

Es bastante probable que la opción por la que se ha optado en Italia no sea otra cosa que un tapón en la hemorragia de una entidad que tiene escasos visos de éxito a largo plazo, para frenar el pánico sobre el resto de un sector italiano sobre el que persisten las dudas.

En España, el resto del sector había despejado esa incertidumbre y el riesgo de contagio estaba controlado, pero era precisamente por eso, para refrendarlo, que el último gran paso de la reestructuración y saneamiento del sector, el último foco de dudas, debía resolverse.

Claro que una de las grandes cuestiones pendientes es la gestión de los activos problemáticos de Popular. No es que estos activos no se conocieran, pero la forma de gestionarlos y su valoración exacta requerían más celeridad. Santander cuenta, sobradamente, con la capacidad para segregar y gestionar estos activos de forma adecuada y aprovechar todo el potencial que ofrece la clientela y recursos de Popular. La indigestión inmobiliaria de este último no debe confundirse con el valor de sus depositantes y prestatarios.

Ayer fue un día de malas noticias para sus inversores pero, probablemente, fue un día de alivio para la industria bancaria españolaporque cierra, definitivamente, el ciclo en el que se ha logrado el mayor ejercicio de transparencia aumentada (más allá de los ejercicios comunes de estrés) que se ha realizado en Europa.

Considero que esto beneficiará a los bancos españoles y al conjunto del país porque reforzará la visión sobre la calidad de los activos que ahora están en los balances. El reto de gestionar activos deteriorados es común a una eurozona donde, según el propio BCE, hay un billón de euros bajo esta categoría. En España ya se han segregado, provisionado y vendido buena parte de ellos. Los pendientes de sanear Popular tendrán el mismo destino.

La operación de absorción tiene dos características que se deben apreciar en cualquier contrato financiero: simplicidad y limpieza. Eso de que se vende “por un euro” es una proclama simbólica para absorber de un plumazo las pérdidas, segregar los activos y transmitir tranquilidad a depositantes. Santander ya ha demostrado en territorio nacional y en todo el mundo su capacidad para reestructurar y reorganizar.

Como no podía ser ya de otro modo, la entidad absorbida se integra en la marca Santander. El grupo alcanzará en España 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y del 25% en pymes. Podría parecer un aspecto colateral en la nota de prensa emitida ayer por Santander pero, particularmente, me parece muy relevante: la entidad mantiene, con la absorción también, su voluntad de diversificar el negocio dando más ponderación al de pymes.

Si se reflexiona sobre el futuro del negocio bancario, todos los caminos llevan a dos soluciones: tecnología y negocio con empresas de tamaño mediano y reducido. Santander ofreció datos apreciables en una operación de estas características, entre los que cabe destacar, de cara a sus accionistas, tres. El primero, no es preciso modificar el plan estratégico de la entidad. El segundo, se espera que la operación genere un retorno del 13%-14% en 2020. Y el tercero, muy importante, las sinergias en coste habituales en las adquisiciones, que se estiman en 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

¿Cómo puede gestionarse un volumen elevado de activos deteriorados sin modificar la calidad del activo y la solvencia de Santander? El banco dotará 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, lo que elevará su nivel de cobertura del riesgo de actividad inmobiliaria del 45% al 69%. Además, se ampliará capital en 7.000 millones de euros, lo que permitirá mantener el objetivo de superar una ratio de recursos propios de la mayor calidad (CET1) del 11% en 2018.

En España, aún será preciso que la sociedad de gestión Sareb y otras entidades financieras sigan dando salida a activos deteriorados, pero el perímetro de estas acciones está ya delimitado. También será necesario que se completen los procesos de privatización de entidades nacionalizadas y de acceso al mercado de otras, cuestiones que se están realizando con apreciable prudencia y responsabilidad.

Pero lo ocurrido con Popular deja la sensación de último gran paso hacia la transparencia para abrir un nuevo capítulo en el sector bancario español. La crisis ha dejado atrás a entidades bancarias históricas en todo el mundo. Lo importante es que hayamos podido aprender más sobre cómo proteger al depositante y al contribuyente.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía de Cunef y director de estudios financieros de Funcas.

Publicado en El País el 6 de junio de 2017

Resulta algo inoportuno y desgraciado lo que está ocurriendo con el Banco Popular, una de las entidades españolas con mayor raigambre institucional y un importante valor de franquicia, al menos hasta hace poco. Como en tantos otros casos documentados de estrés bancario, se vuelve a poner de manifiesto la dificultad de ejercer una resolución temprana que evite males mayores. Los vaivenes en el precio de la acción son un escaparate del juguete especulativo en el que nunca debe convertirse un valor bancario, por el desasosiego que transmite al conjunto del sector. Algunos hablan de una resolución “abrupta” desde Fráncfort lo que sorprendería después de otras soluciones adoptadas en la Eurozona últimamente.

Ironías del destino —u oportunidad para reivindicar una cierta autonomía española para resolver esta situación— la intensidad que ha adquirido el castigo a la acción del Popular coincide con el acuerdo para la resolución del italiano Monte dei Paschi de Siena (MPS). Comparar estas dos entidades sería tentador, pero desacertado. Más aún, cuando MPS no ha sido, en puridad, intervenido, sino que el supervisor único parece que se ha acabado sumando a un plan eminentemente italiano.

A diferencia de Popular, en el caso de MPS el agujero es (sigue siendo, en parte) difícilmente abarcable. Una segunda diferencia es que el camino seguido por el sector bancario español en términos de sacrificio —tanto autoimpuesto como infringido, y que quizás haya que continuar— es mucho mayor que el italiano. El problema de los activos deteriorados allí es mucho mayor que el de España.

En nuestro país se ha realizado un esfuerzo de reestructuración y de transparencia aumentada, por lo que la diferencia puede ser aún mayor. Asimismo, la economía española ofrece un soporte macroeconómico y un crecimiento que en Italia no se divisa desde hace muchos años y que compromete aún más el balance del sector bancario transalpino. Incluso teniendo en cuenta todas estas diferencias, se ha tardado dos años en llegar a un acuerdo visado por el BCE para la resolución de MPS, con un plan que se supone que infringe pérdidas a accionistas y bonistas aunque, de partida, prevé que el propio banco compense a buena parte de ellos. Esto deja gran parte del bail-in (que paguen los inversores antes que los contribuyentes) disfrazado de bail-out (se inyecta dinero público finalmente).

Las opciones del Popular parecen pasar inevitablemente por una solución privada. Para cerrarla, se está ultimando una nueva tasación de los activos. Hay diferentes opciones. Eso sí, hacen falta noticias (del ámbito público y privado) que reduzcan la incertidumbre, que sirvan de certificación. Si hay una adquisición, el uso de instrumentos de deuda para amortiguar pérdidas transformándolos en acciones (CoCos) podría ser más limitado pero, si no, lo cierto es que ese es su propósito llegados al extremo. En España ya se impuso el bail-in cuando no era norma europea. Hay que acotar las posibles soluciones y decidir pronto para no perder el control totalmente.