Publicado en El País el 25 de julio de 2017

La sanidad constituye un ejemplo de la paradoja del aislacionismo e insolidaridad que está emergiendo como respuesta a exigencias globales que resultan incómodas para algunos supuestos líderes mundiales. Los sistemas de salud están indisolublemente unidos a tendencias difícilmente reversibles en algunos países como el envejecimiento de la población. También a la emergencia e intensidad de algunos flujos migratorios. Sería terrible que en un momento en que la computación y los avances de investigación pueden erradicar algunos de los males hasta ahora endémicos relacionados con la sanidad en todo el mundo, se abandone ese camino.

Lo que no debe sorprendernos es que muchos de los mejores sistemas sanitarios del mundo se han basado en modelos públicos con cierto grado de universalidad y preservar ese tipo de modelos puede ser esencial, con los recursos precisos, para dotarlo de solidaridad externa. Y aquí aparecen de nuevo países como Alemania tomando el testigo de esos liderazgos y recordando (como se hizo en la cumbre de Hamburgo de principios de este mes) la urgencia de abordar algunos temas de investigación, inversión y coordinación para combatir ciertas epidemias y crear sistemas de prevención, entre otras cuestiones. Como en otros ámbitos socioeconómicos, lo que hace Alemania es fomentar el llamado “liderazgo de sistemas” que consiste en crear grupos que puedan contrarrestar el aislacionismo de los que hasta ahora han sido los líderes mundiales. Un nuevo modelo ante la amenaza de falta de respuesta a emergencias sanitarias mundiales. Un debate controvertido.

España debe ser parte de ese grupo solidario y reactivo. Siempre aparece en todos los rankings como uno de los mejores sistemas del mundo, aunque la satisfacción vaya por barrios. La fórmula para preservar el modelo y ayudar a la coordinación internacional es sencilla: escuchar a los profesionales del ramo. Y se comprueba que a la eficiencia no se llega con recortes sino con un buen uso de los recursos. Ni los gestores son siempre los adecuados (respondiendo a motivaciones políticas más que profesionales) ni los usuarios somos responsables. Ni la inversión en investigación va en la dirección que debería. Es más fácil culpar a la inmigración u obviar la necesaria coordinación y solidaridad internacional. Pero ese no es el modelo.

Publicado en Cinco Días el 21 de julio de 2017

Difícilmente escribiría un artículo estos días sobre la extinta Caja Madrid y qué hemos aprendido desde aquellos días de no ser por el trágico fallecimiento de Miguel Blesa. No son estas líneas que repasen su trayectoria sino que se refieren a la Caja Madrid de los años de su gestión entre 1996 y 2009.

Caja Madrid fue una de las primera cajas de ahorros fundadas en España, en 1838, y 170 años después dejó de serlo. Con esa prolongada trayectoria resulta difícil argumentar –como se hace de forma excesivamente simple estos días– que los modelos de cajas de ahorros no eran eficientes ni cumplían un propósito especial. Lo que ocurrió, como sucede en otros ámbitos del entorno financiero y empresarial, es que ese modelo se desnaturalizó y lo que debían ser mecanismos de control amplio se convirtieron en instrumentos de gestión política, cada vez más acentuada. Precisamente la segunda parte de la década de 1990 y hasta 2006 fue una época de desarrollo local y explotación del suelo desaforada, con una promoción desorbitada y con un aliento crediticio desproporcionado. Caja Madrid no fue excepción. Y ese fue un error común a otras entidades en España y otros países.

