Publicado en eldiario.es el 28 de abril de 2017

 

Desde finales de 2014 la Unión Europea ha tratado de impulsar la financiación de los sectores con más dificultades para obtener fondos y desarrollar proyectos de fomento y desarrollo dentro de un gran plan de promoción de las inversiones. Hasta la fecha, el éxito ha sido sólo relativo pero la idea y su estructura de funcionamiento permanece. Uno de los objetivos principales es articular una red institucional sólida que fomente y participe activamente en la financiación del emprendimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son las más proclives a sufrir déficit de financiación. Así, la Comisión Europea considera que los llamados “bancos promocionales” pueden ser los agentes que vertebren buena parte de la financiación de estos proyectos e insta a su creación y desarrollo a las escalas nacional, regional o local.

Según indica el artículo 2 de la regulación del Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI, por sus siglas en inglés), un banco promocional es una entidad financiera a la que un organismo público le otorga el mandato de desarrollar actividades de promoción y desarrollo, de diferentes formas y con diferentes productos, de acuerdo a las necesidades específicas de cada caso. Y sugiere, además, que son los propios estados miembros de la UE los que pueden impulsar sus propias entidades promocionales. A nivel europeo, la más conocida –y una de las principales articuladoras en conjunción con otras a escala nacional- es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En España, hay diferentes iniciativas de esta naturaleza fundamentalmente impulsadas por las carteras ministeriales de economía e industria, entre las que destaca el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Explicar cómo el IVF se convierte en un banco promocional requiere también dar un paso atrás porque exige una reconversión de este instituto. Una transformaciónque ya está, de hecho, avanzada y que ha implicado sanear deuda y reestructurar con un objetivo de funcionamiento y de eficiencia que se basa en separar la actividad de política pública del capítulo de inversión financiera privada. El saneamiento y recapitalización del IVF permitirán crear una entidad nueva sin reminiscencias ni cargas del pasado. Precisamente, el nuevo IVF nace para cubrir ese hueco de mercado que se señalaba anteriormente, estableciendo mecanismos de control corporativo desde la acción pública, de manera que ésta última sea la primera en exigir su control y transparencia, aunando así lo mejor del mundo privado y de la supervisión y control públicos. Pretende el nuevo IVF nutrirse de consejeros independientes que acompañen en la gestión a los representantes de las diferentes instituciones públicas y aseguren una gestión y un control de la institución bajo criterios de estricta eficiencia y responsabilidad. Se pone en marcha, además, una web de transparencia para seguir, casi en tiempo real, las acciones emprendidas, así como la publicación de informes de evaluación ex – ante y ex – post de cada una de las actividades. Incluso, para poder evaluarlas con el mayor rigor y de forma externa, -y para poder sacar un conocimiento que permita mejorarlas- se creará una base de datos abierta a centros de investigación sobre estas actividades. Por supuesto, no faltarán los controles ordinarios propios de su condición de empresa pública, incluido el de la Sindicatura de Cuentas, el parlamentario y el de supervisión a través del acuerdo voluntario alcanzado con el Banco de España.

El renovado IVF nace con una amalgama de funciones que pretende separar la iniciativa política de la gestión privada, empezando por los perímetros que para ambas funciones marca el sistema europeo de cuentas (SEC), lo que permite separar funcional y contablemente cada una de las actividades. En la Comunidad Valenciana esas funciones son hoy muy necesarias y lo serán aún más en el complejo mercado financiero del futuro. Así, por ejemplo, es conveniente corregir fallos de mercado en la provisión de servicios públicos, dar alguna viabilidad financiera a empresas supuestamente más opacas por su propia naturaleza de pyme o, simplemente, por ser de nueva creación. Parece conveniente también ayudar a empresas de éxito a superar perímetros y alcanzar nuevos mercados. Y hacer todas estas funciones mediante una colaboración público privada.

En este modelo de negocio, el IVF adopta de forma completa la naturaleza de banco, que fundamentalmente cubriría huecos en la financiación de las pymes, con plena funcionalidad como entidad financiera para acceder al entramado de financiación del BEI. Se trata, por tanto, de insertar a la Comunidad Valenciana en un sistema de financiación promocional de primer nivel. De este modo, se puede favorecer la utilización del crédito como herramienta de política económica utilizando fondos reembolsables en lugar de subvenciones. Y no sólo en el ámbito de las políticas económicas sectoriales, sino también en el ámbito de las políticas sociales. Además, el IVF puede ayudar a reducir el impacto de la prociclicalidad del crédito (más financiación en las fases alcistas del ciclo económico y menos en las recesiones), reduciendo el racionamiento de crédito en entornos económicos desfavorables. Los instrumentos serán, fundamentalmente, líneas de crédito y canalización de financiación europea y de otros ámbitos promocionales. Esas líneas son préstamos participativos con cierto riesgo para fomentar el emprendimiento, en la idea en que es mejor participar en proyectos de inversión que subvencionarlos.

Se trata de un proyecto ambicioso, aunque pertinente. No exento de riesgos, en el que las fases iniciales son fundamentales para evitarlos. Porque radican principalmente en esa necesaria y estricta separación de la política pública del criterio independiente, motivado y transparente en la ejecución de las políticas de financiación. El proyecto está ahí avanzando hacia su concreción. La crisis ha evidenciado la existencia de huecos e ineficiencias en el mercado del crédito. La austeridad y la transparencia en las cuentas públicas ha sido y seguirá siendo necesaria pero el fomento de la actividad empresarial y su co-financiación desde la acción pública parece también necesaria, tal y como se ha evidenciado estos años. La Comunidad Valenciana tiene un proyecto para ser parte de la red europea que articula esa acción.

*Santiago Carbó Valverde és Catedràtic d’Economia de CUNEF i director d’Estudis Financers de Funcas

Publicado en El País el 25 de abril de 2017

La primera vuelta de las presidenciales francesas ha traído un rally a los mercados, el de Macron. No es que los sondeos no previeran el resultado. Esta vez lo han clavado. Pero los mercados esperaban una confirmación de que esta vez no habría sorpresas. Porque las posiciones “cortas” respecto al euro estaban otra vez alcanzando cotas preocupantes y porque la previsible victoria de Macron frente a Le Pen el próximo 7 de mayo sería un resultado a favor del futuro de Europa, el de un proyecto que compatibiliza las reformas con la necesidad de una mayor protección y solidaridad común. Lo curioso y preocupante es que los franceses puede que no estén votando por un programa económico y de reformas distinto —que necesitan como agua de mayo— sino que puede que se hayan quedado con la opción más limpia y nueva ante el desolador panorama de las opciones tradicionales, entre la indefinición ideológica y la corrupción.

Este apoyo a Macron, a medias intencionado y a medias accidental, tiene una significación muy importante para el futuro de la economía europea. Para lo que no ha existido suficiente gallardía en los últimos años es para explicar que el modelo de bienestar europeo no se sostiene en sus parámetros actuales, ni en términos económicos ni generacionales. La crisis solo ha acelerado el deterioro pero no es su causa. El proyecto en torno a la UE tampoco es el culpable, sino parte de la solución. La inercia en el papel del Estado, la destrucción de los sistemas de incentivos y la falta de reformas tiene mucho más que decir respecto a la situación en la que nos encontramos.

Francia sigue estancada y Macron ha ofrecido algunas recetas para comenzar a engrasar la maquinaria. Pero le va a resultar tremendamente difícil ponerlas en práctica. Su partido es liberal, un concepto que se está pervirtiendo hasta la extenuación por sus críticos, para los que no existen grises ni matices y solo prefijos como neo o ultra. La primera medida que se quiere adoptar es una reforma laboral que, en distintas versiones, ya ha dinamitado gobiernos aparentemente más sólidos que el que puede ahora conformarse. Y, por supuesto, un plan de inversiones y de compromiso con Europa, que los dos extremos a izquierda y derecha de la política francesa desprecian. Todo, con un partido que es más un hombre que un grupo, a medio hacer. Un problema común para la política europea: el centro es débil y los lados tienden al populismo.

Era difícil esperar que Francia pudiera reimpulsar el proyecto europeo en su estado de negación pero ahora, entre el miedo al abismo y la obviedad de ciertos deterioros, ha surgido una oportunidad. Dependerá del resto de fuerzas construir un proyecto común y un posible liderazgo para la reconstrucción económica europea que, nos pese o no, hasta ahora solo había sostenido Merkel. La responsabilidad es compatible con la solidaridad. Las políticas sociales son compatibles con las reformas. Europa es incompatible con el populismo. Los referendos deben dejar de ser momentos de temor para convertirse en referencia de equilibrios y oportunidades. Los gobiernos deben retomar el liderazgo porque el BCE no puede ostentarlo eternamente.

