Las dudas económicas crecen

Publicado en El País el 15 de mayo de 2018

Ha sido tema común entre los analistas desde hace unos años las insuficiencias, desequilibrios y debilidades con las que la economía global ha ido alejándose de lo peor de la crisis. Para muchos no se había salido completamente de la misma, a pesar de la favorable evolución macroeconómica. Parecía que lo peor había pasado ya hace algún tiempo. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas traen nubarrones financieros, en particular para los emergentes. Los desequilibrios eran globales, pero el detonante, de algún modo, parece estar viniendo de la administración Trump.

Por un lado, se apuesta a un aumento de los aranceles y trabas comerciales con China y otras áreas del mundo. Por otro lado, la ruptura del acuerdo con Irán está suponiendo un incremento marcado de los precios del petróleo con consecuencias imprevisibles a día de hoy. Un menú regado con un contexto monetario que tiende a la “normalización”, lo que implica retiradas de estímulos y tipos de interés crecientes.

El comercio internacional sufrirá un impacto considerable. China va a tener que reaccionar. La guerra comercial está servida. Es curioso que tanto Estados Unidos como la UE podrían tener argumentos legítimos conjuntos contra el gigante asiático. Sin embargo, Washington ha decidido atacar a la UE en lugar de buscarla como aliada, creando más incertidumbre para la economía global. Habrá que esperar a la forma final de esa supuesta “guerra comercial”, a cuántos países afecta y con que severidad. No cabe ser optimista.

El gran detonante de inestabilidad de los últimos días ha sido el petróleo, con un notable aumento de su precio. Una vez que el mercado ha descontado, entre otros factores, que un gran productor (Irán) no va a poder contribuir a la oferta como en los dos últimos años. Esto eleva los costes y reduce la inversión de economías importadoras de crudo. Esto se esperaba en algún momento y de forma puntual, pero las sanciones a Irán lo han adelantado y le ha dado cierta permanencia temporal.

¿Qué efectos inmediatos cabe esperar? En la eurozona, por ejemplo, la inflación subirá y acercará al BCE al objetivo de precios en un momento en el que la economía europea da señales de desaceleración. No me extraña que Draghi pidiera en Florencia hace unos días —por enésima vez— una política fiscal mucho más coordinada y con mecanismos potentes. Hay riesgos de gran calado y no queda mucho margen de maniobra monetario.

Más preocupante es la situación de las economías emergentes. El bono del Tesoro americano y el fortalecimiento del dólar están haciendo estragos. Desde Turquía hasta Argentina, que ya ha solicitado ayuda al FMI. Sus políticas monetarias difícilmente pueden contrarrestar el hundimiento de sus monedas. Los que tienen intereses —como España en Latinoamérica— pueden tener un problema más. Para saber el alcance de la actual tensión financiera será determinante saber si el caso de Argentina es aislado o si vamos a tener un castillo de naipes entre las emergentes.

¿Hacia el Des-Brexit?

Publicado en El País el 8 de mayo de 2018

Los últimos acontecimientos políticos en la negociación del Brexit recuerdan al famoso bolero Algo contigo. Es como si Londres le dijera a Bruselas: “No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo… Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo”. No pueden estar formalmente juntos pero tampoco perder el vínculo.

A este entorno tan desconcertante y a la situación que aparentemente Gran Bretaña está aspirando lograr actualmente lo calificaría como de Des-Brexit. Nuevo concepto que desnaturaliza el Brexit. No es un Breturn (vuelta al marco comunitario) porque Reino Unido parece que va a salir oficialmente de la Unión Europea sí o sí. No es tampoco un acuerdo muy distinto del status quo actual o al que existirá en el periodo transitorio, que podría extenderse.

