Publicado en El País el 29 de diciembre de 2020

Un deseo recurrente estos días es dejar atrás el año de la pandemia. La esperanza es un 2021 mucho mejor. En lo financiero, los últimos doce meses han venido marcados por una amplísima liquidez inyectada por los bancos centrales, con un potente apoyo a la deuda soberana -que ha crecido notablemente, al igual que la privada- y el mantenimiento de tipos de interés ultrarreducidos o negativos. La renta variable ha sufrido muchos vaivenes con la pandemia, pero se ha recuperado en buena parte, aunque, en el caso del IBEX, las pérdidas en el año se sitúan actualmente en torno al 15 por cien. Todo apunta a que 2021, más aún tras el acuerdo post-Brexit, puede marcar la salida de la crisis y recuperación, pero también pueden reactivarse tensiones aparentemente olvidadas, como la inflación y la sostenibilidad de la deuda. 

            El mayor quebradero de cabeza de los inversores es la posibilidad de un revés en los planes de combate frente a la Covid, como supondrían retrasos en la vacunación o mutaciones significativas del virus. También pesa la inflación en el sentimiento financiero, que ya no aparece descartada tras la coincidencia de políticas monetarias y fiscales fuertemente expansivas. Con un ambiente financiero con exceso de optimismo, la psicología inversora está inundada por la sensación casi inercial de que las cosas sólo pueden mejorar pero el mundo actual tiene demasiadas aristas. En este final de año los mercados ya han descontado parte de esa recuperación. La mano se juega a un trío de ases (vacuna, confianza, recuperación) pero, ojo, llevamos años quedándonos con cara de póker. Faltan referencias para las inversiones más especulativas, lo que parece explicar el éxito reciente de inversiones heterodoxas como el bitcoin, hasta el punto de ser aceptado en círculos de mercado más formales -algunos inversores institucionales y bancos-, en ausencia de referencias como el oro. 

La paradoja podría ocurrir en la segunda parte del año, cuando supuestamente gane más fuerza la recuperación y se esté aplicando más gasto, los mercados empiecen a dar algunas señales de preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda. Sobre todo, si cambiaran las perspectivas sobre los tipos de interés ante una subida de la inflación.  Curiosamente, el escenario contrario, que la inflación no vuelva ni con todos esos estímulos, también preocupa. Confirmaría un problema estructural grave tras doce años de políticas monetarias muy laxas.

            En cuanto a la bolsa de valores, las farmacéuticas continuarán teniendo gran atractivo gracias a vacunas y tratamientos. Sin embargo, las grandes tecnológicas pueden sufrir por la penalización regulatoria en materia de protección de datos y de defensa de la competencia que, además, está ocurriendo de manera sincronizada en Estados Unidos y Europa. Otro sector clave como el bancario tendrá noticias mixtas. Por un lado, se liberará de algunas restricciones sobre dividendos. Por otro, habrá que ver el impacto en sus cuentas de resultados del probable aumento de la morosidad. Como para el resto de los mortales, 2021 se abre a emociones descontroladas también para los mercados. Las alegrías y las penas irán, otra vez, por barrios. 

Publicado en El País el 22 de diciembre de 2020

La historia recordará el año que se nos va como el de la Covid-19, con efectos que perdurarán. Al menos 2021 estará marcado considerablemente por la pandemia. Lo vivido estos meses ha dejado ver que, a pesar de los enormes avances de la humanidad, existen riesgos sanitarios, climáticos y digitales de envergadura. Aunque el coronavirus ha acaparado la agenda, otros acontecimientos revelan importantes amenazas para nuestro sistema económico y social. La pasada semana se observaron claras vulnerabilidades de la ciberseguridad del planeta.  Estados Unidos ha sufrió el mayor ciberataque de su historia. Ha afectado a más de 18.000 empresas y agencias del Gobierno (incluyendo Defensa y Energía). Se sospecha que se han filtrado infinidad de datos con implicaciones para la seguridad digital mundial. Más allá de los rifirrafes acusando a China y Rusia de estar detrás de estos ataques –sería bueno aclarar, en todo caso, esta “guerra fría silenciosa”-, el telón de fondo del problema es la enorme vulnerabilidad del los procesos informáticos y digitales globales. Inundados por el coronavirus, este lance nos recuerda el riesgo de ciberpandemias. En tan sólo veinte años del siglo hemos visto amenazada la seguridad personal en formas inusitadas (11-S), una gran crisis financiera y una pandemia. Tal vez el próximo gran evento tenga que ver con los datos. Los costes totales han pasado ya a sumarse cada año en varios billones de dólares.

            2020 ha sido especialmente delicado en ciberseguridad, en parte aprovechando la confusión por la Covid-19. Las empresas han tenido que reinventarse en sus procesos de actividad y con frecuencia, las han pasado “canutas” para garantizar la seguridad en accesos remotos. Los que trabajamos en la Universidad hemos podido comprobarlo. Ya teníamos antecedentes graves como los de episodios del malware NotPetya y Wanancry que ya costaron miles de millones de dólares en 2017. Y cada año están pasando cosas que pueden llegar a ser muy graves. Este año ha habido, además, ataques sobre Twitter, Zoom, Telegram, MGM y a la banca griega, entre otros. 