Publicado en El País el 18 de abril de 2017

En el primer capítulo del famoso libro de Raghuram Rajan Fault Lines —editado en español como Grietas del Sistema—, se describe el principal detonante de la crisis financiera en muchos países con la expresión “que coman crédito”. Tipos de interés reducidos, estándares de concesión laxos y una burbuja inmobiliariaconstituyen una bomba de relojería de la que hemos conocido y sufrido sobradamente las consecuencias. Que perduran. En España el banquete no fue pequeño. Hubo incluso una pasada de frenada porque mientras que la crisis era ya una oscura realidad en muchos países, en estos lares el sector privado siguió engullendo deuda hasta 2010. En aquel año, las empresas y hogares españoles llegaron a contar con crédito y valores negociables —distintos de acciones—, por importe de 2,33 billones de euros, un 216,7% del PIB. Las Cuentas Financieras publicadas este lunes por el Banco de España señalan que ese endeudamiento se redujo hasta 1,85 billones en 2016 (166,1%).

Se trata de un esfuerzo encomiable que, en no pocos casos, encierra desenlaces desagradables tanto corporativos como familiares. El sector privado ha reducido su deuda en 482.645 millones de euros en tan solo seis años, prácticamente un 50% del PIB. Son las empresas (con una caída de esta deuda de 296.694 millones) y los hogares(que devolvieron 185.551 millones) los que están permitiendo reequilibrar financieramente el país. En el mismo período, las administraciones públicas han aumentado su deuda en 739.085 millones de euros. Aunque alguien tiene que gastar para que la nave no se hunda, la sostenibilidad es importante en todos los sectores.

Mucho tiene que ver con este desendeudamiento privado la acción del Banco Central Europeo, porque los tipos de interés reales negativos han reducido de forma sustancial la carga financiera de los préstamos. Es el ahorro el que más se resiente. Las llamadas operaciones financieras netas de las familias como porcentaje del PIB, lo que comúnmente se denomina “ahorro financiero neto” disminuyó del 3,2% en 2015 al 2,6% en 2016. Esto sucedió, principalmente, porque aunque se adquirieron activos financieros por importe de 39.000 millones de euros, las inversiones tuvieron una caída de valor de 11.000 millones de euros en el conjunto del año, fundamentalmente por el negativo comportamiento de la bolsa durante la mayor parte del ejercicio.

El perfil del ahorrador español se ha vuelto más conservador tras la crisis. A finales de 2016 el 41% del ahorro se materializaba en depósitos y efectivo, aunque las participaciones en capital cuentan con un nada despreciable 25%. En todo caso, el componente que más aumenta su peso en el balance financiero de las economías domésticas son los fondos de pensiones privados, que ya representan el 17% del total de activos. Otra historia —para no dormir— es dónde se concentra esa riqueza financiera por tramos de edad, lo que requiere un análisis distinto. Desde luego, no es en los jóvenes, ni sus perspectivas en este sentido son las más halagüeñas. Muchos de ellos comieron crédito en unas supuestas perspectivas de renta y empleo favorables que ahora, no son tales.

Ahora, poco a poco, se compatibiliza engullir crédito de forma más moderada y sostenible con devolver el existente. Un equilibrio complicado y no siempre controlable.

 

Artículo publicado en El País el 11 de abril de 2017

Detrás de la euforia suele haber alegría por la sorpresa positiva y una cierta exageración de las emociones, impulsada por el optimismo. Pero también se esconde el peligro de alejamiento de la realidad. Algo parecido le está ocurriendo a la economía española. 2017 lleva camino de ser un nuevo año en el que los datos de crecimiento y empleo superen las previsiones. De hecho, estas ya se están revisando al alza. Así lo hizo el Banco de España hace pocos días con la variación estimada del PIB, que elevó del 2,5% al 2,8%, volviendo de nuevo a situarla cerca de ese 3% que ha sido referencia media del avance de la economía española en los últimos años y al que se había dicho prematuramente adiós. Y los datos de empleo de marzo han sido tan destacados que sugieren que todo se está moviendo a un ritmo mayor del previsto y han llevado al ejecutivo a afirmar que el desempleo bajará hasta el 16,6% a finales de año. La ocupación hotelera en Semana Santa, en el entorno del 90%, es otro síntoma de animación.

Incluso en el diseño de determinadas políticas, como la presupuestaria, hay cierta euforia. Mientras que la mayor parte de los analistas sugieren que la estimación de ingresos fiscales es exageradamente optimista, el Gobierno espera que el crecimiento económico les aporte realismo. Seguramente, la previsión oficial de variación del PIB cambiará más pronto que tarde. El ejecutivo viene siendo prudente a la hora de revisar al alza las previsiones. Suele ser de los últimos en hacerlo. Pero así se aprovecha más el poder que tiene aumentar el denominador en las ratios del cumplimiento, cuando una sorpresa positiva en el PIB se convierte en una ayuda para cumplir con los compromisos de deuda y déficit.