Este nuevo término apunta a una salida pero en falso, solamente dura en apariencias (cierta autonomía en el cobro de aranceles y algún margen de libertad en el comercio con terceros). Porque su resultado comercial no sería muy distinto al del marco actual. La Unión Europea no lo pondrá fácil y evitará dar excesivas concesiones que podrían animar a otros países comunitarios a buscar salidas a la carta. Sin embargo, no olvidemos que Reino Unido es un país y socio económica y políticamente relevante, por lo que su posición de fuerza no se puede desdeñar…

Si finalmente el nuevo acuerdo implica el mantenimiento del alineamiento en las regulaciones y de buena parte del acceso a la unión aduanera, los efectos económicos no serían tan desastrosos como se esperaba. Pero Reino Unido continuará perdiendo porque se ha dado la paradoja de que grandes países terceros (Japón, Canadá) han mostrado más predisposición a nuevos acuerdos con la UE que con los británicos. Lo que Londres se proponía —más ventajas comerciales internacionales— lo puede terminar consiguiendo la Unión Europea casi involuntariamente. Otro problema, en este caso, para ambas partes reside en lo que los economistas denominamos los “costes del menú” que surgen al empeñarse en cambiar un acuerdo para acabar en algo muy parecido. Esto acarrea costes operativos y burocráticos sin mejora económica para las partes.

¿Y el contexto político? Desde el Brexit, se han despertado sentimientos europeístas en Escocia e Irlanda del Norte (que desea una frontera blanda o nula con Irlanda como hasta ahora, cuyo diseño aún hay que cerrar) lo que complica aún más la ya de por sí casi imposible situación de los desunidos gobierno y partido conservador británicos.

Las elecciones locales de la semana pasada dejaron claro que Theresa May no ha perdido tanto apoyo como se creía… Pero precisamente ha podido ser porque su postura ante el Brexit se ve ahora más blanda y la ciudadanía parece sentirse más segura con ello. Aún así, no olvidemos que una votación en contra en cualquiera de las dos casas del Parlamento o unas futuras elecciones en las que salieran fortalecidos los laboristas podrían hacer descarrillar todo el proceso. Como se dice en las islas británicas, the plot thickens (la trama se complica).

Impuesto a la presencia digital

Publicado en El País el 1 de mayo de 2018

Fue en Sofía, la capital búlgara, este fin de semana. Olaf Scholz, primer ministro de finanzas alemán, permaneció callado ante sus colegas europeos cuando llegó el momento de discutir si avanzar con los planes de imponer un impuesto específico a las grandes empresas digitales. Causó sorpresa entre las filas proimpositivas, lideradas por Francia y engrosadas por Italia y España.

En nuestro país, la llamada tasa Google ha ganado repercusión estos días porque se ha propuesto como solución de urgencia para cubrir la subida de las pensiones recién pactada. El barullo interpretativo está servido porque una cuestión es discutir si procede ese tipo de imposición —lo que se dirime a escala europea— y otra si es posible, pertinente y sostenible que la potencial recaudación se destine a cubrir agujeros de un sistema de pensiones que debería encontrar formas propias de sostenibilidad.

En la UE ya circuló una propuesta francesa en marzo con dos posibilidades. Una, la de establecer un tributo para todas las empresas que operaran en la UE con una “presencia digital” significativa. Otra, la de hacerlo pero sólo para las grandes —como Google, Facebook o Amazon— que facturen más de 750 millones de euros. El impuesto se fijaría en un 3% de sus ingresos. La justificación económica encierra la lógica de que este tipo de negocios puede no tener una presencia física considerable en términos de personal o infraestructura en un determinado territorio pero sí una abrumadora presencia digital.

Ingresos tangibles

Que su actividad tenga múltiples ramificaciones virtuales no significa que sus ingresos no sean muy tangibles. Es una actividad económica en toda regla que los supuestos tributarios actuales —pensados para otro tipo de compañías— no recogen en la dimensión que parece proporcional a su negocio. Contribuyen bastante menos en promedio que la empresa tipo europea. El problema es que esto sucede también en otras jurisdicciones y hay un número considerable de países que quieren armonizar el impuesto a escala internacional.

Y ahí es donde ha surgido la desunión en la UE, porque naciones como Reino Unido, Irlanda o Dinamarca prefieren que se busque un consenso internacional porque temen la furia proteccionista de Donald Trump. En Alemania estas dudas han renacido ahora e, incluso, se plantea que haya que cambiar sustancialmente la ley alemana para que un impuesto de esa naturaleza sea legal allí.

Hasta que se llegue a un consenso europeo puede pasar un tiempo. El tipo final aplicado queda en el aire. Si finalmente fuera ese 3% podría suponer una recaudación anual de 5.000 millones de euros y España podría aspirar a obtener unos 500 millones anuales. Una cifra que no daría para cubrir los agujeros de las repetidamente improvisadas elevaciones del gasto en pensiones. Qué paradoja que la moderna digitalización acabara financiando el envejecimiento de la población. Sea como fuere, en Europa se sigue reaccionando sobre cómo interactuar con el mundo digital en lugar de promocionarlo. Mientras que en California tienen listas las leyes para automóviles autónomos antes de que estos surjan, en Europa se legisla para recaudar cuando de innovación se trata.

