Inflación: discurso y realidad

Que viene el coco… Se prodigan los análisis que sugieren que el Covid-19 ha traído un nuevo riesgo de deflación, una espiral de caída de precios que se aprecia ya en el IPC. No obstante, otros creen que, cuando todo esto pase, lo que sucederá es que la inflación subirá de forma más intensa a lo que estamos acostumbrados últimamente. Esta última preocupación se prodiga sobre todo en Alemania, donde las lentes del análisis económico siguen influidas por el problema de hiperinflación de la República de Weimar de entreguerras y ven un paralelismo histórico en los estímulos fiscales para luchar frente al Covid-19, que consideran que relanzarán los precios de forma acelerada. Seguramente, unos y otros tienen motivos para la intranquilidad, pero gran parte del problema reside en una distribución de tiempos que aún no controlamos. Ya hemos observado que el confinamiento -que arrastró tanto demanda como oferta- hundió los precios en abril y mayo. El progresivo avance hacia esta nueva normalidad -coja por ahora, porque sectores como turismo o automoción siguen muy afectados- tampoco parece ofrecer consuelo a los precios. Y el análisis seguirá en un territorio indefinido en tanto en cuanto no se llegue a una normalidad auténtica, algo que sólo se puede alcanzar con un tratamiento médico eficaz o una vacuna.

No sabemos cuánto tiempo transitaremos por esta indefinición. Entre tanto, lo de que los precios bajan (discurso teórico) contrasta con la realidad percibida por los hogares. El INE informó ayer de una caída del 0,3% de los precios en junio, más moderada que la bajada del 0,9% de mayo.  Los precios de algunos servicios (incluidos alquileres de viviendas) caen, pero los de la mayoría de bienes de consumo habitual aumentan en mayor proporción. En estos meses, también le ha tocado improvisar al instituto estadístico, construyendo índices de precios para aquellos bienes para los que, efectivamente, hubo alguna actividad de consumo, aunque fuera mínima. En particular, los precios de lo que el INE llama “bienes Covid-19” subieron un 2,3% en junio, mientras que los de los “servicios Covid-19” bajaron un 2,4%. Como en tantas ocasiones en estos años de tremenda expansión monetaria los bancos centrales nos dicen que los estímulos llegan porque la inflación está por los suelos, pero los bolsillos de los consumidores no lo notan. Muchos bienes que usamos de forma intensiva, desde móviles hasta bienes duraderos, pasando por muchos alimentos no elaborados, no ven reducido su precio, precisamente. Los carburantes (tras el reciente colapso del mercado del crudo) siguen siendo la explicación principal de la persistencia de una reducida inflación y la excusa de las autoridades monetarias para poder alargar su brazo salvador como si fuera “blandiblú”.

Por si faltaban piezas al puzle de la inflación, el coronavirus ha removido unas cuantas para que los dueños de los dos miedos (hiperinflación y deflación) relancen sus profecías. Lo cierto es que serán meses de aplicación de paradojas económicas, con aumentos de tasa de ahorro y mucha intervención pública. El qué pasará después es imposible predecirlo hasta que sepamos cuándo será “después”.

 

Morosidad tardía

Publicado en El País el 23 de junio de 2020

En las crisis hay efectos negativos imparables pero su incidencia puede aminorarse con una preparación y acción adecuadas. Pasa con los tratamientos paliativos y las vacunas en lo sanitario. También con la gestión de la morosidad en el caso del crédito. Aumentarán los impagos entre empresas y, con ellos, de algunos créditos. En la crisis que tuvo como apellido “financiera”, la morosidad fue un detonante al alza azuzado por el colapso del mercado inmobiliario. En el caso de la pandemia, los bancos se presentan más resilientes y con mayor capacidad de absorción de pérdidas. Si se produce un aumento importante de los impagos, parece haber más defensas para combatirlo.

Como otros efectos secundarios del Covid-19 en la economía -paro, restricciones fiscales, procedimientos concursales- la morosidad no suele “asomar” rápidamente. Tarda unos meses en hacerse patente. De hecho, los datos que ayer proporcionó el Banco de España indican que en abril -en pleno confinamiento- la ratio de morosidad de las entidades financieras españolas bajó, hasta el 4,75%, desde el 4,80% de marzo, nivel más bajo desde junio de 2009. En los próximos meses, me temo que tocará subir. Eso sí, el cómo lo haga será importante. En el verano y los meses posteriores se verán los efectos claramente. Ya antes del coronavirus había cierto recelo por cómo pudiera aumentar la morosidad del crédito al consumo. Ahora, poco a poco, toda la economía se enfrentará al trago más gordo, que será la situación financiera de empresas y familias pasados los efectos de ERTEs y otras medidas paliativas. Esta vez no será una morosidad inmobiliaria principalmente. En muchos casos estará ligada a sectores como hostelería y otros servicios turísticos pero no será exclusiva de ellos.

