Unión bancaria adaptativa

Publicado en El País el 20 de junio de 2017

Estos días de sofoco pre-estival hemos recordado otros veranos de bochorno —en sentido amplio— que marcaron la crisis bancaria en España. La caída y posterior venta de Banco Popular suena a último episodio de un largo proceso de saneamiento. Este lunes presenté un informe que he realizado para EuropeG sobre el estado y perspectivas de la unión bancaria europea con sensación de déjà vu e involuntaria actualidad. La unión bancaria que hoy tenemos es un logro importante —que contribuyó a aplacar la crisis de la deuda soberana— pero desigual e incompleto, con un marcado componente adaptativo que afecta particularmente a España. Parte de nuestro sector bancario ya fue banco de pruebas hace cinco años y ahora el Popular ha sido actor destacado en el estreno del mecanismo de resolución

Es difícil asumir la crudeza de la nueva normativa europea para los pequeños inversores. Pero el orden de actuación es fundamental: primero, sufrir las pérdidas (bail-in); después, si procede, reclamar. Y sí, es un fastidio difícil de justificar (sin sonrojo) que en el caso del Monte dei Paschi di Siena (MPS) italiano —el actor secundario en el estreno del mecanismo de resolución europeo— los bonistas asuman pérdidas inmediatamente sufragadas por el banco que, a su vez, las cubre con fondos de un rescate público. También es difícil entender estos días el papel que juegan los test de estrés aplicados a la banca. Mi opinión es que no se trata tanto de un problema de las pruebas como del tempo de su medición y aplicación y, sobre todo, de las acciones correctoras asociadas a los resultados. La diferencia es clara entre las realizadas en Estados Unidos y en Europa ¿hubiera permitido la Reserva Federal que se prolongara tanto tiempo la venta de activos de Popular? Parece que el mercado llevaba tiempo sin entender tanta espera y finalmente se desató la desconfianza.

También surgen dudas (una vez más) sobre la relación entre solvencia y liquidez. Hemos sabido que el Popular recurrió en varias ocasiones en sus últimos días a la asistencia de liquidez de emergencia (ELA) del BCE. Pero fue insuficiente ