Bitcoin: sálvese quien pueda

Publicado en El País el 14 de septiembre de 2021

Otra vez en el ojo del huracán, un no parar desde hace más de un lustro. El anuncio del gobierno de El Salvador de la adopción de bitcoin como moneda de curso legal y la reciente propuesta regulatoria de Basilea vuelven a poner encima de la mesa lo complejo que es delimitar el campo de juego de monedas digitales y criptoactivos. Cada vez es más necesaria la coordinación internacional. El fuerte crecimiento de este tipo de divisas y activos – de evidente riesgo- ha irrumpido en los mercados de inversiones de la última década. La indefinición de un marco regulatorio que dote de mayores garantías estos mercados y plataformas refuerza el interés y la polémica.

            El caso de El Salvador es paradigmático. Primero, porque precisamente la semana pasada, tras el anuncio, bitcoin sufrió una severa corrección del 14%. Es la apuesta de un país como campo de pruebas, como una de las “cunas” futuras de bitcoin. Puede alentar otras inversiones digitales en el futuro. Teóricamente, esto favorecería a un país con un elevado nivel de pobreza y limitadas capacidades de crecimiento. Aunque el mundo es para los valientes, existen también innumerables riesgos en esta prueba de laboratorio. En primer lugar, adoptar la moneda de un país tercero -como ocurre con el dólar americano-o de una divisa digital descentralizada y no respaldada por banco central alguno, reduce la capacidad de maniobra para las políticas fiscal y monetaria. El impacto sobre los presupuestos públicos y la deuda -ya en categoría de “bono basura”- es impredecible. Genera grandes incertidumbres y posibilidad de especulación. Asimismo, el bitcoin no funciona bien como medio de pago. Es muy probable que las familias salvadoreñas, con bajos niveles de educación financiera, no conozcan bien las implicaciones de un instrumento tan volátil y opaco. Mucho menos para emplearlo como instrumento para realizar transacciones cotidianas. 

             Parte del problema es la falta de una regulación internacional específica y adecuada.  Como (casi) siempre, la regulación parece que empezará por la banca. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha presentado una propuesta de regulación de las operaciones con “criptos” para las entidades financieras que deseen tener estos instrumentos en su balance, en el que exige un requerimiento de recursos propios tan duro como el de los préstamos morosos.  El descontento de buena parte de los bancos es evidente, ya que limita las posibilidades para competir con los nuevos operadores tecnológicos. Si tan peligroso son bitcoin, ethereum y sus similares, lo que se precisa es que se regulen estos activos, más allá de la banca. No olvidemos que despiertan el interés de todo tipo de inversores, grandes y pequeños, particulares e inversores institucionales. Son instrumentos complejos, sobre todo para quienes no entienden su funcionamiento. Por ello, tiene poca lógica que los mayores especialistas en evaluación de inversiones y de sus correspondientes riesgos tengan un tratamiento más gravoso que el resto. Es el momento de dar un paso adelante entre todos y entender mejor las grandes posibilidades y riesgos que suponen los instrumentos basados en “blockchain”, para que una gran oportunidad no se convierta en un “sálvese quien pueda”.

Las dudas y señales de Jerome: todavía manda el coronavirus

Publicado en El País el 28 de agosto de 2021

El título del simposio de Jackson Hole de este año (Política macroeconómica en una economía desigual) ya parecía adelantar el principal mensaje: las dudas persisten, aunque la economía apunta a una inflación transitoria y a la necesidad de retirar estímulos en algún momento no muy lejano. El uneven (desigual, irregular), no sólo estaba presente en la cabecera sino en cada una de las sesiones, señalando que la incertidumbre se extiende desde las políticas fiscales y monetarias hasta la situación del mercado de trabajo y, en general, de la recuperación económica. 

Era muy esperada la intervención inaugural de Jerome Powell, tal vez este año más que en otros, en una cita de la que siempre se esperan pistas sobre por dónde irán los tiros en los próximos meses. El presidente de la Reserva Federal parecía algo atrapado por una conjunción de presiones. Entre otras, su mandato expira el próximo mes de febrero y, aunque se espera que Biden le reelija, cualquier error puede ser fatal. Powell, además, no ha tenido más remedio que continuar con la expansión cuantitativa, pero el alargado balance de la Fed le otorga ya una responsabilidad sobre 8,3 billones de dólares. Aunque el objetivo de inflación del 2% es ahora más flexible, el banco central norteamericano (como otros en todo el mundo) sigue fallando en sus previsiones de inflación, que está aumentando más rápido de lo esperado. La variante delta del virus y las nuevas tensiones geopolíticas internacionales tampoco ponen las cosas más fáciles. Desde hace años, la normalidad imponía ir retirando estímulos monetarios, pero precisamente ha faltado eso, normalidad. Todo sigue siendo desigual, el ubicuo “uneven” de Jackson Hole. 

El simposio debía ser este año presencial, pero a pocos días de su celebración se ha pospuesto por la incidencia del virus en Wyoming. Nos quedamos sin las típicas fotos de grandes banqueros centrales y otros referentes del mundo económico paseando distendidamente ante grandes vistas de las verdes praderas. Y nos quedamos también sin lo más importante, mensajes definitivos. Pero hubo señales importantes. Puestas en contexto, se ha pasado de esperar un mensaje tibio a mostrar intenciones de cambio y precauciones a partes iguales. Powell señaló que su opinión y la de la mayor parte del Comité Federal de Mercado Abierto en julio era que sería adecuado comenzar a retirar estímulos este año. Pero también señaló que los repuntes por las variantes recientes del coronavirus exigen precaución. Dio una lección amplia sobre todas las presiones que hay sobre la inflación y las achacó más a subidas transitorias en bienes duraderos que a presiones en precios subyacentes y servicios, que considera que quedan muy cercanas al 2%. 

La lectura de estas palabras es que, si el crecimiento sigue pujante en Estados Unidos y el coronavirus no da demasiadas sorpresas negativas, los estímulos monetarios se retirarán de forma muy progresiva y cuidadosa. A lo que Powell añadió un mensaje contemporizador: los tipos de interés tardarán en subir, aunque las facilidades de liquidez se vayan retirando. Forman parte de un calendario distinto. Siguen las precauciones y dudas. Todavía manda el coronavirus.

Facilidades crediticias tras la pandemia

Publicado en El País el 10 de agosto de 2021

https://elpais.com/economia/2021-08-10/facilidades-crediticias-tras-la-pandemia.html

Aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto más durarán los efectos sanitarios y económico-financieros de la pandemia, ya empieza a hablarse de sus consecuencias ex–post y de las actuaciones que serán necesarias para aminorar los efectos sobre toda la sociedad. En el caso del impacto sobre el sector empresarial, la referencia para ese día después es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos, que regula los criterios para las posibles quitas y refinanciaciones a empresas y autónomos que solicitaron en su día préstamos a la banca avalados por el ICO.

El Código marca que las empresas en dificultades —siempre que sus bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos garantizados por el ICO. Otra alternativa para esas empresas es convertir los créditos avalados en préstamos participativos, lo que de algún modo es una conversión en capital. La última opción, más dramática, es negociar una quita para reducir la financiación avalada.

Son las posibilidades que abre el Código, pero no olvidemos que el propio sector financiero tiene sus propias capacidades en este proceso con su conocimiento de las empresas a las que presta, y gestiona activos y por su mayor capacidad de evaluación de riesgos. Las entidades financieras se dedican precisamente a esa administración, una vez concedido un crédito, a monitorizarlo y a gestionarlo con flexibilidad, si es necesario, para facilitar los pagos y evitar la morosidad. Tienen además incentivos a esa gestión prudente y a evitar llegar a los avales públicos para compensar pérdidas, porque reclamar esas garantías supondría, por un buen tiempo, unas dotaciones a insolvencias importantes que afectarían muy negativamente a la cuenta de resultados.

