Publicado en El País el 24 de abril de 2018

La decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado viernes de elevar a rango de decreto ley el reglamento que imponía trabas a las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) daña la competencia en el transporte de viajeros. Es un paso atrás en la necesaria liberalización de estos servicios.El reglamento se encontraba recurrido por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) porque limitaba cada licencia posible de VTC a 30 de taxi. Lo que el Gobierno pretende ahora es retirar la capacidad de las comunidades autónomas de eliminar ese tope, derogando el reglamento actual y elevando la restricción a escala nacional. El recurso de la CNMC llegó al Supremo y se espera que falle contra el tope. No obstante, si el reglamento se ha derogado para entonces, la decisión judicial será irrelevante porque el artículo recurrido ya no existirá. Prevalecerá, real decreto mediante, la decisión del Gobierno que limitará (aún más) la competencia.

No se trata de un debate sobre si los operadores VTC deben ser regulados como el taxi. Eso ya lo está dirimiendo la justicia europea en Luxemburgo. Esa es una cuestión más general con derivaciones tan importantes como las exigencias que deben superar los conductores que prestan estos servicios o sus condiciones laborales, que deben mejorarse sustancialmente, tanto en el taxi como en las VTC.

De lo que realmente se trata en España es de decidir qué liberalización y competencia se quiere para un servicio cuyas prestaciones no han sido óptimas en muchas ocasiones y en el que la tecnología introdujo una competencia que estaba haciendo espabilar a parte del sector. Medidas como el tope que ahora se quiere mantener con esa decisión política —y en contra de la visión del supervisor de mercados— solo pueden hacer que se perpetúen prácticas de menos calidad, rentas monopolísticas y que el taxi en España viva una falsa y descafeinada revolución.

A medias, con generaciones solapadas de servicios que hacen que la calidad a la hora de pedir un servicio dependa del azar. Hay muchos taxistas dispuestos a coger el guante del desafío competitivo y han planteado alternativas a tener en cuenta tecnológicamente. Pero pueden ser diluidos por frentes especulativos y de propiedad masiva de licencias que no representan al conductor, sino a intereses creados bajo incentivos muy mal calculados demasiados años. Distorsiones que se pueden extender a las VTC.

El triángulo CNMC-Supremo-Gobierno ya tiene peleas abiertas por otros aspectos de dudosa legitimidad competitiva, como la restricción para la compraventa de licencias VTC antes de dos años de funcionamiento o el decimonónico y tendencioso requerimiento de cumplimentar un registro administrativo sobre cada viaje de VTC.

Hay dos mundos, el tradicional y el tecnológico, que deben aprender mutuamente lo que cada uno tiene que aportar (experiencia frente a exigencia y transparencia tecnológica, principalmente) pero decisiones del Gobierno como esta no solo son sesgadas, sino que constituyen un paso atrás cuando no andamos precisamente sobrados de competencia y de avances tecnológicos en este tipo de servicios.

 

Publicado en El País el 17 de abril de 2018

Vienen publicándose en los últimos días algunos datos reveladores del esfuerzo que está requiriendo dejar atrás la crisis y el protagonismo de la vertiente financiera de la economía. Cifras mareantes que revelan que el BCE sigue siendo la espina dorsal de una Europa huérfana en capacidad fiscal. Y que la verdadera austeridad en España es la que ha sufrido el sector privado. Las cuentas financieras de la economía española que ha publicado este lunes el Banco de España indican que las empresas y familias españolas han reducido su deuda en medio billón de euros desde 2010.

La economía crece a pesar de que el sector privado reduce su apalancamiento. La lección tantas veces contada y pocas veces asumida de que más que financiar mucho hay que hacerlo eficientemente. En esos siete años en que las economías domésticas y las corporaciones han asumido tal ajuste, el sector público aumentó su deuda en 787.653 millones de euros. Evidentemente, se cubrirán también tarde o temprano con los bolsillos privados.

Entre tanto, los últimos datos de financiación del Eurosistema indican que el BCE sigue manteniendo la maquinaria en funcionamiento de una forma tan abrumadora que resulta imposible divisar una retirada rápida de estímulos. La expansión cuantitativa fue, al principio, algo tímida. Después tuvo dos grandes impulsos que hoy siguen muy presentes. El primero fueron los programas extraordinarios de financiación a largo plazo. España llegó a tener casi un 40% de esos fondos pero poco a poco el sector bancario ha ganado autonomía financiera y hoy dispone de un 22,3% (169.678 millones de euros) del total que esos mecanismos proporcionan a la eurozona. El segundo envite fueron los programas de compra de deuda. Aún más potente. Estas adquisiciones alcanzan los 2,46 billones de euros en la eurozona y España acapara 314.959 millones, el 12,8%. Las entidades financieras de nuestro país se han colocado en una posición acorde a su tamaño relativo en los canales de financiación oficial y esto es positivo.