Incluso cuando la crisis ya era evidente, se emprendieron negocios impropios de una entidad que tenía que empezar a pensar en saneamiento y reestructuración, como la compra en 2008 del 83% del City National Bank, con sede en Florida, por 628 millones de euros. Pero esta es solo una anécdota en la maraña de problemas financieros que iba a encontrar la institución. Una de las cuestiones que hizo particularmente agudo el papel de la caja fue la fuerte exposición al crédito hipotecario, pero sobre todo al de promoción inmobiliaria. Pero en este caso particular se agravó por grandes operaciones de concentración de riesgos en alguna de las mayores (y a la postre más problemáticas) empresas de construcción españolas. Buena parte de ellas fue a la quiebra dejando un legado muy pesado para la entidad. Por si este problema no fuera suficientemente agudo, se evidenciaron pronto inadecuadas representaciones de miembros del sector de construcción y promoción inmobiliaria en los órganos de gestión, si bien esta fue una de las cuestiones que más contestación iba a provocar y tuvo que ser pronto corregida.

Cuando su particular burbuja explotó, Caja Madrid se enfrentaba a tasas de morosidad difíciles de remontar sin algún tipo de reconversión. En su cartera de préstamos se conjugaban todos los problemas habidos y por haber del catálogo de sospechosos habituales en una crisis inmobiliaria: préstamos a promoción, hipotecas sin adecuada cobertura. En una proporción significativa de estos créditos –como posteriormente se evidenció– no había garantías suficientes ni aparentemente una evaluación de la capacidad de pago contrastada, lo que convertía muchas de las operaciones en actividades subprime al más puro estilo de la crisis norteamericana.

También fue desgraciada la emisión y circulación de participaciones preferentes, principalmente entre 2005 y 2007, con las disputas y consecuencias que luego se generaron y que ya han sido largo debatidas. Mucho podría decirse también sobre otros ámbitos polémicos de la gestión, con episodios tan funestos como el de las tarjetas black, tan desdichado como poco ético. Pero tomando como referencia el caso de Caja Madrid, la gran pregunta es qué hemos aprendido. Y la respuesta resulta hasta cierto punto satisfactoria. Con la implantación de la nueva normativa de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (la llamada Mifid II) será complicado que los bancos puedan vender productos inadecuados a sus clientes o que estos puedan alegar desconocimiento de las condiciones. De forma similar, resulta evidente que se está avanzando hacia la consolidación de garantías y mejora de condiciones en contratos hipotecarios.

En cuanto al crédito y su calidad, la morosidad se está reduciendo de forma acelerada en España y en mayo ya se llegó al 8,7% (desde el 13,6% de diciembre de 2003). Se impone el crecimiento prudente del balance porque los españoles aún está devolviendo gran parte de la excesiva deuda acumulada en los años anteriores a la crisis.

También hay más exigencias en materia de gobierno corporativo. Han aumentado los sistemas de control y las garantías exigidas para formar parte de los órganos de administración, así como la información que es preciso reportar de forma continua para evitar problemas de conflictos de interés, entre otros.

Tomando a esa Caja Madrid como referencia, su recuperación dentro de la corporación Bankia está resultando un caso de éxito en el sector bancario, consolidando una de las bases de clientes más importantes de España. Y ahí es precisamente donde se establece el antes y el después: las entidades financieras tienen que lograr recuperar la confianza de los clientes y, tras la crisis, esto debe ser una conjunción de dos factores, principalmente. Por un lado, su propio esfuerzo de transparencia y gestión, aportando de forma competitiva servicios y atención con elevado valor añadido, recuperando el foco sobre productos minoristas, adecuados para cada tipo de cliente, sin sofisticaciones ni venta cruzada de productos inadecuados para el entendimiento o el perfil de riesgo de la mayoría de los clientes.

Por otro lado, el esfuerzo regulatorio, delimitando qué productos y servicios deben ofrecerse, en qué condiciones y con qué garantías informativas. En estas dos avenidas, la propia y la regulatoria, se ha avanzado de forma importante en los últimos años.