En este momento de la verdad, hay que valorar el programa de créditos avalados por el ICO. Fue una respuesta —esta vez sí, a diferencia de la crisis financiera de la década pasada— contundente, rápida y eficaz por parte del Gobierno y de las entidades financieras, en un contexto de confinamiento, cierre de muchas actividades y una gran incertidumbre sobre la duración. Si ahora es necesario acometer, con alguna frecuencia incluso, algunas de las situaciones menos deseadas del Código no debería valorarse ese programa de ayudas como algo que al final solamente ha generado problemas.

El programa, al aprobarse con esa contundencia y celeridad, permitió que muchas empresas no se derrumbaran a las primeras de cambio y hayan llegado hasta aquí. Sin esos créditos, se habrían multiplicado las quiebras, cierres de empresas y pérdidas de empleo. Se ganó un tiempo precioso que el sector financiero ha ido gestionando, y ahora le queda lidiar con el final, donde puede que existan soluciones más traumáticas. Los efectos positivos han sido mucho mayores que los negativos.

La mayor parte (el 98%) del sector en su conjunto se ha adherido al Código de Buenas Prácticas. Es una buena noticia porque, por un lado, contribuye a mejorar la imagen de las entidades financieras, que no les viene nada mal. Por otro lado, se genera menos incertidumbre sobre lo que pasará con los préstamos con mayores dificultades.

Solvencia bancaria tras la pandemia

Publicado en El País el 31 de julio de 2021

            En 2020 se decidió posponer los Juegos Olímpicos por la pandemia. Se esperaba que en el verano de 2021 la Covid-19 ya no sería un obstáculo para celebrarlos. En cierto modo, lo ha seguido siendo, imponiendo unas pruebas deportivas sin público. También la Autoridad Bancaria Europea (ABE) optó por postergar la realización de los test de estrés a la banca hasta 2021, algo inicialmente paradójico para unas pruebas que están diseñadas para responder a escenarios adversos. La decisión parecía razonable por la dificultad que entrañaba dilucidar a qué escenarios había que enfrentarse y además los bancos de la Eurozona mantienen niveles cómodos de capitalización en general.

Las pruebas de esfuerzo simulan que pasaría con los niveles de solvencia bancaria en determinados escenarios. En el muy adverso, por ejemplo, para el caso de España, se ha considerado una caída simulada del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023, con niveles hipotéticos de desempleo de hasta 21,9%. Improbable, pero en lo que vamos de siglo ya hemos tenido grandes golpes. Sin olvidar, como apuntó el Banco de España esta misma semana, empieza a haber indicios de posibles aumentos de la morosidad. 

Las pruebas que ya hizo la Reserva Federal y que incluían a varios bancos europeos ya fueron positivas. Pasaron todos. Buen precedente que se confirmó este viernes con los test de resistencia de la ABE para cuatro bancos españoles (Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter). Todos resistirían una recesión severa de cuatro años, aunque solamente el ratio de capital de Bankinter se quedaría por encima de la media europea en ese escenario.

En estas pruebas se aprende por el camino. Por eso, tal vez la lección más importante en 2021 es hacia dónde van y no tanto donde se está ahora mismo. Los supervisores europeos siguen permitiendo -por motivos de la pandemia- a los bancos usar sus colchones de capital para absorber pérdidas. No aprietan, de momento, con el llamado Pilar 2 de exigencias de solvencia, que se ocupa de la gestión de pérdidas esperadas. Es más, han anunciado que, a partir de octubre, se eliminarán las restricciones para repartir dividendos. Hasta finales de 2022, cuando se esperan cambios. Por ejemplo, vincular más el resultado de los test de a las exigencias de ese Pilar 2. El colchón de capital va a tener que ser algo más holgado. Tanto más cuanto más exigidos se vean los bancos en las pruebas de esfuerzo. La banca española, que por diferentes razones ha funcionado con colchones algo más estrechos, debe culminar el refuerzo de su solvencia para llegar con más holgura a 2023.