            Las empresas saben que su futuro pasa por los datos y la computación en la nube pero temen por su seguridad. Habrá que invertir en reforzar la seguridad aún más y hacer el sistema menos vulnerable. En ningún caso existirá el riesgo cero, pero hay que minimizar los posibles problemas que los ciberataques pueden producir. Y eso pasará por más inversión en I+D y una mayor y mejor coordinación entre países y empresas tecnológicas. España va a contar a partir de los próximos meses con los fondos Next Generation EU. En cantidad suficiente como para poder dar, esta vez sí, si no perdemos la oportunidad, un salto hacia delante en digitalización y sostenibilidad. Sería acertado que una parte significativa de esos fondos se destinara a ciberseguridad. Se estima que casi la mitad de las empresas españolas aún no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos y otros aspectos de seguridad digital. Identificado el problema, conocidos los riesgos y contando con fondos disponibles, ya solamente queda tomar las decisiones que reforzarán la ciberseguridad y la competitividad económica.

Publicado en El País el 15 de diciembre de 2020

Habrán observado que el título del artículo se ha tomado de la película “Los hermanos Marx en el Oeste”. En una de sus más famosas y desternillantes escenas, Groucho vocifera a sus hermanos que le traigan piezas de los vagones o asientos del tren en el que están montados para que los pueda utilizar como combustible para que el vehículo no se pare. Algo parecido parece estar sucediendo con las últimas decisiones del Banco Central Europeo. Hace unos días decidió ampliar la magnitud del programa de compras de bonos soberanos y privados por motivos de la pandemia en medio billón de euros para intentar que la economía europea no se hunda. Se traduce como más combustible financiero para la economía. A priori y a corto plazo, parece una respuesta lógica al debilitamiento de las economías europeas -sin señal alguna de inflación- en los últimos meses tras la segunda ola del Covid-19. Sin embargo, esta nueva acción del banco central tiene numerosas implicaciones, no todas deseadas.

            Los mercados financieros se encuentran desde hace años con unas referencias imposibles. Con los tipos de interés -por ejemplo, el EURIBOR- en terreno negativo, distorsionando las decisiones de ahorro y endeudamiento de familias, empresas y gobiernos desde hace más de cinco años y con un horizonte que no va a cambiar, al menos, en el próximo año. Asimismo, los intermediarios financieros -bancos, aseguradoras, fondos de pensiones- tienen que operar en un marco que les daña enormemente su rentabilidad y viabilidad. En particular, preocupan los efectos sobre los ahorradores, que llevan años asumiendo gran parte de la carga de esta política monetaria.

            Por otro lado, los gobiernos de la Eurozona -en particular aquellos que reciben más apoyo comparativo en el programa de compras de sus bonos- parecen estar cómodos con un crecimiento preocupante -en algún caso, desbocado- de la deuda pública, ya que la están colocando a tipos de interés negativos, como consecuencia de las políticas monetarias ultraexpansivas, sin tener que hacer reformas ni tener que mostrar compromisos que el mercado valore positivamente. Sin embargo, no se puede olvidar que toda esa deuda habrá que pagarla tarde o temprano y, sin una clara senda de crecimiento, el mercado terminará reflejando nerviosismo. 

            El mandato del Banco Central Europeo es claro, debe actuar solamente guiado por la inflación. Mirando de reojo a la estabilidad financiera, eso sí. El crecimiento de los precios anda desaparecido desde hace una década, lo que ha facilitado la continuidad de las políticas expansivas de compras de bonos y tipos negativos o ultrarreducidos. Sin embargo, muchos empezamos a temer que, en el intervalo de un año, con todos los estímulos fiscales y de los bancos centrales, cuando llegue la recuperación, se produzca un rebrote de la inflación en Estados Unidos y quizás en Europa que nos pillaría con tipos negativos. Una mayor inflación no es el escenario central hoy, pero empieza a ganar peso entre los analistas. No lo olvidemos y empecemos a pensar seriamente como saldremos de este marco imposible de tipos bajos o negativos de la última década si apareciera la inflación.

Publicado en El País el 8 de diciembre de 2020

La economía y la sociedad española se enfrentan a retos de enorme magnitud a corto y largo plazo, tras el brutal impacto de la pandemia. Desde marzo se han tomado muchas medidas para paliar los efectos inmediatos de la Covid sobre familias y empresas. Esas ayudas públicas coyunturales deberían prologarse y reforzarse hasta, al menos, el verano de 2021, o hasta que se haya podido vacunar a buena parte de la población, con una economía más normalizada. No obstante, los desafíos de largo plazo son igual o más relevantes y no hay “atajos”. 

