Publicado en El País el 23 de julio de 2019

A pesar de la recuperación económica, España sigue sumida en esa cicatrización prolongada que implica una crisis de la magnitud de la que se manifestó hace diez años. Se mide por un conjunto de termómetros cuyo mercurio se disparó y que se han ido enfriando a velocidades muy distintas. La experiencia histórica ya anticipaba que el PIB se recupera relativamente pronto, pero no sucede así con otros indicadores trascedentes, como el empleo. En países como España parecen necesarios entre 10 y 15 años para recomponer el mercado laboral tras una crisis. Y esto tiene una incidencia clara en la calidad del crédito.

Justo hace diez años que se creó en España el que fue el primer referente para hacer frente a la crisis, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Entonces la morosidad no se había disparado, estaba aún en el 4,5%. Acabaría llegando a una cima del 13,8% en diciembre de 2013 para el conjunto de entidades de depósito. Desde aquel momento se ha producido, progresivamente, una caída hasta alcanzar el 5,6% del que el lunes informó el Banco de España para mayo de 2019, último dato disponible. El volumen de préstamos morosos actual de los bancos (64.784 millones de euros) es similar al de 2009 pero el crédito total es alrededor de un 35% inferior. Esto último no es ni bueno ni malo. Es, simplemente, cuestión de oferta y demanda… y de la regulación bancaria. La disponibilidad está ahí y el crédito es barato, pero las posibilidades de endeudamiento son limitadas. Tanto como muestran los datos. España crece pero con una contribución crediticia limitada. Forma parte de un fenómeno de recuperación sin crédito (creditless recovery) que ha sucedido en otras ocasiones y países y que se está produciendo en la eurozona ahora. Otro síntoma de un tiempo abrumadoramente colgado de la liquidez oficial. Es como si, tras una borrachera, fuéramos recomponiendo el cuerpo pero no las ganas de comer.

Detrás de la reducción de las cifras de morosidad hay una intrahistoria de esfuerzos personales, empresariales y bancarios. Daciones en pago, reestructuraciones de deuda, segregación y venta de activos deteriorados… Y siempre una constante muy inspirada en una de las exigencias que marcó desde un inicio del FROB, mantener una cobertura elevada de esa morosidad. En particular, las entidades financieras españolas han venido manteniendo provisiones para eventuales situaciones de impago del 60% de la cartera morosa. La reducción de la mora crediticia está distinguiendo a España en un momento en el que los supervisores piden al unísono menos deterioro y más capital. Que vuelva el crédito dependerá, entre otras cosas, de que éste se demande. Eso sí, hay una determinación supervisora clara a que, sea cuando sea, se produzca con criterios de calidad. Volverán, seguramente, aquellos tiempos en los que la morosidad se acerque aún más a mínimos históricos. Volverán también los de la animación crediticia, siempre que la situación monetaria se normalice. Entonces será el momento de comprobar cuánto de eso que académicamente se llama memoria institucional queda para no repetir los errores del pasado.

Publicado en El País el 16 de julio de 2019

Tras la crisis financiera, el sector privado español comenzó una cruzada para reducir su deuda. Puede que parte de esa lucha haya alcanzado un hito. El paisaje tras la batalla muestra que las familias y empresas españolas redujeron su deuda financiera en algo más de medio billón de euros entre 2010 y 2018. Un esfuerzo que ahora parece llegar a su fin, al menos para los hogares. Desde finales del pasado año se venía observando que su desendeudamiento se frenaba. Los nuevos préstamos solicitados comenzaban a superar a los que se devolvían. Se oteaba esa tónica normal por la que el crédito impulsa la inversión y el crecimiento económico. Los datos de las Cuentas Financieras de la economía española que ayer publicó el Banco de España sugieren que es pertinente plantearse si hasta aquí se ha llegado con la reducción de la deuda financiera familiar. Esta se situaba en el primer trimestre de 2019 en 710.058 millones de euros, tan solo 305 millones de euros menos que en el primer trimestre de 2018. De hecho, ha estado oscilando arriba y abajo en el último año, pero ya no hay caídas prolongadas.

Publicado en El País el 2 de julio de 2019

Los tipos de interés siguen cayendo por la pendiente del terreno negativo este verano. El tobogán de la anormalidad no parece tener fin ahora que el Banco Central Europeo (BCE) se plantea llevar también sus tipos oficiales por debajo de cero. Este lunes se confirmó que el euríbor a doce meses —al que se suelen vincular los intereses de los créditos variables para vivienda— se situó en el -0,190% en junio, desde el -0,134% de mayo. No es que con ello vaya a aumentar la posibilidad de gastar estas vacaciones para los hipotecados. Les dará, como mucho, para un par de cafés. Los tipos caen, cuando hace unos pocos meses pensábamos que iniciaban la remontada. Coincide con los últimos datos de financiación a empresas y familias que publica el Banco de España y que subrayan que para hipotecas se presta menos y para consumir, bastante más.

¿El poco crédito es un problema de coste? Estos días se ha generado una discusión sobre si la aprobación de la ley hipotecaria ha propiciado una subida en el coste de estos préstamos. El Banco de España así lo ha sugerido. El Ministerio de Economía lo ha puesto en duda. Son visiones quizás reconciliables. Primero, creo que es demasiado pronto para vincular definitivamente la aprobación de la nueva norma con la subida en seis meses del coste de las hipotecas. Ahora el juego de la competencia puede jugar su papel una vez conocida esa información. En todo caso, los bancos, como cualquier otra empresa, ajustan (con lógica pura de gasto asumido) los costes de contratación en un mercado que apenas les deja generar margen. Tampoco se puede olvidar el creciente peso de las hipotecas a tipo fijo que puede estar explicando parte de la subida. En todo caso, creo que hace falta un análisis más pausado para extraer conclusiones más sólidas.

El INE señaló la semana pasada que en abril (último dato disponible) bajó el número de fincas hipotecadas. También se redujo el tipo medio de las hipotecas (hasta el 2,59%). Quienes realmente compran vivienda en España no son los particulares, sino los grupos institucionales. El acceso a la vivienda en propiedad para los mortales sigue complicado. Preocupa. En este entorno de tipos bajos se ahorra poco, los salarios apenas suben y la vivienda es un bien cada vez más inasequible. El BCE quiere que haya más crédito. Pero pide también, porque no es infalible por sí solo, que haya expansiones fiscales que permitan más crecimiento económico, mayores salarios y menor dependencia de políticas monetarias expansivas. Los tipos a la baja generan que gran parte de la deuda se refinancie o renegocie pero la vulnerabilidad sigue siendo elevada para cuando se inicie el camino al alza del precio del crédito. Retrasarlo mucho tiempo no es una buena solución por tres razones. Uno, quienes prestan (los bancos) se están sofocando con esta situación artificial. Dos, se está generando una dependencia del BCE que le coloca ante los ciudadanos como el responsable futuro del coste de sus créditos. Y tres, la subida tiene que llegar (aunque sea en unos años) y pillará a muchos hogares y empresas con el pie cambiando.