Aunque las acciones extraordinarias de financiación con avales públicos aumentarán el denominador de la ratio (volumen total de crédito), el numerador (mora) probablemente también crecerá con cierta intensidad. Los avales del ICO amortiguarán buena parte de las pérdidas por la morosidad del crédito nuevo concedido a empresas, lo que terminará impactando negativamente en las finanzas públicas. El aumento de los créditos dudosos se reflejará, con cierto retraso, a finales de 2020 y en 2021.

El Covid-19 guarda, por tanto, efectos retardados que golpearán con fuerza. “Lo peor está por llegar para la economía”, dijo Christine Lagarde la semana pasada. Los bancos lo saben y tendrán que lidiar con ello. Esta morosidad que llegará será algo peculiar porque es la resultante de un impacto fuerte, pero de un acontecimiento muy acotado en el tiempo. Tal vez algunas lecciones de la anterior crisis sobre cómo tratar de recuperar préstamos dudosos o ayudar a empresas y hogares puedan servir para los próximos meses. Entre 2009 y 2013 la morosidad no paró de crecer en España hasta superar el 13%. Se ha tardado 7 años en bajarla del 5%. Ahora, la morosidad volverá con fuerza, pero probablemente se podrá revertir de forma más acelerada de lo que lo hizo tras la crisis financiera porque su persistencia y naturaleza es más transitoria. Aún así, será reflejo de los muchos retos que tenemos por delante.

 

¿Espejismo financiero?

Publicado en El País el 9 de junio de 2020

Es importante que exista ilusión frente al miedo, pero también son precisas referencias sólidas para que todo no quede en un espejismo. La última semana, siguiendo la tendencia de las anteriores, destacó por dos acontecimientos financieros. El primero, la favorable evolución de los mercados de renta variable de todo el mundo, del que el Ibex-35 no fue excepción. Parecen haberse superado los peores niveles alcanzados en marzo, en pleno tsunami del Covid-19. Sorprende, en cierto modo, porque la economía real aún está comenzando a reactivarse y tiene pronósticos preocupantes e inciertos. Los mercados siguen yendo por libre en relación con la economía real. El pesimismo no ayuda. Tampoco esperar la recuperación por la pura inercia que generó la caída.

Las acciones del BCE siguen sirviendo para anestesiar las primas de riesgo, pero pocos confían ya en su poder vigorizante para recuperar crecimiento e inflación. Que la autoridad monetaria haya decidido aumentar notablemente volúmenes y alcance de la adquisición de títulos durante la pandemia era necesario e importante pero también indicativo de las negativas previsiones macroeconómicas para la Eurozona que debe estar manejando el banco central. No se conoce aún el verdadero fuelle de la recuperación de los sectores productivos.

Precisamente la segunda referencia financiera que ha llamado la atención recientemente ha sido la notable reducción de las primas de riesgo de los países de la zona euro más afectados por la pandemia, incluido España. Están a niveles pre-Covid. El programa pandémico de compras del BCE parece estar funcionando. En cuanto al tan comentado fondo de recuperación europeo, podría existir la tentación, como sucedió en la anterior crisis -en la que se propuso frecuentemente el rescate completo para España- de que nuestro país haga como hipótesis de partida la necesidad de emplear al máximo las transferencias y créditos “blandos” de esa facilidad europea. Están aún en proceso de negociación y los primeros desembolsos aún tardarían en llegar. Creo que es importante liberarse de cualquier espejismo y entender el papel que España debe señalizar ante la UE ahora. Si Europa está más abierta a ayudar y flexibilizar criterios, hay que situarse como candidato para los supuestos positivos, no los negativos o derrotistas. Todo ello reconociendo que tenemos serias restricciones financieras que impiden mayor contundencia en las acciones públicas para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Contar con más recursos facilitaría a España una mayor artillería (desde ya) para ser contundente y eficaz en materia de gasto sanitario y de apoyo a empresas y familias. Eso puedo entenderlo. Sin embargo, en la negociación parece necesario mantener la cabeza fría y no revelar una ansiedad que podría llevarnos con más velocidad de la deseada a tomar decisiones que dentro de unos meses podrían ser contraproducentes. También nos alejaría de nuestra propia responsabilidad y planes de acción. En suma, hay que diseñar y entender todos los posibles escenarios financieros del futuro -sobre todo en un contexto de restricciones fiscales y potenciales tensiones en la deuda soberana- pero creo equivocado posicionarse ya en uno de los escenarios extremos (solicitar toda la ayuda posible).