            Nuestro país ya llegó a la pandemia con importantes desequilibrios. Entre ellos, un mercado de trabajo disfuncional y dual, una baja productividad y una delicada evolución de déficits y deuda pública. A pesar de estas vulnerabilidades, se ha echado de menos desde hace muchos años una cierta pedagogía por parte de los políticos. Explicar a la sociedad las potencialidades de nuestro país –las hay y muchas-, pero también enfatizar que hay problemas serios. Por ejemplo, algo tan evidente como la insostenibilidad de las pensiones públicas. Son temas que hay que poner sobre la mesa para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Si uno pasa revista a las medidas de largo plazo que se han tomado este año, no son muchas. No ha habido grandes reformas ni acciones públicas que refuercen la competitividad de la economía. No era un momento fácil para acometerlas. Sin embargo, se han aprobado algunas fundamentalmente para la coyuntura de la pandemia -un “atajo” urgente en aquel momento- pero que van a tener efectos -probablemente no deseados- de largo plazo. De este modo, el Ingreso Mínimo Vital, con toda su lógica para apoyar a las familias más necesitadas en un momento crítico, se ha implantado de modo permanente. Se ha sabido estos días que no ha funcionado bien desde que se implantó ni ha llegado, ni de lejos, a todas las personas que debían recibirlo, lo que requerirá modificaciones, como poco, en su proceso administrativo. Asimismo, tal y como se diseñó, es muy probable que genere distorsiones en los incentivos a buscar trabajo, un importante lastre en la recuperación.

            Y en estas surge la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. Todos quisiéramos trabajar menos horas, tener más ocio, y, aún así, aumentar nuestra productividad. Ya ha ocurrido en algunas de las industrias tecnológicas más reconocidas. Sin embargo, en el caso de España, donde todavía no hemos acometido un proceso de digitalización suficiente, se trataría, en mi opinión, de un nuevo “atajo” sin fundamentos económicos que hoy lo sustenten. Acometamos primero esa profunda intensidad digital en todos los procesos productivos e instituciones del país, que refuercen competitividad y productividad y saneen el mercado de trabajo. Cuando se logre, hablemos sin cortapisas de medidas como jornadas de 4 días. Quizás podamos ser algo más optimistas que de costumbre porque, bien empleados, los fondos europeos “Next Generation EU” pueden ayudar a esa necesaria modernización. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes cuando aún no hemos salido ni de la pandemia.

Publicado en El País el 1 de diciembre de 2020

Ayer comenzó en el Pleno del Congreso de los Diputados la fase definitiva para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tras el acuerdo del Gobierno con PNV, ERC y EH Bildu, parece que las cuentas públicas tendrán el plácet parlamentario. La mejor noticia de estos Presupuestos es que tras tres años sin acuerdo para renovarlos, volveremos a contar con esta herramienta básica del funcionamiento y apoyo de la economía -empresas y familias,- actualizada a la realidad económica y social de hoy. Los últimos aprobados en el Parlamento datan de 2017, hace ya una “eternidad”, con el gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte crecimiento sin inflación, creación de empleo y coyuntura internacional favorable. La situación actual es radicalmente distinta, con la mayor recesión de la historia reciente tras el impacto devastador de la pandemia. 

            A pesar de ese contexto tan duro y de la gran incertidumbre existente, se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la Covid-19. Para más inri, los apoyos y los rechazos obtenidos por el gobierno han dado lugar a un llamativo y estéril rifirrafe entre partidos. Lo peor de todo es que no hubo nunca atisbo de que se pudiera llegar a unos nuevos “Pactos de las Moncloa”, que hubieran conllevado una estrategia presupuestaria de varios años, junto a unas políticas de acompañamiento consensuadas que hubieran despejado muchas de las dudas de la recuperación. Es un fracaso de la clase política, que tarde o temprano sentiremos todos y también los propios interesados, a los que puede pasar factura electoral. Es impensable en otras naciones de nuestro entorno con las que tanto nos comparamos que en los “grandes temas de país” no haya una unión suficiente y fuerte para acometerlos. Tras 42 años de democracia, ya es hora de que España consolide una mayor unión entre partidos de todo el espectro político para resolver los “grandes asuntos de Estado”, sobre todo en episodios de crisis. Solamente así alcanzaremos una madurez política que resuelva problemas, y no los cree.

            Un debate sosegado y constructivo habría permitido poner en común y, probablemente, acordar una cierta armonización fiscal entre Comunidades Autónomas, necesaria, en mi opinión, desde hace tiempo, ya que la situación actual -que tampoco definiría como “dumping”- está lejos de ser óptima. Eso sí, habría que acometerla en un proceso más amplio de discusión del actual modelo de financiación regional en nuestro país. Asimismo, una mayor armonización fiscal en la UE debería estar también en el horizonte político. Me temo que después del enorme ruido político, al final, no exista un análisis serio de las divergencias fiscales y posibles soluciones, que corrija las desventajas de algunas Comunidades Autónomas, sin crear problemas adicionales. Esta crisis sanitaria ha mostrado las ventajas de las estrategias que nos unen y, sin embargo, la falta de grandes acuerdos sigue siendo el orden del día. La gestión de los fondos europeos de recuperación son la siguiente oportunidad. Crucemos los dedos.