Preludio de crisis en Italia

Publicado en El País el 13 de noviembre de 2018

Decía Bruto en el Julio César shakesperiano que el “el abuso de la grandeza existe cuando esta separa del poder el remordimiento”. No se observa en Italia un liderazgo digno de la grandeza del país y de su historia, ni arrepentimiento o pudor en el ejercicio de un poder populista. Desde Roma enferma toda Europa. El euro ya apuntaba ayer a su valor más reducido frente al dólar desde junio de 2017. Y ayer el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, alertó de que la situación de Italia introduce más incertidumbre en los mercados de deuda.

En Europa falta pedagogía. Enseñanza de la responsabilidad al mismo tiempo que se ejercen los derechos. La ausencia de compromiso con nosotros mismos, como proyecto europeo y como economía, nos reduce a un quejido constante contra ese mismo proyecto. Nos arroja a los brazos de un mal superior: la falta de control. Italia ha sido capaz de los hechos más bellos en la historia y ahora es epítome de demagogia económica. Ser el primer socio comunitario al que se le estampan unos presupuestos en los morros desde Bruselas es un dudoso honor que, sin embargo, no parece preocupar al ejecutivo de Roma.

La UE, sin embargo, se mantiene firme. Esta es la semana de la segunda oportunidad de Italia para enmendar los presupuestos. No parece que el gobierno transalpino vaya a dar su brazo a torcer. La excusa es la misma de la que se ha abusado ya en múltiples ocasiones: el exceso de austeridad presupuestaria. Italia es el mayor peligro para la gobernanza europea, para la estabilidad financiera y para el euro.

Unas semanas atrás, en la reunión en Madrid del European Shadow Financial Regulatory Committee —un ente de análisis político-económico con representaciones de toda Europa— se enfatizó que, si había riesgos de una nueva crisis financiera, Italia aglutinaba todas las fuentes de incertidumbre, destacando cuatro. La primera, que algunos sectores bancarios europeos han vuelto a presentar señales de debilidad y el italiano destaca sobremanera. La segunda, la difícil sostenibilidad de la deuda pública en algunos países europeos. El comité propuso que el Mecanismo Europeo de Estabilidad dé un paso adelante y sea el responsable principal de fijar medidas de disciplina fiscal y vincularlas a la ayuda necesaria para reducir la carga fiscal de los países en dificultades.

El tercero, que la herencia de activos deteriorados bancarios de la crisis se ha mitigado sustancialmente en algunos países, pero en otros como Italia sigue siendo enorme y está relacionada con el riesgo soberano. Finalmente, se destacó también que desde Roma se pervirtió en su nacimiento la nueva estructura de resolución bancaria, manipulando el concepto de bail-in, por el que deben pagar accionistas y bonistas de bancos antes que los contribuyentes en caso de problemas de solvencia.

Tal vez convenga aprender del ejemplo de quienes siendo ricos y habiendo estado estancados durante décadas (como en Italia), nunca han perdido la referencia de su responsabilidad (como ocurrió en Japón).

El fallo de las hipotecas: gana la seguridad jurídica

Publicado en Cinco Días el 8 de noviembre de 2018

Los valores bancarios en Bolsa subieron ayer ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en las hipotecas. Se trata de una reacción lógica, toda vez que la incertidumbre parecía circunscrita a la cuestión de la retroactividad. Se trata también de una recuperación del varapalo sufrido en el mercado ante las potenciales consecuencias de la sentencia anterior, que ponía a las entidades financieras en la diana. Ahora, el Supremo ha venido a decir “la vida sigue igual”. Tal vez el camino transitado fuera inevitable, aunque no lo parece.