En los test del futuro se incluirán exigencias relativas al blanqueo de dinero y fraude y, progresivamente, de financiación sostenible. Otros signos de los tiempos que corren, que marcan las crisis, con empresas financieras hiperreguladas. Tal vez, en algún tiempo, haya pruebas de privacidad y exigencias de transparencia y competencia, a medida que los bancos se parezcan más a las superplataformas que dominan la economía del siglo XXI o éstas se acerquen más a lo financiero.

Nuevo léxico en Fráncfort

Publicado en El País el 23 de julio de 2021

 Este jueves se ha producido la esperada puesta de largo de la anunciada nueva estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo. Ya se conocían algunos de los detalles, pero faltaba comprobar qué significa ahora la inflación para la orientación del banco central. Introduce un nuevo léxico en el que palabras como flexibilidad, acomodación o adaptación a las circunstancias dan margen a Christine Lagarde para enfrentarse a un entorno aún incierto tanto a corto como a medio plazo. Al mismo tiempo, no obstante, genera más ruido frente a los críticos con todo lo que sea salirse de los márgenes más ortodoxos, los halcones de la institución monetaria. Son los que interpretan que Lagarde -y el resto de miembros del Consejo más proclives a mantener estímulos aún durante un tiempo considerable- ganan poder. Para algunos, seguramente, hace (demasiado) tiempo que el mandato explícito -controlar la inflación- fue superado por el imperativo implícito de sostener la liquidez y la estabilidad financiera en la Eurozona. Con una agenda crecientemente cargada de asuntos y encargos, el banco se ha convertido en el “chico para todo” del continente.

 Los nuevos parámetros en que se mueve el BCE permiten no tener que actuar de forma inmediata cuando los precios crecen al 2%. Se puede esperar a ver si la presión inflacionista es temporal o, por el contrario, ofrece visos de crear una escalada de la inflación que fuera comprometedora. Seguramente habrá momentos en los próximos meses en que la inflación sorprenderá al alza, aunque la variante delta del virus y otras que pudieran llegar -en tanto en cuanto la resolución de la crisis sanitaria debe ser global y no regional- están enfriando algo las expectativas. También se percibe cierta comodidad con el nuevo vocabulario monetario cuando ayer se anticipó que el programa de compras de emergencia pandémica se mantendrá el tiempo que sea preciso, así como otras facilidades de expansión cuantitativa similares. El comunicado indicaba que, con la nueva formulación del objetivo de inflación los tipos de interés se mantendrían aún bajos o “incluso más” (lo que los llevaría a un terreno más negativo) para alcanzar ese objetivo. Otro cambio de cartas para el mismo juego final: mantener fuertes estímulos. No solamente se mantiene, sino que parece reforzarse la importancia que las acciones del BCE -y de otros bancos centrales- tienen en la economía y en nuestras vidas desde hace más de diez años.

 También forma parte de la transformación de la comunicación y política del BCE la apuesta por la financiación verde. En lo que a la acción de banco central se refiere, la expectativa es que se apueste porque en los programas de compra de bonos se apueste por aquellos cuyos emisores tengan la consideración de respetuosos con el medio ambiente. Esto coloca al BCE en posición de liderazgo, pero también de responsabilidad porque es una transición que hay que medir bien. Lo que se haga desde Fráncfort será un referente potente para los mercados de deuda privados y muchas empresas -principalmente las que dependen de energías menos limpias- pueden encontrar un castigo que lastre su recuperación.

Los pagos en la pandemia

Publicado en El País el 17 de julio de 2021

La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país. Bizum es tecnología propia bancaria -y telefónica, lógicamente-, algo de los que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

            La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

            Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero -el comentado caso de Bizum, por ejemplo-, ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares. 

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Pensiones fuera del sistema

Publicado en El País el 29 de junio de 2021

Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad- que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar-, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea fuera del sistema. 

Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios -que decide el Gobierno-, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.

Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.

La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así.  Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del estado del bienestar.