La progresiva normalización financiera también puede beneficiarse de las subidas de rating de la deuda española —que se traslada a empresas y bancos— que se han venido produciendo y, sobre todo, de la expectativa de las que aún pueden venir. Todas las agencias de calificación apuntan al riesgo político como fuente principal de preocupación pero, en la medida en que el mundo parece una jaula de grillos, ven casi normal que España tenga su propia grillera en Cataluña, aunque sea del tamaño del 20% del PIB.

En todo caso, las favorables perspectivas financieras consiguen movilizar el ahorro familiar y que, por primera vez en años, genere rendimientos considerables. Así, señala el Banco de España que las familias adquirieron activos financieros por valor de más de 30.000 millones en 2017 y que obtuvieron plusvalías de 20.000 millones, fundamentalmente por la mejora bursátil. Los españoles han invertido 317.964 millones en acciones y fondos desde 2010 frente a 48.149 en depósitos. El ahorro vuelve a moverse. La precaución permanece, en todo caso, porque el último hundimiento sigue cerca, muy presente.

Publicado en El País el 10 de abril de 2018

​En el mercado de vivienda del siglo XXI, las condiciones de acceso están ilustrando varias dimensiones de desigualdad. El llamado “boom” inmobiliario que precedió a la crisis se suponía que vendría seguido de fuertes correcciones. Así fue pero, en paralelo, se observaron fenómenos que han generado nuevas distorsiones.
En el prologado entorno de tipos de interés reales negativos, los inversores internacionales han tenido dificultades para encontrar suficientes activos financieros atractivos y la vivienda se ha convertido en una clara alternativa. Más aún cuando, en casos como el español, muchos fondos han recogido los platos rotos del parque inmobiliario, a coste reducido, para devolverlos poco a poco a un mercado en el que los precios vuelven a mirar hacia arriba. Esto explica por qué el pinchazo de la burbuja tardó tan poco en parchearse en ciudades como Londres, Shanghái, o incluso Madrid o Barcelona. O por qué, ahora que suben los tipos en Estados Unidos, caen algo los precios de la vivienda en Manhattan. Fondos soberanos y florecientes Socimis vuelven su mirada a las urbes globales y las convierten cada vez más prohibitivas para el ciudadano que vive en ellas. En este contexto, es ilustrativa la composición del número de transacciones. Los últimos datos del INE, por ejemplo, muestran que en enero hubo 94.060 compraventas de vivienda pero sólo 29.778 hipotecas. ¿Cuántas compran instituciones de inversión? ¿Cuántas se pagan al contado?
​A esto hay que añadir las nuevas dinámicas de un mercado de alquiler con límites poco definidos entre el uso recreativo, turístico y residencial. En España, por ejemplo, a pesar de la llamativa y lamentable carencia de estadísticas oficiales de alquileres (que se une a las deficiencias de las de precios de venta), la ebullición de las rentas del alquiler es palpable. La gentrificación no es ya un aburguesamiento de determinados barrios sino una progresiva expulsión de buena parte de la clase media de las grandes ciudades. ​
​En las últimas semanas se vienen conociendo las primeras estadísticas sobre la evolución de precios de la vivienda en los primeros meses de 2018. Corresponden fundamentalmente a empresas de tasación y portales inmobiliarios. Son ilustraciones parciales de estimaciones de valor y ofertas en Internet pero revelan que, efectivamente, las subidas se concentran en las ciudades más pobladas mientras que otras no sólo no registran aumentos sino caídas. Nunca el precio nacional medio dijo tan poco. Según los datos de TINSA, los precios bajaron interanualmente en el primer trimestre de 2018 en 23 capitales de provincia, lo que contrasta con subidas porcentuales de dos dígitos en Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.
​La desigualdad también es generacional. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el 56,2% de los hogares cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años dispone de, al menos, dos viviendas en propiedad. Una quimera para generaciones más jóvenes que, aunque formados y con empleo, deben además sostener un nivel de pensiones actuales al que ellos igual no pueden aspirar por la aplastante realidad del cambio demográfico y la ausencia de una reacción suficiente de la clase política al respecto.