Se da la paradoja de que el procedimiento ha causado un daño institucional innecesario y, al mismo tiempo, se ha acabado evitando un problema económico y financiero considerable. Que el Gobierno anuncie ahora medidas sin suficiente debate, para asegurar que a partir de ahora serán los bancos quienes tienen que pagar el impuesto, es algo que probablemente ya iba a estar sobre la mesa en el marco de la nueva ley hipotecaria. El sosiego nunca está de más, pero no puede evitar percibirse un deje de malestar con el sector financiero para el que, además, se pretende crear una autoridad específica de protección del consumidor, como si fuera la única industria donde esto pudiera ser necesario o si como las decenas de disposiciones ya aprobadas tras la crisis (la última la MiFID) no lo hubieran reforzado ya.

El edificio institucional tiene un desconchón porque ha habido un espectáculo judicial en el que banca y clientes han estado al margen y, sin embargo, han sido las idas y venidas de las sentencias las que han podrían haber introducido un nuevo elemento de distanciamiento entre industria y consumidores. Desgraciadamente, esto puede suponer un daño para la fortaleza institucional del sistema, ya que ha cundido la sensación de inseguridad jurídica. Seguramente porque se están poniendo en cuestión demasiadas cosas por una vía que no es la más apropiada y porque están focalizadas hasta le extenuación en un sector sobre el que hay un escrutinio y presión sin precedentes. Los bancos acatan todas las decisiones y, en muchos casos, se adelantan a ellas para evitar desasosiego entre su clientela pero es ya tiempo de contar con algún marco de estabilidad (más seguridad legal y menos sobresaltos) porque sería bueno para todos. En todo caso, reforzar la confianza entre sector financiero y clientes sigue siendo una prioridad.

No es que los ciudadanos no tengan derecho a reclamar. Todo lo contrario. Pero tiene que existir un marco de referencia lógico y el guirigay de los últimos tiempos ha acabado de forma poco edificante. También llama la atención que casi nadie pusiera en cuestión durante 22 años que los prestatarios eran los sujetos pasivos en el impuesto vinculado al préstamo con garantía hipote caria. Y pierde la justicia en su imagen ante ciudadanos y bancos. Es triste porque en el ámbito de la judicatura pagan justos (miles de profesionales de grandes capacidades, esfuerzos descomunales acumulados y pocos recursos) por el pecado de dejar en votaciones in extremis la interpretación y el criterio sobre cuestiones que deberían tener una referencia legal definida. Ahora resultaría fácil –como tantas veces en los últimos diez años– ponerse del lado de los consumidores, pero se puede considerar un cambio de criterio como justo y el siguiente como injusto sin más. De hecho, la lección más importante es que puede no tener sentido tomar parte sin un conocimiento profundo de la situación, porque lo que ha estado claro es que no ha habido consenso en la interpretación de la norma de los magistrados y eso ya es suficientemente informativo sobre la dificultad del problema.

Los argumentos jurídicos han quedado reducidos a una disputa y una votación. Pero los argumentos económicos son difícilmente contestables. La banca no es un pozo sin fondo en el que todo se puede pescar. Es un sector económico que, como todos, necesita una rentabilidad razonable. La estabilidad financiera no puede pender de mover 3.000, 5.000 o 15.000 millones arriba o abajo de un plumazo. Es más, la forma en que venía implementándose el IAJD no era fruto de una decisión de los bancos, sino de un criterio jurídico consolidado según el cual el cliente demuestra su condición pasiva y capacidad económica al endeudarse.
Como se ha comentado tantas veces en las últimas semanas esa era la razón, por ejemplo, por la que quienes se subrogan en una hipoteca no pagan el IAJD porque ya lo hicieron los prestatarios iniciales. Y así sucede en otros países europeos con tributos similares (Francia, Portugal, Italia o Austria). Si ahora se decide que lo pague la banca en España, lo hará, pero no será una situación tan normal como se quiere vender.

Otra implicación económica importante habría sido la posibilidad de abrir una disputa entre las administraciones públicas y sector bancario por ver quién asumía finalmente la devolución del impuesto si hubiera tenido aplicación retroactiva.

