Publicado en el País el 26 de mayo de 2020
En la excepcionalidad económica actual es difícil encontrar un resquicio intelectual donde no se le conceda un papel considerable al Estado, pero existen riesgos conceptuales y programáticos. Entre las incertidumbres relacionadas con la concepción del papel público están las que pretenden aprovechar la coyuntura para hacerla estructura. La asistencia de urgencia con la permanencia de la intervención. En el ámbito programático, no se puede confundir taponar huecos de financiación o de ingresos con un subsidio ad infinitum. Si se piensa en la acción pública contra el virus en tres fases (contención, recuperación y sistema económico futuro), lo que se esté haciendo ahora resulta crucial para el sistema de incentivos de los próximos años. Desde los keynesianos hasta las posiciones más promercado se ha convenido que las grandes crisis dejan una impronta de superación o hundimiento durante décadas.
En España, en el abanico de medidas para combatir los efectos económicos de la covid-19 hay algunas que van orientadas a paliar los efectos del desempleo o de la paralización de la actividad. Subsidios de urgencia. Es necesario ayudar a los compatriotas que ahora sufren un revés importante por un shock totalmente ajeno a ellos. Por eso, un ingreso mínimo vital temporal puede ser una buena idea. Reitero, temporal mientras dure esta crisis. Sin embargo, un ingreso permanente de estas características sin incentivos a buscar trabajo es un error en un país con un mercado de trabajo tan disfuncional. Claro que es difícil jugar con la evidencia histórica del consabido enfrentamiento dialéctico entre sociedad y Gobierno en tiempos de recesión. Los ciudadanos esperan que la solución venga del Gobierno y, posteriormente, critican ferozmente la realidad de la insostenibilidad y desigualdad generada.