 

 

 

¿Suficiente crédito?

Publicado en El País el 2 de junio de 2020

En la anterior gran crisis, la financiera, el epicentro eran las entidades bancarias y la falta de crédito fue una limitación esencial para la recuperación. El Covid-19 ha pillado a trasmano a la economía, pero ahora existe la posibilidad de dotar crédito, de actuar rápido. Al menos, mucho más que hace doce años. Tanto los bancos como los gobiernos, en muchos países europeos, han entendido que había que hacer frente común para prestar dinero, compartiendo el riesgo de las operaciones. El problema es precisar cuánto crédito es suficiente, lo que obliga a responder con carácter previo a otra pregunta: ¿para qué se necesita la financiación?

Lope de Vega diría aquello de “por andar la bolsa estrecha, no está la deuda pagada, porque es mejor no dar nada, que dar lo que no aprovecha.” La financiación que ahora se concede, fundamentalmente con avales del ICO, aprovecha realmente. Su destino no es la inversión sino la supervivencia. En los últimos años, el flujo de financiación hacia empresas ha sido moderado y los 100.000 millones de euros que se quieren prestar con ese programa de avales bancarios suponen prácticamente un tercio de todas las operaciones que se concedieron en 2019, que alcanzaron los 348.380 millones de euros. La situación es excepcional. Llegan facturas y nóminas pero no ingresos ¿Cuánto dinero es suficiente para financiar una economía que ha estado un tiempo parada y ahora a ralentí? Demasiado. Ayer el Banco de España informaba de que el flujo de financiación a empresas creció un 3,1% en abril en tasa interanual. El triple de meses anteriores. Si se excluye la financiación con deuda, el crédito de entidades financieras a empresas aumentó un 5,8% en abril.

Los datos que han trascendido del programa de créditos bancarios con avales públicos es que se han concedido 35.832 millones a pymes y autónomos y 53.610 millones a otras empresas. 89.442 millones sólo en este programa. En abril y mayo de 2019, en una situación más normalizada, se habían concedido 57.184 millones de euros, lo que sugiere que la acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente. Baste con pensar que, según han señalado anecdóticamente algunas entidades financieras, la demanda de crédito es bastante superior a esas cifras. Esto invita a pensar que sería conveniente extender la financiación con avales durante más meses, incluso entrados en 2021. Claro está, con una monitorización de la calidad de los créditos y su posible impacto en la morosidad. Algo que va a depender de si se producen rebrotes del Covid-19 y en qué medida volverán a exigir detener la actividad o reducirán la confianza. La idea es simple pero articularla con suficiente control del riesgo es más complicado: hay que prestar a las empresas viables que puedan aguantar este trance y relanzarse después hacia la inversión. En la anterior crisis cayeron muchas que estaban en esa disposición pero cuyo crédito se secó de la noche a la mañana. No debe volver a ocurrir.

 

 

Lo que no son subvenciones

Publicado en el País el 26 de mayo de 2020

En la excepcionalidad económica actual es difícil encontrar un resquicio intelectual donde no se le conceda un papel considerable al Estado, pero existen riesgos conceptuales y programáticos. Entre las incertidumbres relacionadas con la concepción del papel público están las que pretenden aprovechar la coyuntura para hacerla estructura. La asistencia de urgencia con la permanencia de la intervención. En el ámbito programático, no se puede confundir taponar huecos de financiación o de ingresos con un subsidio ad infinitum. Si se piensa en la acción pública contra el virus en tres fases (contención, recuperación y sistema económico futuro), lo que se esté haciendo ahora resulta crucial para el sistema de incentivos de los próximos años. Desde los keynesianos hasta las posiciones más promercado se ha convenido que las grandes crisis dejan una impronta de superación o hundimiento durante décadas.

En España, en el abanico de medidas para combatir los efectos económicos de la covid-19 hay algunas que van orientadas a paliar los efectos del desempleo o de la paralización de la actividad. Subsidios de urgencia. Es necesario ayudar a los compatriotas que ahora sufren un revés importante por un shock totalmente ajeno a ellos. Por eso, un ingreso mínimo vital temporal puede ser una buena idea. Reitero, temporal mientras dure esta crisis. Sin embargo, un ingreso permanente de estas características sin incentivos a buscar trabajo es un error en un país con un mercado de trabajo tan disfuncional. Claro que es difícil jugar con la evidencia histórica del consabido enfrentamiento dialéctico entre sociedad y Gobierno en tiempos de recesión. Los ciudadanos esperan que la solución venga del Gobierno y, posteriormente, critican ferozmente la realidad de la insostenibilidad y desigualdad generada.

Es preocupante que, en un contexto de recursos escasos y tensiones en las finanzas del Estado, se puedan estar dando mensajes equivocados sobre los apoyos públicos. Por ejemplo, el eje principal de las medidas orientadas a la financiación de empresas, como son los avales del ICO, no son subvenciones a fondo perdido ni deben ser tomadas como tales. Esos préstamos son para devolverlos. Por ello, los avales deben ir a empresas con graves problemas puntuales por el coronavirus y sin otra alternativa financiera que el apoyo público. Y cualquier esfuerzo será poco si se cumplen esos criterios mientras haya bula fiscal desde Bruselas, que no será por mucho tiempo. Lo que no debe hacerse es canalizar fondos en forma de subvención para su reparto discrecional, sin atender a la máxima eficacia de los recursos escasos y las características de cada empresa. La idea es crear un sistema de garantías y pagos que funcione en todo el país —sin agravios regionales—, que no cortocircuite el sistema de incentivos empresariales. Los mensajes lo son todo. Si no apuntan a incentivos, pueden atenazar la inversión y el crecimiento futuro y generar desconfianza. Movilizar fondos no es esterilizar la capacidad de crecer e innovar del sistema. España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada.

 

Mercados de valores ante la pandemia

Publicado en El País el 12 de mayo de 2020

Para gestionar adecuadamente una cartera de acciones es preciso dominar los modelos, conocer los fundamentales del mercado y no olvidar factores psicológicos. Tres elementos, hoy por hoy, difícilmente controlables. Desde que estalló la crisis de la covid-19 los mercados de valores ilustran notables diferencias geográficas. Historias distintas a los dos lados del Atlántico, que hoy son solo una parte de un problema global. En Estados Unidos, no sin muchas dificultades, se espera una recuperación económica y financiera algo más ágil que en Europa. Los mercados lo reflejan, sobre todo por el impulso de las grandes compañías tecnológicas. El índice Nasdaq ya registra valores positivos, de nuevo, para lo que llevamos de 2020.

Los resultados empresariales en Estados Unidos están siendo menos malos de lo esperado. La primera gran divergencia que reflejan los mercados se halla entre el mundo digital y el que no lo es. Por eso ―y por falta de cohesión político-económica― en Europa hay muchas más dudas. Hay un mayor peso de sectores más castigados, en servicios como los financieros. Un informe de la semana pasada del Banco de Pagos Internacionales (BIS Bulletin 12: Effects of Covid-19 on the banking sector: the market’s assessment) señala que las acciones de los bancos han sufrido un castigo en los mercados equiparable al de Lehman Brothers en 2008 y que probablemente los más resilientes se recuperarán más rápido. Los bancos europeos sufren más por un entorno de tipos de interés menos favorable, un modelo de negocio aparentemente menos adaptativo que el estadounidense, las mayores dudas de la recuperación europea y la falta de infraestructura institucional en la Unión Europea.

Es difícil que los mercados anticipen una recuperación rápida, en “V”. Olvidémonos. Ni siquiera en Estados Unidos. Ya se está viendo en China lo difícil que es volver a los niveles precrisis. Ni el consumo energético, ni los pedidos industriales, ni el comercio exterior auguran un rebote suficientemente compensatorio en el corto plazo.