Publicado en El País el 18 de julio de 2017

¿Tendrá la mera convocatoria del referéndum en Cataluña una repercusión significativa sobre la prima de riesgo española? Como premisa, hasta el momento, no se contempla (o se otorga una probabilidad casi cero) a una Cataluña independiente. Las agencias de rating e inversores consideran el orden constitucional como algo más que un escenario central. En situaciones como la actual, es para ellos una garantía contra excesivos sobresaltos en Estados Unidos, Reino Unido o nuestro país. Como no lo es en Venezuela. Saben que la pretendida unilateralidad del referéndum, aunque viene de lejos, puede acabar teniendo poca incidencia práctica.

Aun así, hay margen para sobresaltos. Uno de los elementos más controvertidos es la paradoja del equilibrio financiero. Una de las recurrentes quejas de la visión soberanista es que el resto del Estado detrae recursos de Cataluña. No hay espacio aquí para resumir los múltiples análisis que, cuando menos, lo relativizan y que sitúan a otros territorios, como la Comunidad Valenciana, en una situación parecida o incluso aún menos favorable. Pero muchos de los desequilibrios financieros de las arcas públicas catalanas —y de otros territorios— son, en gran medida, achacables a la gestión pública desde antes de la crisis.

Una de las preguntas recurrentes de inversores foráneos hace años era hasta qué punto la administración central respondería por las deudas de las territoriales. Desde 2012, el gobierno ha repartido financiación extra a los territorios de 180.400 millones, de los que 58.800 se han destinado a Cataluña. Esto ha frenado una situación en la que muchas veces se ha temido un default catalán. Aún así, todas las agencias de rating mantienen a Cataluña en perspectiva negativa. Responsables de Moody’s han asegurado, incluso, que el rating de Cataluña “tiene una elevación de cuatro escalones por el apoyo del Estado. Si ese apoyo no estuviera ahí, el ratingno sería Ba3, sino Caa1”. Por supuesto, económicamente, España también necesita a Cataluña para su estabilidad fiscal y financiera, entre otras cosas.

En cuanto a las primas de riesgo en Europa, en estos momentos no observamos las reales, sino las resultantes de una situación monetaria excepcional en la que el BCE compra deuda e inyecta liquidez para mantener el termómetro frío. Cada vez son más los analistas —aunque no lo comparto plenamente, al menos de momento— que sugieren que el BCE podría inclinarse pronto hacia una subida de tipos y un cambio en ese apoyo monetario. Sería mala coincidencia con un aumento del riesgo político en España.

En suma, no está claro que el previsible conflicto en torno a la convocatoria del referéndum eleve mucho la prima de riesgo pero podrá suponer que las agencias de rating se tienten la ropa antes de subir la calificación española, algo que se esperaba desde hace tiempo. Y, si el entorno monetario acaba cambiando, habrá que plantearse escenarios más desestabilizadores. Cada vez hay más propensión a poner los referendos por delante de la gestión, con poca preparación y elevada improvisación. Los efectos económicos son negativos y suelen empezar por el convocante.

Publicado en El País el 11 de julio de 2017

El G20 cumplirá su mayoría de edad este año desde la conferencia inaugural que tuvo lugar en Berlín en diciembre de 1999. La cumbre del pasado fin de semanaen la también alemana ciudad de Hamburgo ha arrojado nueva evidencia sobre cómo parece funcionar la gobernanza económica mundial en este siglo XXI de aceleradas incertidumbres. Como sucedió en su momento con la UE, en distintas ocasiones con el FMI, o con el propio G20, la relevancia de estas instituciones multilaterales y su utilidad salen a la luz cuando las tensiones económicas o geopolíticas alcanzan cotas preocupantes. En períodos intermedios, se mueven entre la irrelevancia y la expectativa.

