Publicado en El País el 24 de noviembre de 2020

            Los recientes procesos y anuncios de fusiones entre bancos españoles han azuzado el debate sobre sus posibles efectos negativos en la competencia de servicios financieros. En principio, la inquietud es legítima tras las numerosas integraciones acontecidas en los últimos diez años. Hay más concentración. Pocos operadores en lo que sería una definición “clásica” de negocio bancario (depósitos y créditos) e infraestructura basada en sucursales. Sin embargo, considero que la pugna competitiva “real” no se ha debilitado significativamente. Faltan estadísticas que reflejen los nuevos negocios, las cuotas de mercado de intermediarios tradicionales y de nuevos operadores, y los nuevos canales de distribución online. Entre tanto, hay que observar evidencia más cualitativa. Aumenta continuamente el peso relativo de nuevas fórmulas de crédito, fondos, seguros y asesoramiento. En ellos, la entrada de nuevos competidores no financieros y tecnológicos es más que notable, con escasas barreras de entrada. Quizás en depósitos es donde existe el principal obstáculo regulatorio a la competencia, pero el cumplimiento normativo implica un gasto elevado a la banca -una carga importante- que el resto de operadores no tiene que asumir. Los competidores no bancarios están fuera del perímetro de la supervisión y son fuente potencial de  mayor inestabilidad financiera. Ejemplo reciente, el encontronazo entre las agencias reguladoras chinas y Ant Financial. Asimismo, con tipos de interés ultrarreducidos o negativos, que han destrozado los márgenes, la transparencia del sector sobre lo que cobra o deja de cobrar en comisiones -donde hay servicio, hay costes asociados-, se ha reforzado considerablemente. 

Aún no sabemos cuál es el valor de la información en los servicios financieros ni cómo condiciona las relaciones entidad-cliente ni la competencia. Hace dos décadas era más sencillo delimitar el negocio de cada banco. Había innumerables trabas y costes para cambiar de entidad. Alguien con una hipoteca o cinco o seis productos y varios recibos domiciliados tenía complicado cambiar de banco. Hoy, sin embargo, se puede hacer online en pocas horas, lo que refuerza la competencia.

            Durante mucho tiempo se compitió fundamentalmente con distancia física -disponibilidad de oficinas y cajeros- y relaciones personalizadas. Hoy se compite, de forma creciente, en gestión efectiva de la información, donde quizás las tecnológicas tengan a priori ventajas en inteligencia artificial. Como en otros servicios, ya no se busca únicamente una relación personal sino un canal de soluciones fiable y constante. Los bancos triunfadores del futuro serán los que resuelvan gestiones con unos cuantos «click» en una app. Esa forma de competir aún no se ha medido adecuadamente. Las autoridades antimonopolio ya sufren para aproximar la intensidad competitiva en plataformas y gigantes tecnológicos. Ahora hay que evaluar fusiones bancarias dinámicamente, anticipando la estructura competitiva de dentro de diez años (con presencia de otros operadores tecnológicos, probablemente de gran dimensión), no la de hace veinte. Indicadores de concentración, cuotas de mercado transitorias o márgenes entre crédito y depósitos son métricas cada vez más desfasadas para entender la intensidad competitiva. Aún así, las fusiones bancarias de hoy, sin lograr en paralelo un modelo de negocio exitoso -hasta ahora elusivo-, serán solamente soluciones de corto plazo.

Publicado en El País el 17 de noviembre de 2020

Para paliar los devastadores efectos económicos de la Covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos -tuvieran trabajo o no- y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTEs y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse -únicamente para empresas y actividades viables- al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas -a fondo perdido- ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

El Fondo Monetario Internacional, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario -donde menos creíbles somos como país- tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes -sean personas físicas o jurídicas- y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad. 

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

Publicado en El País el 10 de noviembre de 2020

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca traerá grandes cambios a la política tanto en Estados Unidos como a escala global. Seguramente a mejor. La economía también puede tomar un nuevo rumbo, aunque no cabe esperar milagros en este campo ni en el sanitario, al menos, a corto plazo. La nueva administración no va a tener una luna de miel ni el período de gracia que se da a cualquier presidente porque Estados Unidos está profundamente dividida. Asimismo, la pandemia y sus devastadores efectos sobre la actividad empresarial y social permanecerán, al menos, en 2021. El presidente electo les deberá hacer frente con realismo y decisión. No ha sido un negacionista en campaña – en mi opinión, ha sido un factor a su favor- y no cabe esperar que lo sea en su mandato.

            ¿Qué puede cambiar en la economía con Biden? En el terreno doméstico, el primer gran eje es recuperar ética institucional, algo que Estados Unidos ha perdido, en gran medida, con el último gobierno. Los demócratas quieren un paquete de medidas reformistas con un fuerte carácter social, planificadas para dos mandatos y que podría elevar el gasto por encima de los 7 billones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la población más desfavorecida a servicios sociales, sanitarios y educativos. El problema para muchos americanos es que, al menos, la mitad de ese gasto debe financiarse con impuestos. En el escenario actual -casi ideal para el nuevo presidente-, este programa reivindicaría el papel de los gobiernos en la salida de la crisis. Ese programa eminentemente social no debe descuidar el apoyo a las empresas, que son las que garantizarán el empleo del futuro. Sin embargo, hay un posible obstáculo que ya fue una rémora de todas las iniciativas que no se culminaron en la era Obama: el bloqueo de cualquier intento de reforma desde el Senado, que podría tener mayoría republicana a partir de enero.

            Hay otras preferencias de Biden en materia económica.  Por ejemplo, pretende gastar hasta 2 billones de dólares en políticas de lucha contra el cambio climático -de las que Trump se había alejado totalmente-, pero también para mejorar gran parte de las infraestructuras públicas estadounidenses, bastante desfasadas. Cabe esperar que ese cambio en materia climática venga acompañado de una vuelta del diálogo, liderazgo y cooperación internacional. Es imprescindible reducir tensiones comerciales y geoestratégicas así como rifirrafes políticos estériles con otros países. En este contexto, soy algo más optimista en que se avance hacia un acuerdo internacional sobre el impuesto a empresas tecnológicas y actividad digital, elemento clave en la fiscalidad del futuro por el gran peso de las BigTech y los activos intangibles.  

            En suma, Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que Estados Unidos podía ofrecer. Correcto para los mercados -a pesar de su énfasis en subir impuestos- y “un hombre de su tiempo” en derechos sociales y en políticas de transformación económica. Si además consigue retomar la vía del entendimiento internacional con un liderazgo americano más compartido, amable y sin unilateralismo, quedará esperanza de un nuevo renacer económico.

Publicado en El País el 3 de noviembre de 2020

Pocos dudan que, ante la gravedad de la segunda onda de la pandemia, los efectos negativos sobre la actividad económica y empresarial se van a prolongar -al menos, hasta bien entrado 2021-, y las ayudas a las empresas habrá que mantenerlas y/o reforzarlas. Proliferan las decisiones de confinamiento de distintos formatos y cierre de locales de ocio, bares y restaurantes en muchos países de la UE. Parece lógico alargar los programas de apoyo aprobados desde marzo. En particular, a las empresas. 

            Fue, sin duda, adecuada la prórroga hasta finales de junio de 2021 del Marco Temporal de ayudas en la UE para apoyar a las empresas que sufran pérdidas significativas en su volumen de negocios. A escala nacional, habrá que redoblar también esfuerzos, desde extensión de avales a ayudas fiscales e, incluso, recapitalización de empresas solventes. En esta segunda ola, como he venido insistiendo, habrá que ser más selectivo para que sean las empresas viables las únicas que reciban el sustento necesario para pasar lo que queda de pandemia. Hay que cerrar el grifo a las actividades que no sobrevivirían en escenario alguno. Aquí surgen dos grandes preocupaciones.  La primera es la cantidad de recursos que de los que dispondrá el Estado español para poder mantener las ayudas con la potencia necesaria para aminorar el impacto económico. En la primera ola se comprobó el menor recorrido de las medidas aprobadas en España. Ahora, a pesar de las ayudas europeas -que en todo caso tardarán en llegar y con otros fines, además-, se puede volver a sentir la falta de contundencia de esos apoyos. Ha sido nuestra peor situación en las finanzas públicas- responsabilidad nuestra y sólo nuestra- la que explica esa menor fuerza de las ayudas. Sin embargo, es en el contexto comparativo donde surge mi segunda preocupación. Es inquietante que la extensión del Marco Temporal de Ayudas de la UE cree divergencias competitivas aún mayores en la UE. En primavera quedó patente que ese «hacer la vista gorda» sirvió principalmente para que países como Alemania, Holanda o algunos de los nórdicos reforzaran a sus grandes empresas con fondos públicos, otorgando una ventaja competitiva no siempre fundamentada en una mayor productividad sino en el paraguas de «papá Estado». España debe ser vigilante para que las ayudas en la UE se aprueben y articulen en torno a la recuperación. Ese y solo ese debe ser perímetro de las ayudas. No deben ser para apoyos artificiales a empresas no viables en países con mejores cuentas públicas. 

Entramos ahora en una nueva fase de economía que, empleando el término escuchado hasta la saciedad estos días, podríamos denominar “perimetral». No sólo tendremos la desgracia de una escasa circulación entre países sino también, en España, de muchas medidas distintas y no sincronizadas. Esos perímetros heterogéneos en tiempo e intensidades tendrán -según los expertos sanitarios- impacto limitado en el control de la pandemia y, desde el punto de vista económico, obligarán a acciones más duras y retrasarán la recuperación, además de hacerla más desigual si no hacemos nuestros deberes en la UE.