Es la era del dato, los países que apuestan por una educación orientada a la innovación son los dueños del futuro. Ya sucedió en el pasado en naciones que renacieron de sus cenizas (Japón, Alemania) o en países donde estar a la vanguardia tecnológica es una obligación competitiva y geoestratégica (Estados Unidos, China). Se trata éste de un tema que, personalmente, me inquieta y al que he querido dedicar una entrada especial en mi blog. La inquietud se alimentó al comprobar varios datos que sugieren que en España hay problemas importantes sin resolver respecto a inversión en innovación -y, buena parte de los mismos de raíz educativa- pero también iniciativas esperanzadoras y encomiables. A todos los niveles.

Respecto a la inversión en I+D, el problema continua. En España innovamos con pocos medios y eso limita la competitividad. En dos años de franco crecimiento económico como 2016 y 2017 esta inversión ha crecido en el entorno del 2% cuando el PIB lo ha hecho al 3%. Por lo tanto, ha existido un retroceso en el gasto relativo en I+D.

Tampoco es un misterio que España cuenta con pocas empresas tecnológicas punteras a escala internacional y que éstas se circunscriben principalmente al ámbito de las telecomunicaciones. Este problema del tamaño e importancia relativa de las empresas con perfil tecnológico es, en todo caso, europeo. Sobre todo, en lo que se refiere a las que manejan información. Las grandes tecnológicas de mayor capitalización (BigTech ) están en Estados Unidos y China y hay dudas sobre si la regulación (junto a un sistema institucional de investigación algo vetusto) limitan este tipo de desarrollos en Europa.

Sea como fuere, la situación puede poco a poco cambiar, sobre todo si la cualificación tecnológica de los españoles se cimenta desde abajo. Esto es complicado porque todavía un tercio de la fuerza de trabajo española es de reducida cualificación lo que, además, coloca sus empleos en situación de riesgo ante la progresiva automatización de amplias de sus funciones actuales. Uno de los informes de referencia sobre los avances tecnológicos en nuestro país, el de la Fundación Cotec, señala, en su última edición que “hay disfunciones en la estructura de cualificaciones de la población española que limitan el desarrollo e incorporación de innovaciones”. En edades tempranas, por ejemplo, aunque las capacidades matemáticas son similares al promedio europeo, poco a poco se va cayendo y perdiendo parte de esa pujanza en tramos superiores de educación secundaria. Aunque progresivamente se hace un esfuerzo en esta área y otras asociadas más directamente a la tecnología, la formación básica tecnológica es aún muy limitada en España.

En la universidad, no obstante, hay iniciativas que son esperanzadoras. Curiosamente, encuentro dos muy significativas en mi entorno personal y más cercano. En la institución donde soy catedrático en la actualidad, CUNEF Business School (en Madrid), se imparte un master en Data Science para Finanzas que incorpora, de forma pionera, lo mejor de la realidad tecnológica y del análisis de inversiones y mercados. Estas iniciativas se extienden por el territorio y prometen un desarrollo integral y local más tecnológico. Así, en la ciudad donde nací, Gandía, y en el ámbito de la enseñanza pública, la Universidad Politécnica de Valencia organiza un campus en el que imparte, entre otros, el Grado en Tecnologías Interactivas donde se diseñan sistemas y aplicaciones interactivas en diferentes ámbitos como la salud, el turismo, la enseñanza, la industria del entretenimiento, la sostenibilidad ambiental o la ayuda en discapacidades.

La idea de este tipo de iniciativas formativas es solventar una de las deficiencias en educación tecnológica que anticipa el Informe Cotec. En particular, que muchas empresas requieren capacidades tecnológicas que el ámbito universitario sólo proporciona de forma bruta, sin el pulimento práctico necesario. Esto supone una importante inversión para las corporaciones y, dada la estructura del tejido empresarial español, lo es también para empresas de todo tamaño. No resulta sorprendente, por ejemplo, que casi la mitad del gasto empresarial español en I+D fue ejecutado por pymes. La idea es combinar la extraordinaria formación técnica que proporcionan muchas de nuestras universidades con otra basada en proyectos y en desarrollos prácticos.

La oportunidad está ahí. Los aciertos educativos proporcionan a los países réditos que duran décadas. Pero las carencias también se pagan por muchos años.

 

Publicado en Cinco Días el 4 de abril de 2018

Como conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado período, un presupuesto tiene que estar cuadrado. Esto lo hace contablemente completo. Sin embargo, los que el Estado maneja para 2018 parecen incompletos en otras múltiples facetas. La más importante es que no parecen reflejar una estrategia económica de país. No es que las previsiones estatales para inversión y para engordar las cuentas públicas puedan transformarse de la noche a la mañana. Eso no es posible porque gran parte de los presupuestos está comprometido estructuralmente pero hubiera sido deseable ver partidas, variaciones y apuestas más decididas que adivinarían intenciones de girar al país, poco a poco, hacia una dimensión más sostenible en el ámbito financiero, y más moderna y productiva en lo económico. La apuesta en I+D sigue siendo claramente insuficiente, lo que se une a una pobre ejecución de la misma de las anteriores ediciones presupuestarias.

