Publicado en El País el 27 de marzo de 2021

En esta semana ha culminado la integración de Caixabank y Bankia. Unos la llaman fusión. Otros, absorción de la segunda por la primera. La última junta general de accionistas de Bankia, el dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el visto bueno del Gobierno, la salida del IBEX de Bankia y la inscripción ayer en el registro como una sola entidad con la consiguiente comunicación al mercado, han sido los principales hitos recientes. 

            Ha sido un proceso de negociación arduo para conformar la entidad financiera española más grande. Se inició en septiembre de 2020, casi por sorpresa. Existían numerosas aristas que tratar, desde la participación accionarial resultante del FROB en Bankia, a la ecuación de canje final, pasando por los diferentes trámites administrativos que una transacción de estas características debe superar. Los procesos de fusiones de grandes empresas son complejos y no siempre salen adelante, más aún cuando se trata de bancos sistémicos, como pudimos comprobar cuando descarriló la que iba a ser otra gran integración del año, la del BBVA y Banc Sabadell. En cambio, la de Unicaja Banco y Liberbank sigue adelante y, si no acontece nada extraño, pronto se cerrará también. Estoy convencido que los reguladores y los supervisores ven con buenos ojos este mayor tamaño medio de los grandes bancos españoles. Esto suele permitir determinadas economías de escala, con una mayor capacidad de generar ingresos unitarios y de reducir los costes de estructura, algo central en la actual situación del sector bancario. El mayor obstáculo parecía estar en la CNMC por las elevadas cuotas de mercado de la entidad resultante en muchos mercados locales. Sin embargo, el dictamen del organismo facilita la fusión imponiendo solamente unas condiciones bastantes razonables para que el poder de mercado no genere condiciones anticompetitivas en 86 códigos postales donde el banco es omnipresente. 

El futuro depara grandes desafíos a la nueva Caixabank, al igual que a la mayoría de bancos europeos. No es nada fácil lograr buenos resultados en el actual contexto de tipos de interés negativos o ultrarreducidos, con unas elevadas exigencias regulatorias y de cumplimiento normativo y con una competencia intensísima en determinados segmentos rentables del negocio -pagos, créditos, inversiones- de Fintech y grandes tecnológicas. Precisamente, el creciente peso de los clientes digitales combinado con las casi inexistentes barreras de entrada para que estas empresas tecnológicas pugnen online en esos segmentos rentables, deben aliviar cualquier preocupación futura por consecuencias negativas de la fusión sobre la competencia y la inclusión financiera. En todo caso, los bancos europeos aún deben apostar con más ahínco por la digitalización, como han hecho los -mucho mejor posicionados- bancos estadounidenses.

Por último, pero no menos importante, una cuestión más allá de lo financiero. Esta fusión genera nuevas complicidades muy necesarias entre Madrid y Barcelona. Cierto que también con otras ciudades españolas, donde se encuentran sus sedes sociales. Como en la película “Casablanca”, ojalá que sea el comienzo de una nueva “amistad”, de un reforzamiento de entendimiento empresarial, entre las dos ciudades más importantes -y más allá- de nuestro país.

Publicado en El País el 16 de marzo de 2021

Las crisis bancarias y las soluciones para salir de ellas tienen repercusiones que se trasladan en el tiempo. A las autoridades de nuestro país de aquel entonces (2008-2012) les costó mucho reconocer la enorme magnitud de los problemas de insolvencia que había en un buen puñado de entidades, muy expuestas al mercado inmobiliario que se hundió en esos años. Finalmente, se acometió la reforma financiera en 2012. Permitió dejar atrás, incluso más rápidamente de lo esperado, con un esfuerzo considerable, lo peor de la crisis bancaria. La constitución de la Sareb fue, sin duda, uno de los ejes fundamentales y, por ello, estuvo reflejada en el Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno español firmó para poder recibir la ayuda financiera. 