Está demostrado empíricamente que la reputación de un país, su capacidad de atracción de inversores y su eficiencia para crecer dependen de forma crucial de la solidez del sistema legal y del grado de cumplimiento de los contratos. Hacer política económica de largo plazo también es procurar leyes sin fisuras, que marquen pautas de acción para muchos años. La inseguridad jurídica ya se dio en otros sectores (como el de las energías renovables) con enormes costes que se discuten demasiado poco. Sobre la banca, sin embargo, se suceden pronunciamientos políticos excesivamente (casi químicamente) reactivos y poco reposados. España ha contado con una normativa hipotecaria reputada internacionalmente durante muchos años. Tocaba revisarla. El lugar más apropiado es el parlamento tras un proceso de estudio y consultas que ha sido intenso en los últimos tiempos. Tras esta sentencia, aún será más apasionado pero no conviene hablar de vencedores y vencidos.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de Cunef y Director de Estudios Financieros de Funcas

Estatus bancario

Publicado en El País el 6 de noviembre de 2018

El estatus bancario en España está rodeado de puro ruido. La posición que las entidades financieras ocupan en la sociedad se encuentra indefinida entre el marasmo jurídico, la larga resaca de la crisis y un entorno monetario inexplorado y lejos de la normalidad. En los últimos días, la sinfonía bancaria es una suite instrumental entre presentación de resultados trimestrales, anuncios del Supremo en relación al impuesto de actos jurídicos documentados y pruebas de esfuerzo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Hablamos de la industria estratégica española que está sometida al mayor escrutinio regulatorio, político y, en alguna medida, judicial. A la banca no hay que protegerla, ni entorpecerla. Simplemente dejar que haga su función de forma eficiente y equilibrada socialmente. El problema es que la crisis ha dejado un deje de negatividad y un catálogo de desequilibrios para el sector difícilmente restaurable sin una normalidad operativa. Pero esta es complicada en un terreno monetario extraordinario, en medio de una enorme transformación tecnológica y con el ahorro y la capacidad de endeudamiento del sector privado bajo mínimos. Y con un nivel de deuda soberana que preocupa y mucho. A pesar de ello, el beneficio atribuido a los seis primeros bancos españoles hasta septiembre es de 13.228 millones de euros, un 12,3% mayor que en el mismo periodo de 2017.

Los cuatro grandes (Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell) acudieron al examen del estrés para ratificar su resistencia. Ese ha sido el gran titular. Pero detrás de los focos conviene definir algunas diferencias. Su diversificación internacional —una estrategia que ha dado buen resultado— pasa por un momento de dificultad por las tensiones cambiarias que genera la guerra comercial y la subida de tipos de interés en EE UU. A pesar de ello, son algunas de las que han mostrado mayor capacidad de resistencia si hubiera un improbable y duro revés macroeconómico. Nuestros bancos parten de niveles holgados de solvencia respecto a los mínimos regulatorios aunque es cierto que mantienen una capitalización menor, en promedio, que la de otros países europeos. Y ahí está la paradoja. Al contrario que otros competidores continentales, se mantienen por encima de esos mínimos requeridos cuando se simula el escenario más adverso. Esto es solo posible porque su balance es de mayor calidad que el promedio europeo: respaldado por más provisiones y con un perfil de riesgo más moderado. Por eso, si sobreviniera un shock macroeconómico, se necesitaría la mitad del capital para absorberlo que en el promedio de la eurozona y un tercio del necesario en Reino Unido.

Por último, un reconocimiento al Banco de España. Ha sido duramente criticado por cómo afrontó la crisis financiera. Como todos, habrá cometido errores, pero si comparamos la situación del sector hoy con los nubarrones de hace 10 años o la gran tormenta de 2012, algo se ha debido hacer bien en la plaza de Cibeles, para volver a tener un sistema bancario competitivo y resiliente.