Hay otras intrahistorias de asimetrías bursátiles, más microeconómicas. El contexto actual es de abundancia de liquidez, escasez de rentabilidad y mucho riesgo. Mala combinación. Las pocas oportunidades de inversión con rentabilidades apreciables o las coberturas sofisticadas con bonos están solo al alcance de los inversores más privilegiados. Es difícil que queden oportunidades para inversores de a pie, fondos de pensiones y ahorradores en general. Un problema de nuestro tiempo que tardará en resolverse. La reacción de los bancos centrales vuelve a ser crucial a corto y medio plazo porque evitan el pánico y ponen coto a las primas de riesgo. Pero, a largo plazo, esta extensión de anomalías (financiación oficial y tipos muy bajos) ofrecerá pocos incentivos a un ahorro generalizado que, hoy por hoy, no ofrece apenas rendimiento para clases medias y difícilmente existe para clases bajas.

En este contexto de mercados parece tentador pensar que las Bolsas subirán y subirán cuando la recuperación económica se vaya visualizando. Claro que también podemos acordarnos de aquella frase de Keynes: “Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia.”

Ayudas asimétricas

Publicado en El País el 5 de mayo de 2020

Hay paralelismos entre la crisis financiera y la sanitaria que sacan algunas vergüenzas de Europa. Una cosa es clara, es mejor estar dentro que fuera. Hace mucho frío fuera del euro. Eso sí, la insolidaridad —salvo la acción del BCE— parece abrumadora. No solamente por el gradualismo, falta de empatía y tardanza en la entrega de los fondos comunitarios comprometidos para la pandemia. Tampoco porque el debate sobre los fondos de reconstrucción se posponga y se advierta sobre su condicionalidad. Debería también preocuparnos que los países del núcleo del euro —con Alemania a la cabeza— nos están “comiendo la tostada” en materia de ayudas públicas a empresas.

No porque presten un apoyo fiscal dentro de las normas a su tejido productivo. Eso sería comprensible. Más aún con su mayor margen para gasto público. Sin embargo, gran parte de esas ayudas públicas contravendría, en cualquier otro escenario, los principios competitivos de la UE. Pero con el marco transitorio aprobado con la covid-19, se puede solicitar una aprobación especial de la Comisión Europea.

Con la excepcionalidad actual, parece comprensible que las reglas de competencia puedan relajarse. Pero esa misma situación extraordinaria recomendaría que, en un entorno de mercado único, los países más afectados por la pandemia recibieran más ayuda y que la que presten o inviertan en capital de empresas no computara —o lo hiciera atenuadamente— a los efectos de protocolo del déficit. Ninguna de esas dos cosas está ocurriendo. Entre tanto, algunos países parecen “saltarse” otras reglas. Por ejemplo, Alemania, concentrando hasta la fecha la mitad de las cantidades aprobadas por Bruselas como ayuda excepcional a empresas. Suecia, Dinamarca, Holanda o Austria también tienen cuantiosos “permisos excepcionales”. Buena parte de ellos para, al igual que España e Italia, dar garantías públicas a préstamos privados. Otros cuantiosos, no obstante, para inyectar capital directamente en sus empresas.

Desde la crisis financiera de 2008, algunos países se beneficiaron comparativamente de esa asimetría. El “marcador” (scoreboard) de ayudas públicas a empresas de la Comisión Europea muestra que Alemania, Austria o Dinamarca concedieron a sus empresas el triple de ayuda pública (con aprobación especial de la UE) que España o Italia. Va a resultar que las diferencias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” (respaldo en caso necesario de sus más solventes Tesoros nacionales) que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato.

España debería actuar doblemente. Primero, reforzar con intensidad los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos y acometer, donde sea necesario, esquemas temporales (ojo, no nacionalizaciones) de recapitalización participativa. Segundo, una negociación más dura con la carta de un mayor escrutinio y, en su caso, incluso denuncia en instancias europeas (como ha hecho Ryanair) de las ayudas claramente asimétricas que otros países están otorgando a sus empresas y que distorsionan permanentemente la competencia y el mercado único.

 

La urgencia de la desescalada

Publicado en El País el 28 de abril de 2020

 

El Gobierno presenta este martes su plan para la progresiva vuelta a la normalidad que repetidamente se nos avisa de que ya no será la misma. Se afronta con dejes quijotescos. Ciudadanos, empresarios, economistas o psicólogos tratamos de medir los graves impactos de la forzada paralización, como quien intenta predecir el resultado de una batalla contra un gigante sin terminar de ver que, en realidad, lo primero que hay enfrente son molinos. Aquellos cuyas aspas son sanitarias. La única forma de que todo vuelva a girar. Ningún plan económico de reactivación va a funcionar si el pilar de la salud falla. Hasta la fecha, me temo que no sabemos lo suficiente.