Reputación de los bancos

Publicado en El País el 24 de junio de 2021

Se vuelve a hablar de bancos y su reputación. La apertura de una investigación de la CNMC a algunas entidades por los préstamos ICO, las noticias sobre los esfuerzos del sector financiero por mejorar su imagen o, ahora, la prolongación de la incertidumbre sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que abre trámite de audiencia a las partes sobre el plazo para reclamar sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas. Todo ello ha reavivado el debate sobre su imagen pública. Anteriormente, los “bonuses” de sus ejecutivos y los EREs -con protestas recientes- fueron objeto de fuerte polémica, incluso en el frente político.

            La imagen del sector -tal y como ocurre en las valoraciones sociológicas de otros estamentos de la sociedad, como los políticos o la justicia-, nunca ha sido muy positiva. Probablemente, el mayor deterioro en la confianza a escala global se produjo tras 2008 con la crisis financiera. Además de asignarles casi exclusivamente toda la responsabilidad, el hecho de que se tuvieran que dedicar miles millones a rescatar entidades en todo el mundo las convirtió en diana fácil. Se culpó a todo el sector por problemas -eso sí, graves- de entidades específicas.

            Desde entonces, la industria bancaria ha hecho frente a una intensidad regulatoria sin precedentes. Con importantes esfuerzos, en paralelo, por mejorar su reputación y su compromiso (“engagement”) con la sociedad. Desde campañas de educación financiera, a una participación intensa de sus líderes en los debates sociales, pasando por su actitud proactiva en la gestión crediticia de la crisis de la Covid-19. Son acciones en la dirección correcta. La percepción de insuficiencia está muy relacionada con la transformación hacia un modelo bancario distinto, con muchos procesos traumáticos como fusiones y reestructuraciones, exigidas en muchos casos por los supervisores. Aparecen de este modo nuevos problemas y tensiones cuando aún no se habían recuperado de la última batalla. En el empleo, el foco va a los despidos en lugar de a la renovación del talento en un entorno de competencia tecnológica y orientación al cliente. 

            Por último, la falta de un marco normativo completo ha dado lugar a numerosas sentencias sobre diferentes clausulas de los préstamos hipotecarios, instrumentos financieros trascendentales en nuestra economía. Ayer el Supremo pospuso la decisión, tal vez buscando una solución técnica específica en lugar de una más abrupta y generalizada. Estas lagunas son quebradero de cabeza para prestatarios, bancos y justicia. En banca todo se está dictando al dedillo, algo que queda muy lejos para otras grandes empresas como las tecnológicas. Está por ver el recorrido del episodio de los préstamos del ICO. A pesar del impacto mediático y sobre la reputación del sector, la incidencia real podría estar limitada a muy pocas operaciones. En muchos casos, podrían haber resultado incluso en una mejora de las condiciones del préstamo. La historia se ha repetido: el daño inicial de las noticias ya ha acontecido, la reputación del sector ha dado pasos atrás y ahora toca volver a la casilla de salida y pedalear para corregir la situación. El sector trabaja con más pedagogía y una gestión de la imagen y reputación más proactiva. 

Sector exterior: buena onda

Publicado en El País el 18 de junio de 2021

Nos devanamos los sesos tratando de ver cómo mejorar la competitividad económica. Una receta fácil es potenciar lo que hemos mejorado. Incluso recordarlo, entre tanta autoflagelación. Esta semana, Eurostat ha publicado los datos de comercio internacional de abril. Primero, las (pocas) malas noticias: España registró, como ha sido la norma en general en las últimas décadas, un déficit de balanza comercial en ese mes de 2.055 millones de euros. De enero a abril el déficit fue 5.200 millones. En lo positivo, se confirma que la recuperación toma cuerpo. Mejor noticia aún es que también lo hacen las exportaciones de bienes. Se aprecia un esfuerzo para reducir ese déficit comercial. En los primeros meses del año, las exportaciones avanzaron un 16% (situándose en 101.100 millones de euros) mientras que las importaciones lo hicieron un 10% (alcanzando los 106.200). 

