Publicado en El País el 29 de junio de 2021

Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad- que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar-, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea fuera del sistema. 

Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios -que decide el Gobierno-, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.

Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.

La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así.  Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del estado del bienestar.

Publicado en El País el 24 de junio de 2021

Se vuelve a hablar de bancos y su reputación. La apertura de una investigación de la CNMC a algunas entidades por los préstamos ICO, las noticias sobre los esfuerzos del sector financiero por mejorar su imagen o, ahora, la prolongación de la incertidumbre sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que abre trámite de audiencia a las partes sobre el plazo para reclamar sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas. Todo ello ha reavivado el debate sobre su imagen pública. Anteriormente, los “bonuses” de sus ejecutivos y los EREs -con protestas recientes- fueron objeto de fuerte polémica, incluso en el frente político.

            La imagen del sector -tal y como ocurre en las valoraciones sociológicas de otros estamentos de la sociedad, como los políticos o la justicia-, nunca ha sido muy positiva. Probablemente, el mayor deterioro en la confianza a escala global se produjo tras 2008 con la crisis financiera. Además de asignarles casi exclusivamente toda la responsabilidad, el hecho de que se tuvieran que dedicar miles millones a rescatar entidades en todo el mundo las convirtió en diana fácil. Se culpó a todo el sector por problemas -eso sí, graves- de entidades específicas.

            Desde entonces, la industria bancaria ha hecho frente a una intensidad regulatoria sin precedentes. Con importantes esfuerzos, en paralelo, por mejorar su reputación y su compromiso (“engagement”) con la sociedad. Desde campañas de educación financiera, a una participación intensa de sus líderes en los debates sociales, pasando por su actitud proactiva en la gestión crediticia de la crisis de la Covid-19. Son acciones en la dirección correcta. La percepción de insuficiencia está muy relacionada con la transformación hacia un modelo bancario distinto, con muchos procesos traumáticos como fusiones y reestructuraciones, exigidas en muchos casos por los supervisores. Aparecen de este modo nuevos problemas y tensiones cuando aún no se habían recuperado de la última batalla. En el empleo, el foco va a los despidos en lugar de a la renovación del talento en un entorno de competencia tecnológica y orientación al cliente. 

            Por último, la falta de un marco normativo completo ha dado lugar a numerosas sentencias sobre diferentes clausulas de los préstamos hipotecarios, instrumentos financieros trascendentales en nuestra economía. Ayer el Supremo pospuso la decisión, tal vez buscando una solución técnica específica en lugar de una más abrupta y generalizada. Estas lagunas son quebradero de cabeza para prestatarios, bancos y justicia. En banca todo se está dictando al dedillo, algo que queda muy lejos para otras grandes empresas como las tecnológicas. Está por ver el recorrido del episodio de los préstamos del ICO. A pesar del impacto mediático y sobre la reputación del sector, la incidencia real podría estar limitada a muy pocas operaciones. En muchos casos, podrían haber resultado incluso en una mejora de las condiciones del préstamo. La historia se ha repetido: el daño inicial de las noticias ya ha acontecido, la reputación del sector ha dado pasos atrás y ahora toca volver a la casilla de salida y pedalear para corregir la situación. El sector trabaja con más pedagogía y una gestión de la imagen y reputación más proactiva. 

Publicado en El País el 18 de junio de 2021

Nos devanamos los sesos tratando de ver cómo mejorar la competitividad económica. Una receta fácil es potenciar lo que hemos mejorado. Incluso recordarlo, entre tanta autoflagelación. Esta semana, Eurostat ha publicado los datos de comercio internacional de abril. Primero, las (pocas) malas noticias: España registró, como ha sido la norma en general en las últimas décadas, un déficit de balanza comercial en ese mes de 2.055 millones de euros. De enero a abril el déficit fue 5.200 millones. En lo positivo, se confirma que la recuperación toma cuerpo. Mejor noticia aún es que también lo hacen las exportaciones de bienes. Se aprecia un esfuerzo para reducir ese déficit comercial. En los primeros meses del año, las exportaciones avanzaron un 16% (situándose en 101.100 millones de euros) mientras que las importaciones lo hicieron un 10% (alcanzando los 106.200). 