Taxímetro desigual

Publicado en El País el 24 de abril de 2018

La decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado viernes de elevar a rango de decreto ley el reglamento que imponía trabas a las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) daña la competencia en el transporte de viajeros. Es un paso atrás en la necesaria liberalización de estos servicios.El reglamento se encontraba recurrido por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) porque limitaba cada licencia posible de VTC a 30 de taxi. Lo que el Gobierno pretende ahora es retirar la capacidad de las comunidades autónomas de eliminar ese tope, derogando el reglamento actual y elevando la restricción a escala nacional. El recurso de la CNMC llegó al Supremo y se espera que falle contra el tope. No obstante, si el reglamento se ha derogado para entonces, la decisión judicial será irrelevante porque el artículo recurrido ya no existirá. Prevalecerá, real decreto mediante, la decisión del Gobierno que limitará (aún más) la competencia.

No se trata de un debate sobre si los operadores VTC deben ser regulados como el taxi. Eso ya lo está dirimiendo la justicia europea en Luxemburgo. Esa es una cuestión más general con derivaciones tan importantes como las exigencias que deben superar los conductores que prestan estos servicios o sus condiciones laborales, que deben mejorarse sustancialmente, tanto en el taxi como en las VTC.

De lo que realmente se trata en España es de decidir qué liberalización y competencia se quiere para un servicio cuyas prestaciones no han sido óptimas en muchas ocasiones y en el que la tecnología introdujo una competencia que estaba haciendo espabilar a parte del sector. Medidas como el tope que ahora se quiere mantener con esa decisión política —y en contra de la visión del supervisor de mercados— solo pueden hacer que se perpetúen prácticas de menos calidad, rentas monopolísticas y que el taxi en España viva una falsa y descafeinada revolución.

A medias, con generaciones solapadas de servicios que hacen que la calidad a la hora de pedir un servicio dependa del azar. Hay muchos taxistas dispuestos a coger el guante del desafío competitivo y han planteado alternativas a tener en cuenta tecnológicamente. Pero pueden ser diluidos por frentes especulativos y de propiedad masiva de licencias que no representan al conductor, sino a intereses creados bajo incentivos muy mal calculados demasiados años. Distorsiones que se pueden extender a las VTC.

El triángulo CNMC-Supremo-Gobierno ya tiene peleas abiertas por otros aspectos de dudosa legitimidad competitiva, como la restricción para la compraventa de licencias VTC antes de dos años de funcionamiento o el decimonónico y tendencioso requerimiento de cumplimentar un registro administrativo sobre cada viaje de VTC.

Hay dos mundos, el tradicional y el tecnológico, que deben aprender mutuamente lo que cada uno tiene que aportar (experiencia frente a exigencia y transparencia tecnológica, principalmente) pero decisiones del Gobierno como esta no solo son sesgadas, sino que constituyen un paso atrás cuando no andamos precisamente sobrados de competencia y de avances tecnológicos en este tipo de servicios.

 

Cuentas reveladoras

Publicado en El País el 17 de abril de 2018

Vienen publicándose en los últimos días algunos datos reveladores del esfuerzo que está requiriendo dejar atrás la crisis y el protagonismo de la vertiente financiera de la economía. Cifras mareantes que revelan que el BCE sigue siendo la espina dorsal de una Europa huérfana en capacidad fiscal. Y que la verdadera austeridad en España es la que ha sufrido el sector privado. Las cuentas financieras de la economía española que ha publicado este lunes el Banco de España indican que las empresas y familias españolas han reducido su deuda en medio billón de euros desde 2010.

La economía crece a pesar de que el sector privado reduce su apalancamiento. La lección tantas veces contada y pocas veces asumida de que más que financiar mucho hay que hacerlo eficientemente. En esos siete años en que las economías domésticas y las corporaciones han asumido tal ajuste, el sector público aumentó su deuda en 787.653 millones de euros. Evidentemente, se cubrirán también tarde o temprano con los bolsillos privados.