Crear sociedades que gestionen activos deteriorados es una solución habitual tras grandes crisis financieras. Estas entidades -popularmente conocidas como bancos malos- nacen con una vocación clara de minimizar pérdidas. Al fin y al cabo, cae sobre ellos la complicada misión de reducir el coste con que se financia la adquisición de esos activos y créditos, buena parte de ellos, dañados. La Sareb recibió unos 200.000 activos por valor de casi 51.000 millones de euros. El 80% eran préstamos y el 20% activos inmobiliarios. La mayor parte del capital de esta sociedad (55%) están en manos privadas, mientras que el 45% pertenece al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Asimismo, en el pasivo de la Sareb estaban los bonos avalados por el Estado entregados como contrapartida para las entidades que transferían los activos.

A la Sareb se transfirieron los activos problemáticos para gestionar sus riesgos y liquidarlos en un horizonte de 15 años (hasta 2027). Ha pasado más de la mitad del tiempo y el proceso de venta y liquidación de activos ha ido algo por detrás de lo esperado, completándose solamente en torno a un tercio de las colocaciones. Podría llevar a una crítica fácil. Sin embargo, esta sociedad gestora ha tenido un papel importante como creador de mercado en un contexto muy difícil y cambiante del sector inmobiliario español, incluida una pandemia. Es mejor ir por detrás en los objetivos de venta que realizarlas de forma excesivamente acelerada. Una gestión profesional y prudente, sin ventas precipitadas, son menos quebrantos y deuda para todos. Si se hubieran vendido muchos activos con mayor descuento, tal y como estaba el mercado, habría más pérdidas irrecuperables. Buena parte de ellas son latentes por cambios de valoración. Sin embargo, según se estipuló en el decreto aprobado por el gobierno en diciembre de 2016, las minusvalías generadas en los procesos de revisión de la cartera no deben recogerse contra resultados sino contra el patrimonio. En estos momentos, hay que dar un paso más y convertir en deuda pública aquellos bonos avalados. Es una etapa más para conciliar la espada de Damocles del plazo pendiente de vida del banco malo con la diligencia debida para la minimización de pérdidas. Llegados a este hito y confrontada la realidad, se continúa, de algún modo, reestructurando la institución que nació para eso mismo.

Publicado en El País el 9 de marzo de 2021

El debate de política económica en España en las últimas semanas se ha centrado en la conveniencia o no de ayudas directas a empresas, asunto ampliamente superado en la mayoría de los países de nuestro entorno que las emplean con frecuencia. En la UE, el Marco Temporal de las ayudas de estado es la referencia legal. España aparece en la cola de los países que han empleado esa facilidad. Sin embargo, es estéril seguir únicamente insistiendo que hemos llegado tarde en apoyos directos a hostelería, turismo y comercio. Es el momento de maximizar su eficacia, una vez el Gobierno, al parecer, aprobará un paquete de 11.000 millones en el Consejo de Ministros de hoy. Las empresas están teniendo problemas de ingresos. Cualquier medida, a estas alturas, debe ser para reforzarlos, para “alargar el puente” hasta que llegue la ansiada salida de la crisis.

            Vista la magnitud de las dificultades, el paquete puede quedarse pequeño. Habría que intentar aumentarlo en recursos. Sobre todo, si no llega una recuperación intensa en verano. Los problemas de consolidación fiscal de nuestro país limitan los recursos disponibles. Según el Banco de España, en diciembre de 2020 -hace ya tres meses- el 18% de las empresas españolas estaban en situación de insolvencia. Sus previsiones de ingresos no cubrían sus deudas aunque la mitad de esas compañías era recuperable y viable. Con seguridad, el coste fiscal de perder un 18% del tejido empresarial es mayor que el de apoyar a esas empresas. Al final de la pandemia, o sea de ese «puente», finalizarán los ERTEs. Eso debilitará aún más la posición financiera empresarial. Hay que llegar al punto donde las expectativas positivas y el crecimiento vuelvan. No nos podemos quedar a unos meses de la orilla. De momento, esta es una crisis empresarial. Se han creado sistemas de protección personal y familiar que, aunque no pueden ser infinititos, han contribuido a evitar lo peor en lo social. Sustentar a la empresa ahora es apoyar el empleo y a las personas también en el futuro. Parece haberse entendido mejor en otros países que en España.