Es en el comercio dentro de la UE donde parece que nuestro país hace mejor los deberes. Hay un superávit comercial porque exportamos (63.200 millones de euros) más que importamos (61.000 millones). Fuera de la UE -es cierto que aquí aparece la factura de las importaciones energéticas- es donde deben redoblarse esfuerzos porque las exportaciones son de 37.900 millones frente a importaciones de 45.200 millones. En todos los casos, las exportaciones aumentan más rápido. Gana enteros la hipótesis de que podría cerrarse el “gap” en un futuro próximo. Algunos analistas sugieren que, incluso, hacia 2022 o 2023 podría llegarse a un superávit de balanza comercial. Supondría tener un sector exterior aún no muy voluminoso pero equilibrado. Sería una buena señal cuando tenemos tantos desequilibrios -cuentas públicas, por ejemplo- en la economía española.

Surgen oportunidades ante la reapertura de las economías del mundo tras la pandemia. España debe aprovechar la posible relajación de las tensiones arancelarias. Reforzar exportaciones no sólo donde tradicionalmente lo hace bien, aunque sean menos conocidos (productos químicos, medicamentos o bienes de equipo) sino donde tiene capacidad de liderar y, de hecho, es muy competitiva internacionalmente (cítricos, aceite de oliva, vino, porcino). Políticas transversales -como la fiscalidad, debidamente alineados con socios y competidores- también deben emplearse para apuntalar la competitividad.

Desde la crisis financiera, España ha ganado cuota de mercado en comercio global. Algo se debe estar haciendo bien, pero hay dos puntos que considerar. Se precisa peso específico en los acuerdos y negociaciones internacionales, en particular con Asia. Vamos de la mano de la UE pero, tal vez, a veces España debería respaldar más los sectores donde es fuerte por calidad y tecnología incorporada, como el agrícola. Por otro lado, se deben potenciar las exportaciones de bienes donde tenemos capacidades en capital humano pero poco desarrollo en España como patentes y, en general, intangibles. El mundo crece por ahí. Sin esas capacidades, existirá un lastre en nuestro sector exterior. En la puesta en práctica de los planes de “luces largas” presentados recientemente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el de España 2050, habrá que reforzar la concreción de las medidas que desean impulsar una mayor productividad y competitividad de la economía española. Necesitamos más pymes exportadoras que se conviertan en empresas más grandes. 

Publicado en Cinco Días el 12 de junio de 2021

Ya hay quien compara a Joe Biden con Franklin Roosevelt o Lyndon Johnson por su capacidad transformadora. Sus primeros meses de gobierno han sido un soplo de aire fresco que ni sus 78 años ni las dudas que muchos expresaron sobre su capacidad han estropeado. Claro que Donald Trump había deshecho tantos lazos y hundido tantos puentes que gran parte de lo que el nuevo presidente estadounidense podía hacer era reconstruir. No obstante, ha ido más allá, proponiendo un nuevo marco de convivencia (dentro y fuera de Estados Unidos) y marcando nuevas reglas, más equitativas en materia económica y climática. No le va a resultar sencillo pero se le aprecia arrojo político. Influye también y mucho el papel de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, proporcionando un perfil técnico y una capacidad de convicción de altas prestaciones.

A priori podría parecer paradójico que algunos de los países que más han apostado por el libre mercado (Estados Unidos incluido) sean los que pongan sobre la mesa una propuesta sobre reforma fiscal para establecer una imposición mínima a las empresas. Hasta tal punto que una institución que se presentaba tan desgastada como el G7 encabeza ahora un cambio que mete presión a otras organizaciones como la OCDE y, sobre todo, el G20. Recuerda un poco la idea de Montesquieu de que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” El poder de hoy es global y tiene múltiples formas de escapar al control. Provoca desigualdades e inestabilidades en el sistema capitalista que han impulsado a muchos a la necesidad de reformarlo para evitar que otros acaben por destruirlo y provocando crisis institucionales y económicas irreversibles. El capitalismo tenía algo que devolver a la sociedad. Quizás algo más, pero es un buen comienzo de una redefinición. De momento, los mercados no se resienten por varios motivos. Entre otras cuestiones, ven lejos aún el acuerdo y, además, consideran que puede tener algunos beneficios (como reducir tensiones geopolíticas y comerciales a largo plazo).blob:https://nodisparenaleconomista.wordpress.com/582cf65b-90de-46b2-8a7a-9045c297dabaPUBLICIDAD