Se esperaba que los vientos de cola se retirasen. No obstante, aunque menos, siguen soplando. El precio del crudo permanece estable y, aunque la inflación asoma, los estímulos monetarios seguirán siendo importantes durante un tiempo considerable. El Brexit, la incertidumbre internacional y otros huracanes parecen haber perdido fuerza al tomar tierra, aunque su poder destructivo y capacidad de sorpresa se deben seguir teniendo en cuenta.

Parece justo reconocer que algo ha cambiado en la estructura productiva española, que se puede crear empleo con menos crecimiento que antes y que la competitividad exterior ha mejorado más de lo que podríamos esperar. Pero cualquier incómodo observador advertirá del peligro de la inercia. La realidad es que el ritmo de reformas se ha reducido de forma significativa, en un país en el que la educación, la innovación, la energía o la eliminación de privilegios de algunos sectores sigue siendo absolutamente necesaria. Si algo debe enseñarnos la crisis —que aún está muy presente— es que hay que mejorar la capacidad de resiliencia. No podemos considerar aceptable que cuando arrecien vientos de cola se genere la inercia contraria a la actual. Una en la que el crecimiento y el empleo se resientan más de lo esperado. Los castillos de naipes llevan mal las euforias. Es preciso edificar sobre bases más sólidas que las coyunturas favorables.

Publicado en El País el 4 de abril de 2017

http://economia.elpais.com/economia/2017/04/03/actualidad/1491237416_272695.html

El inicio de las negociaciones del Brexit está marcado por los nervios, disputas estériles en estos momentos sobre cuestiones demasiado específicas (Gibraltar, por ejemplo) en el marco global y las primeras señales de diáspora. Aunque es prematuro concluir algo de modo definitivo, se están comenzando a producir algunas salidas significativas de personas, empresas, bancos y hasta de ideas del Reino Unido. Este lunes informaba Bloomberg, en un interesante artículo, que son, al menos, cuatro millones de expatriados —tres millones de la UE y uno de británicos— los que se verán más directamente afectados. Solo un dato sobre la importancia de España en el proceso: un tercio de los británicos que viven en la UE lo hace en España, sin olvidar que, al menos, 132.000 españoles residen en el Reino Unido.

Hay señales inequívocas de que la diáspora del Brexit está en marcha. Con libros blancos o sin ellos, el grado de improvisación y unilateralidad con que el Gobierno de las islas está procediendo resulta desconcertante. Se va perdiendo el rastro de la flema británica. Muchos abandonan ya la disyuntiva entre Brexit duro y blando para referirse, simplemente, al Brexit vacío, a la realidad de que las promesas de un futuro mejor fuera de la UE tenían muy débil sustento. Se ha generado un clima de incertidumbre en el que ni el dinero ni las personas se sienten cómodas (“we feel unwelcome”). Y las segundas irán detrás del primero por el Canal de la Mancha. En los últimos días han sorprendido los movimientos de bancos como Lloyds, que va a montar delegaciones considerables en Bruselas y Berlín. JP Morgan ha comprado ya un edificio en el centro de Dublín con capacidad para más de mil trabajadores con propósitos similares.

La mayor parte de los grandes bancos tiene planes de contingencia que afectan a un gran número de sus empleados y que, en la mayoría de los casos, supone el traslado, como mínimo, de entre un 25% y un 35% de su actividad fuera de Londres. Este es solo el primer paso. Muchas de estas instituciones consideran que puede ser más barato convertirse en un banco con licencia única en la UE que pagar los costes de supervisión y regulación que Londres les impondría por mantener su sede británica y colocar subsidiarias en territorio de la UE (los llamados costes del ring-fencing). Muchos trabajadores de la UE en Reino Unido también se están planteando hacer las maletas. Y han caído significativamente las peticiones de trabajo por parte de ciudadanos de la UE en sectores sensibles como la sanidad —a pesar de que el sistema nacional de salud británico necesita profesionales cualificados en áreas como enfermería y ofrece más de 20.000 vacantes—, la ingeniería o la universidad. Puedo atestiguar que, además, la percepción de incomodidad por la inseguridad legal y, simplemente, por el ambiente, es creciente.

La situación de la universidad y las artes es particularmente llamativa. El capital humano extranjero ha sido una tremenda aportación de competitividad para la ciencia y la cultura británicas y la huida es cada vez más significativa. Incluso muchos profesores británicos se plantean trasladarse a territorios más abiertos y colaborativos. En el fondo, una de las ideas más hirientes del Brexit es la percepción de que se hacen mejor las cosas solo que acompañado, que hay poco que aprender del resto. La diáspora puede dejar las vergüenzas al descubierto.