Entre tanto, los últimos datos de financiación del Eurosistema indican que el BCE sigue manteniendo la maquinaria en funcionamiento de una forma tan abrumadora que resulta imposible divisar una retirada rápida de estímulos. La expansión cuantitativa fue, al principio, algo tímida. Después tuvo dos grandes impulsos que hoy siguen muy presentes. El primero fueron los programas extraordinarios de financiación a largo plazo. España llegó a tener casi un 40% de esos fondos pero poco a poco el sector bancario ha ganado autonomía financiera y hoy dispone de un 22,3% (169.678 millones de euros) del total que esos mecanismos proporcionan a la eurozona. El segundo envite fueron los programas de compra de deuda. Aún más potente. Estas adquisiciones alcanzan los 2,46 billones de euros en la eurozona y España acapara 314.959 millones, el 12,8%. Las entidades financieras de nuestro país se han colocado en una posición acorde a su tamaño relativo en los canales de financiación oficial y esto es positivo.

La progresiva normalización financiera también puede beneficiarse de las subidas de rating de la deuda española —que se traslada a empresas y bancos— que se han venido produciendo y, sobre todo, de la expectativa de las que aún pueden venir. Todas las agencias de calificación apuntan al riesgo político como fuente principal de preocupación pero, en la medida en que el mundo parece una jaula de grillos, ven casi normal que España tenga su propia grillera en Cataluña, aunque sea del tamaño del 20% del PIB.

En todo caso, las favorables perspectivas financieras consiguen movilizar el ahorro familiar y que, por primera vez en años, genere rendimientos considerables. Así, señala el Banco de España que las familias adquirieron activos financieros por valor de más de 30.000 millones en 2017 y que obtuvieron plusvalías de 20.000 millones, fundamentalmente por la mejora bursátil. Los españoles han invertido 317.964 millones en acciones y fondos desde 2010 frente a 48.149 en depósitos. El ahorro vuelve a moverse. La precaución permanece, en todo caso, porque el último hundimiento sigue cerca, muy presente.

Vivienda: foco de desigualdad

Publicado en El País el 10 de abril de 2018

​En el mercado de vivienda del siglo XXI, las condiciones de acceso están ilustrando varias dimensiones de desigualdad. El llamado “boom” inmobiliario que precedió a la crisis se suponía que vendría seguido de fuertes correcciones. Así fue pero, en paralelo, se observaron fenómenos que han generado nuevas distorsiones.
En el prologado entorno de tipos de interés reales negativos, los inversores internacionales han tenido dificultades para encontrar suficientes activos financieros atractivos y la vivienda se ha convertido en una clara alternativa. Más aún cuando, en casos como el español, muchos fondos han recogido los platos rotos del parque inmobiliario, a coste reducido, para devolverlos poco a poco a un mercado en el que los precios vuelven a mirar hacia arriba. Esto explica por qué el pinchazo de la burbuja tardó tan poco en parchearse en ciudades como Londres, Shanghái, o incluso Madrid o Barcelona. O por qué, ahora que suben los tipos en Estados Unidos, caen algo los precios de la vivienda en Manhattan. Fondos soberanos y florecientes Socimis vuelven su mirada a las urbes globales y las convierten cada vez más prohibitivas para el ciudadano que vive en ellas. En este contexto, es ilustrativa la composición del número de transacciones. Los últimos datos del INE, por ejemplo, muestran que en enero hubo 94.060 compraventas de vivienda pero sólo 29.778 hipotecas. ¿Cuántas compran instituciones de inversión? ¿Cuántas se pagan al contado?
​A esto hay que añadir las nuevas dinámicas de un mercado de alquiler con límites poco definidos entre el uso recreativo, turístico y residencial. En España, por ejemplo, a pesar de la llamativa y lamentable carencia de estadísticas oficiales de alquileres (que se une a las deficiencias de las de precios de venta), la ebullición de las rentas del alquiler es palpable. La gentrificación no es ya un aburguesamiento de determinados barrios sino una progresiva expulsión de buena parte de la clase media de las grandes ciudades. ​
​En las últimas semanas se vienen conociendo las primeras estadísticas sobre la evolución de precios de la vivienda en los primeros meses de 2018. Corresponden fundamentalmente a empresas de tasación y portales inmobiliarios. Son ilustraciones parciales de estimaciones de valor y ofertas en Internet pero revelan que, efectivamente, las subidas se concentran en las ciudades más pobladas mientras que otras no sólo no registran aumentos sino caídas. Nunca el precio nacional medio dijo tan poco. Según los datos de TINSA, los precios bajaron interanualmente en el primer trimestre de 2018 en 23 capitales de provincia, lo que contrasta con subidas porcentuales de dos dígitos en Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.
​La desigualdad también es generacional. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el 56,2% de los hogares cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años dispone de, al menos, dos viviendas en propiedad. Una quimera para generaciones más jóvenes que, aunque formados y con empleo, deben además sostener un nivel de pensiones actuales al que ellos igual no pueden aspirar por la aplastante realidad del cambio demográfico y la ausencia de una reacción suficiente de la clase política al respecto.