Tampoco son completos en cuanto a coherencia. La economía crece pero el gasto se expande aún más y demasiado, con una clara correlación entre proximidad de confrontación electoral y el anuncio de retales que se añaden para hacer presupuestos más expansivos. Si se discute la sostenibilidad de las pensiones, la solución no es subirlas sin cálculo o previsión posible. Sin una propuesta de pensiones de largo recorrido, dotaciones más generosas de hoy pueden implicar generaciones con pensiones más pobres mañana. Y, aún así, no es que los pensionistas vayan a mejorar mucho su situación.

Tampoco son completos los presupuestos en responsabilidad política. Es normal, no puede negarse, que el tira y afloja entre partidos tenga en la planificación de las cuentas públicas un eje de discusión. Lo que no es tan normal es que, en lugar de discutir partidas y reajustes en áreas particulares, se niegue la totalidad y se busquen minorías para la aprobación que, en sus peticiones, pueden generar desajustes aún mayores. No es, por tanto, responsabilidad única del gobierno sino de todos los que deben responder y apoyar el equilibrio financiero y la ausencia de incertidumbres innecesarias en la economía española. De hecho, persiste aún la duda sobre sí habrá aprobación parlamentaria. Y ya es primavera.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de CUNEF y Director de Estudios Financieros de Funcas

Publicado en El País el 3 de abril de 2018

Pocos discuten que la gestión de la información está generando una revolución tecnológica de dimensiones descomunales. No obstante, hay muchas discrepancias sobre la necesidad de regularla. El escándalo del filtrado masivo de datos de Facebook, los accidentes recientes de automóviles de conducción autónoma o los ataques de Trump a Amazon han reavivado la polémica.

Cuando los hermanos Lumière presentaron su cinematógrafo en 1895 muchos de los asistentes abandonaron la sala despavoridos al ver cómo una locomotora de tren se les acercaba desde la pantalla. Al inicio del siglo XX, con la producción en cadena de automóviles, se produjeron aparatosos accidentes. Ni una cosa ni la otra impidieron el extraordinario desarrollo del cine o la ubicuidad de la automoción. Pero muchas modificaciones tuvieron que producirse para que estas industrias avanzaran. Hoy hay mucho en juego, porque una decisión regulatoria en la dirección incorrecta puede lastrar de forma irreparable el desarrollo tecnológico en una jurisdicción o derivar en una pérdida de libertades y derechos de privacidad sin precedentes. No es cuestión de cuánta normativa se precisa sino de cuál es la adecuada. La respuesta no es simple. Es un gran desafío tecnológico de grandes proporciones económicas y sociales.

En el difícil equilibrio entre control de abusos y libertad innovadora, Europa anda algo desequilibrada. Llegó tarde ya hace dos décadas a la irrupción del emprendimiento digital y ahora se nota porque no hay bigtech alguna ni Silicon Valley identificable en el continente. Sin embargo, las autoridades europeas están siendo especialmente profusas en regular aquello que no se ha desarrollado en su territorio. Si se exceden, generarán un retraso aún más acusado. En Estados Unidos, la principal amenaza en la actualidad —más allá del castigo a Facebook o a Amazon— son las propuestas para reducir la neutralidad de Internet. En términos simples, se trata de hacer cada vez más pequeño el espacio de acceso libre a Internet para que los operadores más poderosos (desde la televisión por cable a cualquier otro contenido de alta gama) ocupen cada vez más el ancho de la autopista de la red, lo que hundiría ese precioso principio inspirador de que Internet es para todos. Toda una amenaza de mayor desigualdad.

Parece que la regulación es necesaria en un conjunto amplio de cuestiones que van desde la protección del menor hasta la excesiva acumulación de poder de mercado (en actividad publicitaria, por ejemplo) en algunas de las grandes bigtech. Hay tres posturas enfrentadas. La primera, los que opinan que ya contamos con reglas competitivas y de protección suficientes y lo que falta es el modo de aplicarlas de forma efectiva a estas empresas. La segunda, que la regulación es innecesaria porque, al contrario que otras industrias como la financiera, la tecnológica no tendría efectos desestabilizadores sistémicos. La tercera, que hace falta una normativa profusa y específica para estas empresas. Todas las alternativas tienen sus dificultades porque el digital es un nuevo mundo que no encaja en las reglas existentes, porque sí se están observando potenciales consecuencias sistémicas (electorales, por ejemplo) y porque puede acabar socavándose innovaciones beneficiosas socialmente.