            Tres son las vías, al parecer, para canalizar los fondos, cuya diversidad debería aumentar su eficacia, con matices. La primera, ayudas directas a través de las Comunidades Autónomas, que son las que determinan restricciones a los sectores afectados y conocen mejor a sus empresas, aunque puede dar lugar a agravios comparativos entre regiones. El segundo canal es la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un 98% a pymes y autónomos. Hay que evitar, en todo caso, soluciones dramáticas, como las quitas. El tercero, la recapitalización de las empresas medianas, donde deberían priorizarse figuras como los préstamos participativos -ya puestos en práctica en agencias como el Instituto Valenciano de Finanzas-, que permiten detectar empresas viables con la participación de intermediarios financieros. Hoy se lanzan las ayudas directas en nuestro país -buena noticia- pero quedará mucho por hacer -en materia de mayores recursos y de gestión -en los próximos meses.

Publicado en El País el 2 de marzo de 2021

Menudo comienzo de 2021. Montaña rusa en toda regla. La tercera ola de la Covid, la vacunación y sus interrogantes o las dudas sobre la recuperación. En esas estábamos cuando llegan señales de una incipiente inflación, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos como Alemania. Tras años buscándola, sin saber de su paradero, los actuales crecimientos de precios empiezan a ser preocupantes para muchos analistas, particularmente los más halcones sobre deuda pública (los denominados bond vigilantes). Lo reflejan las recientes turbulencias en los mercados de renta fija, sobre todo de deuda soberana. Comentarios de inversores tan relevantes como Warren Buffett –en su reciente carta a los accionistas de su fondo Berkshire Hathaway- apostando por un “futuro oscuro” para los tenedores de renta fija, crearán más dudas sobre un mercado al borde de un ataque de nervios. No hay alternativas de inversión fáciles. De ahí las fuertes revalorizaciones de materias primas e incluso bitcoin desde 2020. Aumentar el riesgo en las operaciones de crédito, como alternativa, puede ser mala idea. Los datos de financiación a empresas y familias publicados ayer mostraron que la financiación a empresas sigue creciendo, lo que indica que la necesidad de financiación está ahí y no conviene descarrillarla.

            Se viene hablando de posible inflación desde las buenas noticias sobre la vacunación que se iniciaron en noviembre pasado. Los estímulos monetarios y fiscales como respuesta a la pandemia, junto a una “demanda embalsada” (gasto que no se pudo acometer durante este año de confinamiento y limitaciones a la actividad y movilidad) pueden traer un “efecto champagne”, del que ya hablé en estas páginas. Un desbordamiento de compras de los consumidores que, en algunos países, puede llevar a una inflación significativa. Asimismo, los aumentos de los precios de materias primas de los últimos meses – por cierto, otra apuesta de Buffett- son más presión para la inflación. Lo que no se sabe es si ese aumento de los precios será coyuntural o permanente. Si solamente se mantiene unos meses no debería haber cambios reseñables en la acción de los bancos centrales. Están poniendo “paños calientes” declarando -así lo seguirán haciendo mientras puedan- que se mantendrá su estrategia de tipos de interés bajos prolongadamente. Sin embargo, si los fundamentos y las expectativas apuntaran a una inflación más permanente, los inversores descontarían fuertemente un viraje en la política monetaria, con subida de tipos de interés en el medio plazo, más probable en la Reserva Federal de Estados Unidos que en el Banco Central Europeo, todavía con señales menos intensas de futura inflación. Alemania y su círculo reclamarán cambios en la orientación del BCE si las expectativas de inflación se refuerzan.

            Una subida de tipos de interés, con las carteras repletas de deuda con tipos bajos o negativos, puede causar un terremoto en los mercados. Sería inoportuno en momentos de esperanza de recuperación económica. Era algo que se ha estado temiendo después de tantos años de “anormalidad monetaria” -sobre la que nunca hubo una hoja de ruta de salida-y tipos artificialmente bajos. Vienen curvas financieras, en un sentido u otro.

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