En la propuesta que ha lanzado el G7 hay dos pilares para una nueva fiscalidad de las empresas. Simples y poderosos. El primer pilar es que las empresas deberán pagar más impuestos en los países donde venden sus productos y servicios, en lugar de hacerlo donde declaran sus beneficios. Se aplicará a aquellos negocios con un margen operativo de, al menos, el 10%. El segundo pilar es que se establezca un compromiso internacional de al menos el 15% en el impuesto de beneficios para que unos países no compitan por otros por ver quien favorece más a las empresas. La definición del primer pilar asume que algunas multinacionales tienen beneficios muy reducidos en algunos países donde tienen que gran parte de su actividad. Por eso, se espera que el acuerdo se defina de forma aún más específica y siga algunas propuestas de la OCDE para que el requerimiento impositivo se pueda a hacer a divisiones suficientemente grandes de una compañía en lugar de a las matrices. Uno de los casos que más se ha comentado es el de Amazon. Su negocio minorista arroja beneficios inferiores al 10% pero su división más descentralizada con servicios de computación y similares, Amazon Web Services, tiene un margen superior al 30% y, según los principios inspiradores del acuerdo, debería quedar encuadrada en el mismo.

Precisamente son las grandes tecnológicas las que más polémica han suscitado. Muchos países han intentado establecer impuestos (como la llamada tasa Google) o asimilados a cargas arancelarias a las mismas. Como muchos economistas nos hemos pronunciado, estas medidas parecen poco eficaces y hasta contraproducentes cuando se adoptaban unilateralmente. Por eso, uno de los grandes valores del acuerdo del G7 es que es top-down (desde arriba hacia abajo) porque comienza por países líderes que quieren que se aplique de forma generalizada internacionalmente. Yellen ha salido al paso de estas dudas sobre las BigTech señalando que las tasas Google dejan de tener sentido –Estados Unidos las había denunciado como prácticas impositivas discriminatorias– porque ahora serán todas las grandes multinacionales y no sólo las tecnológicas las sometidas al acuerdo.

La pelota (y la presión) pasa directamente a la reunión del G20 que se celebrará en Venecia en julio. Las miradas estarán en Rusia y China. Sucederá en un momento en el que hay tensiones geopolíticas palpables (investigaciones sobre origen de la pandemia, situación de Bielorrusia, responsabilidad en grandes ciberataques a empresas). Causa fatiga pensar lo que puede quedar por delante con precedentes como los acuerdos para luchar contra el cambio climático, pero ilusiona la fuerza y consenso que ha venido de un Occidente que parecía quedarse atrás en el terreno de juego mundial, sobre todo en el caso de Europa. Puestos a soñar, podríamos imaginar un futuro con acuerdos internacionales más amplios que los actuales en derechos laborales mínimos o en una protección de la propiedad intelectual más general y garantizada. Una creciente gobernanza global.

Lo que el acuerdo no dará es igualdad en competitividad ni en I+D ni en modernización. Eso seguirá siendo responsabilidad de cada país y esperemos que España tome nota ya que sigue manteniendo significativas diferencias en esos factores con respecto a los países más avanzados, sin que hayan existido acciones públicas decididas a corregir esas carencias. Por otro lado, algunos países –entre ellos, nuevamente el nuestro– se plantean ahora reformas fiscales en medio del proceso de recuperación tras la pandemia. Parece algo prematuro. Sobre todo, para sumarse ya a ese mínimo del 15% antes de que haya un acuerdo más vinculante y amplio. 

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas

Publicado en El País el 11 de junio de 2021

            Se empieza a ver la luz al final del túnel de la Covid-19 y no es la recuperación -evidente en algunos países- el término económico que más se menciona sino la inflación. Eso sí, la reunión de ayer del Banco Central Europeo mostró poca preocupación en el medio plazo por el repunte de los precios y dejó claro que el menor tono de crecimiento de la Eurozona le inquieta más. En Fráncfort se sigue hablando de «puente» para la recuperación porque no es tan palpable, como sí lo es en Estados Unidos. No se esperan grandes cambios en la estrategia monetaria -los tipos de interés no cambian por ahora- y se mantiene con intensidad el programa de compra de activos. La autoridad monetaria ratificó que este programa está para lo que haga falta aún durante bastante tiempo.

El BCE no está muy presionado para hacer virajes porque, aunque la inflación de la Eurozona ha aumentado, sigue estando dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y la subyacente en el 0,9% en mayo, aún relativamente contenida. Los más halcones presionan para ir anunciando alguna retirada adicional de estímulos pero no protestan demasiado. No quieren descarrillar la recuperación en sus propios países, aún débil. El retorno a niveles pre-pandemia de empleo y otros indicadores se producirá más bien en 2022 y, en algunos países, en 2023.

El mandato de los bancos centrales marca pautas. En la Fed de los Estados Unidos es amplio, aporta flexibilidad. El del BCE es mucho más limitado. Su presidenta se ve obligada a ampliar la dialéctica, incluso a retorcerla. Aunque no ha cambiado el objetivo de inflación, Lagarde ha afirmado que para que haya un cambio en la política monetaria no bastará con que la inflación llegue al 2% de forma «robusta» sino que se mantenga en ese nivel o por encima de forma «consistente». Es hacer política monetaria con adjetivos. De momento, funciona. A pesar del menor margen de maniobra, el BCE ha ampliado implícitamente o indirectamente ese mandato con la protección de primas de riesgo, el control de temperatura de mercados de deuda o mimando la recuperación. 

Los próximos meses son cruciales. Presiones inflacionarias más potentes en el segundo semestre podrían llevar a algunos a preguntarse cosas como «si no cambia la política monetaria ahora ¿cuándo lo hará?”. O a plantearse qué sucederá si, en una recuperación algo desigual en Europa y con potentes estímulos, la inflación se mantuviera elevada durante la segunda parte del año y 2022. ¿Sería un año suficiente para hablar de consistencia en la inflación?

            Dos últimos apuntes. Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un «que viene el lobo» que ya no asusta. Asimismo, aunque suene a una dolorosa ironía, el desempleo puede ser aliado de la estrategia del BCE porque con millones de personas que han perdido su trabajo o en riesgo de hacerlo en la Eurozona, un repunte continuado de la inflación parece más improbable.

Publicado en El País el 4 de junio de 2021

Semana con muchos datos de coyuntura que anticipan cambios. Lejos de dejar atrás la crisis, pero con registros prometedores a corto plazo, como el de desempleo de mayo, que mostró el punto de inflexión para la economía que supuso dejar atrás el estado de alarma. Nada que ver con hace unos meses o un año. La vacunación masiva y la menor incidencia de contagios explican el momento favorable, que se trasladará a buena parte del segundo semestre. No se han corregido los grandes desequilibrios de la economía española, pero se recuperan sus constantes vitales.

            Los datos de crédito a empresas y familias de abril son interesantes también. La tasa interanual de la financiación a empresas fue del 3,3%, la más baja desde marzo de 2020 y la de préstamos a hogares fue del 0%, tras marcar tasas negativas ininterrumpidamente desde el comienzo de la pandemia. Las sociedades mercantiles no parecen necesitar tanto crédito nuevo en estos momentos. Las familias, conforme lo peor de la pandemia pasa, retoman una senda de un mayor consumo e inversión. Tendencias aún por confirmar, aunque mejores expectativas para este verano. Mayores ingresos empresariales y menos trabajadores en ERTE -buena parte reincorporándose a su trabajo- como confirman los datos financieros de abril. Probablemente, en los próximos meses esas tendencias serán aún más marcadas.

            Es una recuperación con febrícula en forma de inflación, aunque sea transitoria. El dato del IPC de mayo de España fue 2,7% y el de la Eurozona el 2%. Aunque alejados de los niveles del Estados Unidos, por encima de 4%, apuntan a que, en los próximos meses, el gasto de la “demanda embalsada” durante más de un año, junto a los fuertes estímulos monetarios y fiscales que aún persisten y el estrangulamiento en algunos suministros industriales y energéticos, están llevando la tasa de crecimiento de los precios a niveles que no se observaban desde hace más de una década. Con expectativas de que puedan subir más y mantenerse en niveles elevados hasta 2022. Puede llegar la fiebre.

            En un momento de recuperación, una inflación elevada encarece muchos productos y servicios importantes en la lista de la compra de las familias, muchas de ellas con dificultades para llegar a fin de mes ahora que empezaban a respirar. La sensibilidad ante cuestiones como el recibo de electricidad o la presión fiscal son especialmente comprensibles. Las empresas, a su vez, también se ven afectadas por el aumento de costes de esa “calentura”, a la vez que algunos componentes no llegan. Es la parte más preocupante de la actual evolución de los precios. Los bancos centrales consideran que la inflación no ha venido para quedarse, pero es importante que no se olvide que genera, aunque sea en el corto plazo, distorsiones importantes en las decisiones de gasto e inversión del sector privado. Una razón más para no retirar prematuramente los apoyos a empresas y familias que explican que esta crisis de la Covid-19 – junto a otras razones como su origen sanitario- haya tenido menos daños sociales colaterales que la de 2008-2012, de causas financieras e inmobiliarias.