Para calibrar el plan, tres hechos parecen incontestables. El primero es que, como en otros países, las cifras reflejan lo que se es capaz de diagnosticar, pero que probablemente no concuerda con la cifra de los casos o fallecidos reales. El segundo, que solo con un número de pruebas de diagnóstico abrumador y bien distribuido puede decidirse qué y dónde reactivar y, sobre todo, cómo actuar ante cualquier amago de rebrote. Tenemos modelos de éxito (Corea del Sur, por ejemplo), con sus peculiaridades, pero con sus posibilidades de aprendizaje. El tercero, hay algo de prueba y error en lo que ha trascendido hasta ahora de este tipo de planes en España y otros países de nuestro entorno. El problema es que, con este virus, si algo falla el error se detecta muchos días después.

Solo una capacidad tecnológica de diagnóstico y tratamiento precoz ofrece mínimas garantías. Hasta la fecha, parece que no la tengamos. Si el plan que este martes se presenta ofrece un mecanismo de detección con suficiente capacidad, podemos empezar a hablar de relanzar la economía con garantías. De lo contrario, habrá un riesgo importante latente y todas las acciones de apoyo financiero y fiscal se quedarán cortas.

La realidad es que el tejido y la capacidad productiva en materia de salud confrontan un buen capital humano con una limitada dotación tecnológica. Aunque es preciso reconocer la enorme dificultad de cubrir todos los escenarios y contingencias posibles, la economía y la sociedad precisan algunas certezas sobre el plan para las próximas semanas y meses. Con las previsiones actuales, el confinamiento total o parcial (según el encaje de cada uno en el plan) será de entre ocho y doce semanas.

Las estimaciones (Banco de España, FMI, Funcas) apuntan a un impacto muy grave en la economía por cada semana de parálisis, sobre todo en sectores muy sensibles y de gran importancia como los asociados al turismo. Hay que evitar una posible salida en falso. Por eso, el plan de este martes debe mirarse con lupa. Aunque lógicamente no cabe esperar que cubra todas las contingencias, debería al menos ofrecer controles y garantías sanitarias mucho mayores de las que hasta ahora se han evidenciado. Sabemos demasiado poco aún sobre el virus como para jugar a los dados.

Todo lo que no sea aportar velocidad de detección y control de contagios supone un riesgo para la salud, la economía y la moral difícilmente aceptable.

¿Qué deuda queremos?

Publicado en El País el 21 de abril de 2020

El Banco de España pronosticó este lunes que el PIB caerá este año entre el 6,6% y el 13,6% y colocó al turismo como sector particularmente afectado. El Estado parece la única tabla de salvación. Hay que sacar la artillería fiscal sí o sí. La resolución es compleja, pero la pregunta es simple: ¿qué uso de la deuda pública queremos? En la crisis de 2008, la financiera, los que salieron antes (Estados Unidos y Reino Unido) fueron los que optaron por ayudas rápidas y contundentes. Eso sí, orientadas al centro de los problemas tanto de los bancos como de la economía real.

En España, gastar genera dudas. Una inquietud que transpira en la coalición de gobierno. Dilemas varios entre incentivos, financiación o ayudas. Entre temporalidad o permanencia. La regla en momentos de urgencia es que lo que se gaste sirva para eso, para lo urgente. Y reducir su incidencia temporal.

En la crisis financiera había un sector especialmente afectado, la construcción, intensiva en mano de obra, lo que disparó el desempleo. En la crisis actual hay temores por sectores estratégicos, como el turismo, primera industria del país. Podría verse negativamente afectada hasta bien entrado 2021. También ocurrirá en otros países con una menor incidencia de la covid-19, pero con las mismas dependencias, como Grecia.

El dinero no abunda. La semana pasada se vieron las primeras tensiones apreciables en la subasta de Letras del Tesoro a 12 meses. El mercado ya parece descontar la falta de suficiente apoyo europeo, las desviaciones fiscales acumuladas y las vulnerabilidades del modelo productivo ante esta pandemia. Vienen tensiones de riesgo soberano nuevamente. Sin apoyo europeo, habrá que acometer gasto con toda la fuerza que induzca a apoyar el turismo, mejorar el sistema productivo y propiciar mejoras de productividad.