Tecnología y graduados en el futuro

Es la era del dato, los países que apuestan por una educación orientada a la innovación son los dueños del futuro. Ya sucedió en el pasado en naciones que renacieron de sus cenizas (Japón, Alemania) o en países donde estar a la vanguardia tecnológica es una obligación competitiva y geoestratégica (Estados Unidos, China). Se trata éste de un tema que, personalmente, me inquieta y al que he querido dedicar una entrada especial en mi blog. La inquietud se alimentó al comprobar varios datos que sugieren que en España hay problemas importantes sin resolver respecto a inversión en innovación -y, buena parte de los mismos de raíz educativa- pero también iniciativas esperanzadoras y encomiables. A todos los niveles.

Respecto a la inversión en I+D, el problema continua. En España innovamos con pocos medios y eso limita la competitividad. En dos años de franco crecimiento económico como 2016 y 2017 esta inversión ha crecido en el entorno del 2% cuando el PIB lo ha hecho al 3%. Por lo tanto, ha existido un retroceso en el gasto relativo en I+D.

Tampoco es un misterio que España cuenta con pocas empresas tecnológicas punteras a escala internacional y que éstas se circunscriben principalmente al ámbito de las telecomunicaciones. Este problema del tamaño e importancia relativa de las empresas con perfil tecnológico es, en todo caso, europeo. Sobre todo, en lo que se refiere a las que manejan información. Las grandes tecnológicas de mayor capitalización (BigTech ) están en Estados Unidos y China y hay dudas sobre si la regulación (junto a un sistema institucional de investigación algo vetusto) limitan este tipo de desarrollos en Europa.

Sea como fuere, la situación puede poco a poco cambiar, sobre todo si la cualificación tecnológica de los españoles se cimenta desde abajo. Esto es complicado porque todavía un tercio de la fuerza de trabajo española es de reducida cualificación lo que, además, coloca sus empleos en situación de riesgo ante la progresiva automatización de amplias de sus funciones actuales. Uno de los informes de referencia sobre los avances tecnológicos en nuestro país, el de la Fundación Cotec, señala, en su última edición que “hay disfunciones en la estructura de cualificaciones de la población española que limitan el desarrollo e incorporación de innovaciones”. En edades tempranas, por ejemplo, aunque las capacidades matemáticas son similares al promedio europeo, poco a poco se va cayendo y perdiendo parte de esa pujanza en tramos superiores de educación secundaria. Aunque progresivamente se hace un esfuerzo en esta área y otras asociadas más directamente a la tecnología, la formación básica tecnológica es aún muy limitada en España.

En la universidad, no obstante, hay iniciativas que son esperanzadoras. Curiosamente, encuentro dos muy significativas en mi entorno personal y más cercano. En la institución donde soy catedrático en la actualidad, CUNEF Business School (en Madrid), se imparte un master en Data Science para Finanzas que incorpora, de forma pionera, lo mejor de la realidad tecnológica y del análisis de inversiones y mercados. Estas iniciativas se extienden por el territorio y prometen un desarrollo integral y local más tecnológico. Así, en la ciudad donde nací, Gandía, y en el ámbito de la enseñanza pública, la Universidad Politécnica de Valencia organiza un campus en el que imparte, entre otros, el Grado en Tecnologías Interactivas donde se diseñan sistemas y aplicaciones interactivas en diferentes ámbitos como la salud, el turismo, la enseñanza, la industria del entretenimiento, la sostenibilidad ambiental o la ayuda en discapacidades.

