Publicado en El País el 28 de agosto de 2021

El título del simposio de Jackson Hole de este año (Política macroeconómica en una economía desigual) ya parecía adelantar el principal mensaje: las dudas persisten, aunque la economía apunta a una inflación transitoria y a la necesidad de retirar estímulos en algún momento no muy lejano. El uneven (desigual, irregular), no sólo estaba presente en la cabecera sino en cada una de las sesiones, señalando que la incertidumbre se extiende desde las políticas fiscales y monetarias hasta la situación del mercado de trabajo y, en general, de la recuperación económica. 

Era muy esperada la intervención inaugural de Jerome Powell, tal vez este año más que en otros, en una cita de la que siempre se esperan pistas sobre por dónde irán los tiros en los próximos meses. El presidente de la Reserva Federal parecía algo atrapado por una conjunción de presiones. Entre otras, su mandato expira el próximo mes de febrero y, aunque se espera que Biden le reelija, cualquier error puede ser fatal. Powell, además, no ha tenido más remedio que continuar con la expansión cuantitativa, pero el alargado balance de la Fed le otorga ya una responsabilidad sobre 8,3 billones de dólares. Aunque el objetivo de inflación del 2% es ahora más flexible, el banco central norteamericano (como otros en todo el mundo) sigue fallando en sus previsiones de inflación, que está aumentando más rápido de lo esperado. La variante delta del virus y las nuevas tensiones geopolíticas internacionales tampoco ponen las cosas más fáciles. Desde hace años, la normalidad imponía ir retirando estímulos monetarios, pero precisamente ha faltado eso, normalidad. Todo sigue siendo desigual, el ubicuo “uneven” de Jackson Hole. 

El simposio debía ser este año presencial, pero a pocos días de su celebración se ha pospuesto por la incidencia del virus en Wyoming. Nos quedamos sin las típicas fotos de grandes banqueros centrales y otros referentes del mundo económico paseando distendidamente ante grandes vistas de las verdes praderas. Y nos quedamos también sin lo más importante, mensajes definitivos. Pero hubo señales importantes. Puestas en contexto, se ha pasado de esperar un mensaje tibio a mostrar intenciones de cambio y precauciones a partes iguales. Powell señaló que su opinión y la de la mayor parte del Comité Federal de Mercado Abierto en julio era que sería adecuado comenzar a retirar estímulos este año. Pero también señaló que los repuntes por las variantes recientes del coronavirus exigen precaución. Dio una lección amplia sobre todas las presiones que hay sobre la inflación y las achacó más a subidas transitorias en bienes duraderos que a presiones en precios subyacentes y servicios, que considera que quedan muy cercanas al 2%. 

La lectura de estas palabras es que, si el crecimiento sigue pujante en Estados Unidos y el coronavirus no da demasiadas sorpresas negativas, los estímulos monetarios se retirarán de forma muy progresiva y cuidadosa. A lo que Powell añadió un mensaje contemporizador: los tipos de interés tardarán en subir, aunque las facilidades de liquidez se vayan retirando. Forman parte de un calendario distinto. Siguen las precauciones y dudas. Todavía manda el coronavirus.

Publicado en El País el 10 de agosto de 2021

https://elpais.com/economia/2021-08-10/facilidades-crediticias-tras-la-pandemia.html

Aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto más durarán los efectos sanitarios y económico-financieros de la pandemia, ya empieza a hablarse de sus consecuencias ex–post y de las actuaciones que serán necesarias para aminorar los efectos sobre toda la sociedad. En el caso del impacto sobre el sector empresarial, la referencia para ese día después es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos, que regula los criterios para las posibles quitas y refinanciaciones a empresas y autónomos que solicitaron en su día préstamos a la banca avalados por el ICO.

El Código marca que las empresas en dificultades —siempre que sus bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos garantizados por el ICO. Otra alternativa para esas empresas es convertir los créditos avalados en préstamos participativos, lo que de algún modo es una conversión en capital. La última opción, más dramática, es negociar una quita para reducir la financiación avalada.

Son las posibilidades que abre el Código, pero no olvidemos que el propio sector financiero tiene sus propias capacidades en este proceso con su conocimiento de las empresas a las que presta, y gestiona activos y por su mayor capacidad de evaluación de riesgos. Las entidades financieras se dedican precisamente a esa administración, una vez concedido un crédito, a monitorizarlo y a gestionarlo con flexibilidad, si es necesario, para facilitar los pagos y evitar la morosidad. Tienen además incentivos a esa gestión prudente y a evitar llegar a los avales públicos para compensar pérdidas, porque reclamar esas garantías supondría, por un buen tiempo, unas dotaciones a insolvencias importantes que afectarían muy negativamente a la cuenta de resultados.

En este momento de la verdad, hay que valorar el programa de créditos avalados por el ICO. Fue una respuesta —esta vez sí, a diferencia de la crisis financiera de la década pasada— contundente, rápida y eficaz por parte del Gobierno y de las entidades financieras, en un contexto de confinamiento, cierre de muchas actividades y una gran incertidumbre sobre la duración. Si ahora es necesario acometer, con alguna frecuencia incluso, algunas de las situaciones menos deseadas del Código no debería valorarse ese programa de ayudas como algo que al final solamente ha generado problemas.

El programa, al aprobarse con esa contundencia y celeridad, permitió que muchas empresas no se derrumbaran a las primeras de cambio y hayan llegado hasta aquí. Sin esos créditos, se habrían multiplicado las quiebras, cierres de empresas y pérdidas de empleo. Se ganó un tiempo precioso que el sector financiero ha ido gestionando, y ahora le queda lidiar con el final, donde puede que existan soluciones más traumáticas. Los efectos positivos han sido mucho mayores que los negativos.

La mayor parte (el 98%) del sector en su conjunto se ha adherido al Código de Buenas Prácticas. Es una buena noticia porque, por un lado, contribuye a mejorar la imagen de las entidades financieras, que no les viene nada mal. Por otro lado, se genera menos incertidumbre sobre lo que pasará con los préstamos con mayores dificultades.