Las transferencias a las familias son urgentes ahora, pero deben ser temporales y centradas en quien realmente lo necesita. Me preocupa el actual enfoque del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, deberían permanecer los incentivos para incorporarse al mercado de trabajo y dinamizarlo cuando pase el efecto de la covid-19. Que, además, es como una pescadilla que se muerde la cola, porque si no aplicamos bien el gasto ahora, su efecto será más duradero y traerá más deuda poco productiva. Este virus puede ser de ida y vuelta, pero la economía no puede permitirse vivir en la intermitencia.

El gasto más urgente es el que apuntala la base sanitaria, el que permitiría prevenir o lidiar adecuadamente con nuevas oleadas. Junto a él, el “puente” de financiación y subsidios temporales para los colectivos desfavorecidos, así como autónomos y empresas paralizadas. En cuanto al turismo, son meses en los que vamos a vivir en una economía cuasi cerrada de facto.

Necesitaremos ideas y apoyo del sector privado también. Por ejemplo, como los bonos vacacionales que se manejan en Italia, para gasto con descuento o crédito con ventajas fiscales en el sector hostelero patrio. Tampoco puede olvidarse el transporte aéreo y otros sectores estratégicos sensiblemente afectados. Asistirlos para que vuelvan a transitar solos después. ¿Más deuda pública, entonces? Sí, pero bien usada.

 

La V está en la solvencia

La economía es un conjunto de plantas que hay que regar. Los regantes desaparecieron con la Covid-19 y el confinamiento. Las plantas más vulnerables ya dan señales de debilidad extrema. Hay que evitar dos escenarios para que el jardín no muera en este shock. La primera, que no llegue agua. La segunda, que las raíces se pudran. En la economía, el agua es la financiación y las raíces son la solvencia. Lograr una recuperación económica en V no va a ser nada sencillo. Más aún en un contexto imposible para hacer predicciones sobre la forma de la recuperación. Aparte del necesario control sanitario, es necesario mantener la salud del sistema productivo, en particular de los sectores más afectados.

Esa salud empresarial implica recuperar la oferta productiva, el empleo, el consumo y la inversión, con la necesaria concurrencia de los Gobiernos. Ganan sentido —extraordinario ahora mismo— financiaciones mixtas, que implican agua de riego en forma de crédito avalado y participación en el capital para salvar raíces. Sin olvidarse que el acceso a algunos programas de financiación públicos extraordinarios es solo posible superados unos umbrales mínimos de solvencia, que cubran riesgos y eviten quiebras.

En materia de liquidez, el Gobierno ha actuado hasta con un programa de financiación privada mediante avales públicos del ICO, aunque paulatinamente en tramos de 20.000 millones. Gradualismo que no genera la suficiente estabilidad y confianza, por lo que hace falta sacar ya toda la artillería. Asimismo, se ha pedido una respuesta europea y así el Eurogrupo aprobó la semana pasada un programa que, entre otros elementos, implica financiación para empresas desde el Banco Europeo de Inversiones. Incluso el BCE, especialista destacado en riego por inundación, tiene aún la posibilidad de activar mecanismos de financiación para pymes y autónomos, como abogué desde esta tribuna. Todo ayuda, pero tampoco parece suficiente para conectar raíces y ramas.

Dicho esto, una buena noticia para el reforzamiento de la solvencia es que ya existen los mecanismos legales para activar la financiación participativa del sector público, entrando en el capital de empresas si fuera necesario. Todo ello por tiempo limitado porque no se trata de intervenir empresas sino de hacer puente y, lógicamente, con condicionalidad sobre bonuses y reparto de beneficios. La Comisión Europea está aprobando entre marzo y abril un nuevo Marco Temporal para las ayudas estatales, que incluye la recapitalización de empresas. Aumenta el montante financiable, reduce la burocracia y permite compartir riesgos con más flexibilidad. Muchos de esos cambios europeos están partiendo de Alemania, que demuestra anticipación y visión estratégica y que ya ha creado un fondo de estabilización nacional que permite la entrada en el capital empresarial. Echo de menos en este asunto, como en otros desde hace muchos años, una visión española propia para dar forma a lo que se cocina en Bruselas. En todo caso, esta normativa europea daría oportunidad para actuar rápido en España y abriría aún más las posibilidades ya existentes para que Gobierno central y agencias autonómicas dinamicen los préstamos participativos a empresas. Ojalá se aproveche con eficacia.