La idea de este tipo de iniciativas formativas es solventar una de las deficiencias en educación tecnológica que anticipa el Informe Cotec. En particular, que muchas empresas requieren capacidades tecnológicas que el ámbito universitario sólo proporciona de forma bruta, sin el pulimento práctico necesario. Esto supone una importante inversión para las corporaciones y, dada la estructura del tejido empresarial español, lo es también para empresas de todo tamaño. No resulta sorprendente, por ejemplo, que casi la mitad del gasto empresarial español en I+D fue ejecutado por pymes. La idea es combinar la extraordinaria formación técnica que proporcionan muchas de nuestras universidades con otra basada en proyectos y en desarrollos prácticos.

La oportunidad está ahí. Los aciertos educativos proporcionan a los países réditos que duran décadas. Pero las carencias también se pagan por muchos años.

 

Presupuestos: incompletos y a retales

Publicado en Cinco Días el 4 de abril de 2018

Como conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado período, un presupuesto tiene que estar cuadrado. Esto lo hace contablemente completo. Sin embargo, los que el Estado maneja para 2018 parecen incompletos en otras múltiples facetas. La más importante es que no parecen reflejar una estrategia económica de país. No es que las previsiones estatales para inversión y para engordar las cuentas públicas puedan transformarse de la noche a la mañana. Eso no es posible porque gran parte de los presupuestos está comprometido estructuralmente pero hubiera sido deseable ver partidas, variaciones y apuestas más decididas que adivinarían intenciones de girar al país, poco a poco, hacia una dimensión más sostenible en el ámbito financiero, y más moderna y productiva en lo económico. La apuesta en I+D sigue siendo claramente insuficiente, lo que se une a una pobre ejecución de la misma de las anteriores ediciones presupuestarias.

Tampoco son completos en cuanto a coherencia. La economía crece pero el gasto se expande aún más y demasiado, con una clara correlación entre proximidad de confrontación electoral y el anuncio de retales que se añaden para hacer presupuestos más expansivos. Si se discute la sostenibilidad de las pensiones, la solución no es subirlas sin cálculo o previsión posible. Sin una propuesta de pensiones de largo recorrido, dotaciones más generosas de hoy pueden implicar generaciones con pensiones más pobres mañana. Y, aún así, no es que los pensionistas vayan a mejorar mucho su situación.

Tampoco son completos los presupuestos en responsabilidad política. Es normal, no puede negarse, que el tira y afloja entre partidos tenga en la planificación de las cuentas públicas un eje de discusión. Lo que no es tan normal es que, en lugar de discutir partidas y reajustes en áreas particulares, se niegue la totalidad y se busquen minorías para la aprobación que, en sus peticiones, pueden generar desajustes aún mayores. No es, por tanto, responsabilidad única del gobierno sino de todos los que deben responder y apoyar el equilibrio financiero y la ausencia de incertidumbres innecesarias en la economía española. De hecho, persiste aún la duda sobre sí habrá aprobación parlamentaria. Y ya es primavera.

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de CUNEF y Director de Estudios Financieros de Funcas

La tecnología y su potencial

Publicado en El País el 3 de abril de 2018

Pocos discuten que la gestión de la información está generando una revolución tecnológica de dimensiones descomunales. No obstante, hay muchas discrepancias sobre la necesidad de regularla. El escándalo del filtrado masivo de datos de Facebook, los accidentes recientes de automóviles de conducción autónoma o los ataques de Trump a Amazon han reavivado la polémica.

Cuando los hermanos Lumière presentaron su cinematógrafo en 1895 muchos de los asistentes abandonaron la sala despavoridos al ver cómo una locomotora de tren se les acercaba desde la pantalla. Al inicio del siglo XX, con la producción en cadena de automóviles, se produjeron aparatosos accidentes. Ni una cosa ni la otra impidieron el extraordinario desarrollo del cine o la ubicuidad de la automoción. Pero muchas modificaciones tuvieron que producirse para que estas industrias avanzaran. Hoy hay mucho en juego, porque una decisión regulatoria en la dirección incorrecta puede lastrar de forma irreparable el desarrollo tecnológico en una jurisdicción o derivar en una pérdida de libertades y derechos de privacidad sin precedentes. No es cuestión de cuánta normativa se precisa sino de cuál es la adecuada. La respuesta no es simple. Es un gran desafío tecnológico de grandes proporciones económicas y sociales.

En el difícil equilibrio entre control de abusos y libertad innovadora, Europa anda algo desequilibrada. Llegó tarde ya hace dos décadas a la irrupción del emprendimiento digital y ahora se nota porque no hay bigtech alguna ni Silicon Valley identificable en el continente. Sin embargo, las autoridades europeas están siendo especialmente profusas en regular aquello que no se ha desarrollado en su territorio. Si se exceden, generarán un retraso aún más acusado. En Estados Unidos, la principal amenaza en la actualidad —más allá del castigo a Facebook o a Amazon— son las propuestas para reducir la neutralidad de Internet. En términos simples, se trata de hacer cada vez más pequeño el espacio de acceso libre a Internet para que los operadores más poderosos (desde la televisión por cable a cualquier otro contenido de alta gama) ocupen cada vez más el ancho de la autopista de la red, lo que hundiría ese precioso principio inspirador de que Internet es para todos. Toda una amenaza de mayor desigualdad.

Parece que la regulación es necesaria en un conjunto amplio de cuestiones que van desde la protección del menor hasta la excesiva acumulación de poder de mercado (en actividad publicitaria, por ejemplo) en algunas de las grandes bigtech. Hay tres posturas enfrentadas. La primera, los que opinan que ya contamos con reglas competitivas y de protección suficientes y lo que falta es el modo de aplicarlas de forma efectiva a estas empresas. La segunda, que la regulación es innecesaria porque, al contrario que otras industrias como la financiera, la tecnológica no tendría efectos desestabilizadores sistémicos. La tercera, que hace falta una normativa profusa y específica para estas empresas. Todas las alternativas tienen sus dificultades porque el digital es un nuevo mundo que no encaja en las reglas existentes, porque sí se están observando potenciales consecuencias sistémicas (electorales, por ejemplo) y porque puede acabar socavándose innovaciones beneficiosas socialmente.

La cuestión del capital

Publicado en El País el 27 de marzo de 2018

Cuanto menos socialmente apreciado es el objetivo, más sencillo es el castigo sin rigor. Las entidades financieras son, en este juego, un objetivo fácil. No parece que se estén aprendiendo todas las lecciones de la crisis bancaria. Hacer evitables los rescates, proteger a los depositantes o recuperar la estabilidad financiera son labores que quedan a medias si no se explica bien qué es un rescate, qué responsabilidad tenemos los clientes o que hay intereses de todos en juego.

Las apreciaciones que me parecen equivocadas han sido, de forma particular, dos. Una, que los 19.000 millones de euros de capital solicitados para Bankia fueron excesivos. La otra —ligada a la primera en algunos comentarios— es que se pidió de más para garantizar el éxito de la gestión de esa entidad. Parece quijotería financiera llevada al extremo por varios motivos. El primero es que parece no entenderse que ya son muchos años en los cuales el mercado pide bastante más capital de lo que exige la regulación. Los colchones de capital son necesarios, más aún cuando la desconfianza e incertidumbre son grandes.

España está haciendo razonablemente bien sus deberes bancarios y el sector ha recuperado una posición competitiva pujante en Europa. Pero los niveles de capitalización, aún siendo holgados, están en promedio aún por debajo de los de otros países europeos de referencia. Lo estaban aún más en 2012. En aquel momento, el pánico solo lo podía frenar una inyección de capital contundente en la que no hubo percepción alguna de que fuera excesiva. Lo de ahora son claros sesgos retrospectivos, una clase de posverdad, tan típica de estos días. Con una menor aportación, muy probablemente el temor no se hubiera marchado. De hecho, —no solo en España, sino en toda Europa— la desconfianza en el sector bancario fue un problema hasta anteayer, excepto en Italia, donde continúa. Hay dos máximas en los rescates bancarios más eficientes: deben llegar pronto y ser contundentes. En España llegó bastante tarde y cubrió las expectativas del momento, nada más.

En cuanto a la garantía de éxito de la gestión, dudo que hubiera cola de directivos dispuestos a asumir el timón de la principal entidad rescatada en 2012, a devolver buena parte de valor a los accionistas o a los preferentistas sus ahorros. A retener a depositantes frente a lo que, en otros casos, hubiera sido una huida masiva. A realizar desinversiones duras y poner el dividendo, en pocos años, en el radar de sus accionistas. Todo muy sencillo. Ya, ya…