La parábola del G20 para la gobernanza global es que ante las amenazas se pueden generar bloques reactivos. Por ejemplo, en Hamburgo hubo 19 partes formando un todo para tratar de hacer entrar en razón a otra (Estados Unidos) sobre la necesidad de retomar el acuerdo climático de París o de abandonar la senda del proteccionismo comercial. El G20 se ha convertido en un G19+1. Cierto es que EE UU sigue lejos de entrar en razón en estas cuestiones pero tampoco ha dado grandes pasos en sentido contrario. Igual sucede con el acero, con la creación de un nuevo foro internacional que trate de hacer que Washington se retrate respecto a sus planes proteccionistas o, al menos, se atenga a acuerdos. Donald Trump divaga, su comportamiento es errático. No hay avances en sentido práctico. De hecho, resulta casi divertido comprobar cómo algunos medios internacionales consideraban que se habían dado progresos respecto a la protección del clima pero no en el comercio y otros todo lo contrario. Pero, sea cual sea el cambio, sí que han quedado como temas de discusión ineludible.

También resulta importante comprobar cómo distintos bloques desean avanzar en sus relaciones comerciales (la UE y Japón, por ejemplo) ante el enroque de otros (EE UU). Una lección sobre el castigo que recibe el comportamiento fatuo unilateral que también está sufriendo Reino Unido tras el Brexit.

Publicado en El País el 4 de julio de 2017

La reunión de banqueros centrales en la portuguesa Sintra la semana pasada ha dado paso a una ronda de apuestas sobre el devenir de la política monetaria. Muchas de ellas sugieren que al BCE le será imposible desmarcarse mucho más tiempo de la tendencia de otras autoridades mundiales a subidas de tipos de interés. No puedo sustraerme a lanzar una apuesta contraria. No sólo sobre lo que creo que debe hacerse sino sobre lo que no habrá más remedio que seguir haciendo.

Una subida de tipos sería hoy día una medida de la realidad de los procesos de la recuperación económica y de la capacidad de resistencia de los hogares y empresas. Ojalá estuviéramos preparados para ello. Hay partes del sistema, como los bancos, que sufren en la situación actual de tipos porque no reflejan un verdadero equilibrio monetario sino la acción del BCE. Pero la capacidad de resistencia del sector privado (y que no acabe afectando a las finanzas públicas) es considerablemente más discutible. En la economía europea pesa la deuda pública y, sobre todo la privada. Además, a pesar del crecimiento, los salarios son inferiores a los del entorno precrisis. Y no hay que olvidar de dónde se viene: la crisis de la deuda soberana se cerró en 2012 con el doble tapón de un proyecto de unión bancaria —aún con muchos flecos hoy— y de una expansión monetaria con promesa de presente continuo. Para levantar alguno de esos tapones (o si alguno de ellos salta) hay que contar con los resortes suficientes. Sin embargo, una elevación de tipos o una retirada acelerada de estímulos monetarios encarecería la deuda y dejaría a la vista la prima de riesgo real —sin liquidez oficial— de cada país.

En una perspectiva agregada, hoy por hoy sólo es posible pensar en un giro en la política monetaria del BCE si existiera un soporte fiscal que “tirara del carro”. No se trata de ensoñaciones sobre una unión fiscal al estilo de Estados Unidos pero sí de avances significativos hacia medidas de responsabilidad y acción fiscales a partes iguales. La entente de la doble M (Merkel-Macron) es hoy demasiado incipiente y sensible a presiones como para cambiar radicalmente el panorama pero ofrece algo más de esperanza.

También parece oportuno recordar que no es que en Estados Unidos o Reino Unido estén libres de incertidumbre sobre las consecuencias del (relativo) endurecimiento de la política monetaria. Hay dudas importantes. Los mercados asumen que la retirada de oxígeno traerá volatilidad. Muchos traders creen que cierto movimiento puede ser bueno pero otros consideran que también puede haber descarrilamientos. Es lo que tienen los experimentos, hay que ir probando. Los bancos centrales deben evitar el dictado de los mercados pero, sobre todo, los bandazos. Parece que a la eurozona le va a ir mejor esta vez como espectadora. Para bien o para mal, no puede tener otro papel en la función. Siguiente estación para relanzar apuestas, la reunión de Jackson Hole, a finales de agosto.