Es en el comercio dentro de la UE donde parece que nuestro país hace mejor los deberes. Hay un superávit comercial porque exportamos (63.200 millones de euros) más que importamos (61.000 millones). Fuera de la UE -es cierto que aquí aparece la factura de las importaciones energéticas- es donde deben redoblarse esfuerzos porque las exportaciones son de 37.900 millones frente a importaciones de 45.200 millones. En todos los casos, las exportaciones aumentan más rápido. Gana enteros la hipótesis de que podría cerrarse el “gap” en un futuro próximo. Algunos analistas sugieren que, incluso, hacia 2022 o 2023 podría llegarse a un superávit de balanza comercial. Supondría tener un sector exterior aún no muy voluminoso pero equilibrado. Sería una buena señal cuando tenemos tantos desequilibrios -cuentas públicas, por ejemplo- en la economía española.

Surgen oportunidades ante la reapertura de las economías del mundo tras la pandemia. España debe aprovechar la posible relajación de las tensiones arancelarias. Reforzar exportaciones no sólo donde tradicionalmente lo hace bien, aunque sean menos conocidos (productos químicos, medicamentos o bienes de equipo) sino donde tiene capacidad de liderar y, de hecho, es muy competitiva internacionalmente (cítricos, aceite de oliva, vino, porcino). Políticas transversales -como la fiscalidad, debidamente alineados con socios y competidores- también deben emplearse para apuntalar la competitividad.

Desde la crisis financiera, España ha ganado cuota de mercado en comercio global. Algo se debe estar haciendo bien, pero hay dos puntos que considerar. Se precisa peso específico en los acuerdos y negociaciones internacionales, en particular con Asia. Vamos de la mano de la UE pero, tal vez, a veces España debería respaldar más los sectores donde es fuerte por calidad y tecnología incorporada, como el agrícola. Por otro lado, se deben potenciar las exportaciones de bienes donde tenemos capacidades en capital humano pero poco desarrollo en España como patentes y, en general, intangibles. El mundo crece por ahí. Sin esas capacidades, existirá un lastre en nuestro sector exterior. En la puesta en práctica de los planes de “luces largas” presentados recientemente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el de España 2050, habrá que reforzar la concreción de las medidas que desean impulsar una mayor productividad y competitividad de la economía española. Necesitamos más pymes exportadoras que se conviertan en empresas más grandes. 

Globalización desde arriba hacia abajo

Publicado en Cinco Días el 12 de junio de 2021

Ya hay quien compara a Joe Biden con Franklin Roosevelt o Lyndon Johnson por su capacidad transformadora. Sus primeros meses de gobierno han sido un soplo de aire fresco que ni sus 78 años ni las dudas que muchos expresaron sobre su capacidad han estropeado. Claro que Donald Trump había deshecho tantos lazos y hundido tantos puentes que gran parte de lo que el nuevo presidente estadounidense podía hacer era reconstruir. No obstante, ha ido más allá, proponiendo un nuevo marco de convivencia (dentro y fuera de Estados Unidos) y marcando nuevas reglas, más equitativas en materia económica y climática. No le va a resultar sencillo pero se le aprecia arrojo político. Influye también y mucho el papel de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, proporcionando un perfil técnico y una capacidad de convicción de altas prestaciones.

A priori podría parecer paradójico que algunos de los países que más han apostado por el libre mercado (Estados Unidos incluido) sean los que pongan sobre la mesa una propuesta sobre reforma fiscal para establecer una imposición mínima a las empresas. Hasta tal punto que una institución que se presentaba tan desgastada como el G7 encabeza ahora un cambio que mete presión a otras organizaciones como la OCDE y, sobre todo, el G20. Recuerda un poco la idea de Montesquieu de que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” El poder de hoy es global y tiene múltiples formas de escapar al control. Provoca desigualdades e inestabilidades en el sistema capitalista que han impulsado a muchos a la necesidad de reformarlo para evitar que otros acaben por destruirlo y provocando crisis institucionales y económicas irreversibles. El capitalismo tenía algo que devolver a la sociedad. Quizás algo más, pero es un buen comienzo de una redefinición. De momento, los mercados no se resienten por varios motivos. Entre otras cuestiones, ven lejos aún el acuerdo y, además, consideran que puede tener algunos beneficios (como reducir tensiones geopolíticas y comerciales a largo plazo).blob:https://nodisparenaleconomista.wordpress.com/582cf65b-90de-46b2-8a7a-9045c297dabaPUBLICIDAD

En la propuesta que ha lanzado el G7 hay dos pilares para una nueva fiscalidad de las empresas. Simples y poderosos. El primer pilar es que las empresas deberán pagar más impuestos en los países donde venden sus productos y servicios, en lugar de hacerlo donde declaran sus beneficios. Se aplicará a aquellos negocios con un margen operativo de, al menos, el 10%. El segundo pilar es que se establezca un compromiso internacional de al menos el 15% en el impuesto de beneficios para que unos países no compitan por otros por ver quien favorece más a las empresas. La definición del primer pilar asume que algunas multinacionales tienen beneficios muy reducidos en algunos países donde tienen que gran parte de su actividad. Por eso, se espera que el acuerdo se defina de forma aún más específica y siga algunas propuestas de la OCDE para que el requerimiento impositivo se pueda a hacer a divisiones suficientemente grandes de una compañía en lugar de a las matrices. Uno de los casos que más se ha comentado es el de Amazon. Su negocio minorista arroja beneficios inferiores al 10% pero su división más descentralizada con servicios de computación y similares, Amazon Web Services, tiene un margen superior al 30% y, según los principios inspiradores del acuerdo, debería quedar encuadrada en el mismo.

Precisamente son las grandes tecnológicas las que más polémica han suscitado. Muchos países han intentado establecer impuestos (como la llamada tasa Google) o asimilados a cargas arancelarias a las mismas. Como muchos economistas nos hemos pronunciado, estas medidas parecen poco eficaces y hasta contraproducentes cuando se adoptaban unilateralmente. Por eso, uno de los grandes valores del acuerdo del G7 es que es top-down (desde arriba hacia abajo) porque comienza por países líderes que quieren que se aplique de forma generalizada internacionalmente. Yellen ha salido al paso de estas dudas sobre las BigTech señalando que las tasas Google dejan de tener sentido –Estados Unidos las había denunciado como prácticas impositivas discriminatorias– porque ahora serán todas las grandes multinacionales y no sólo las tecnológicas las sometidas al acuerdo.

La pelota (y la presión) pasa directamente a la reunión del G20 que se celebrará en Venecia en julio. Las miradas estarán en Rusia y China. Sucederá en un momento en el que hay tensiones geopolíticas palpables (investigaciones sobre origen de la pandemia, situación de Bielorrusia, responsabilidad en grandes ciberataques a empresas). Causa fatiga pensar lo que puede quedar por delante con precedentes como los acuerdos para luchar contra el cambio climático, pero ilusiona la fuerza y consenso que ha venido de un Occidente que parecía quedarse atrás en el terreno de juego mundial, sobre todo en el caso de Europa. Puestos a soñar, podríamos imaginar un futuro con acuerdos internacionales más amplios que los actuales en derechos laborales mínimos o en una protección de la propiedad intelectual más general y garantizada. Una creciente gobernanza global.

Lo que el acuerdo no dará es igualdad en competitividad ni en I+D ni en modernización. Eso seguirá siendo responsabilidad de cada país y esperemos que España tome nota ya que sigue manteniendo significativas diferencias en esos factores con respecto a los países más avanzados, sin que hayan existido acciones públicas decididas a corregir esas carencias. Por otro lado, algunos países –entre ellos, nuevamente el nuestro– se plantean ahora reformas fiscales en medio del proceso de recuperación tras la pandemia. Parece algo prematuro. Sobre todo, para sumarse ya a ese mínimo del 15% antes de que haya un acuerdo más vinculante y amplio. 

Santiago Carbó es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas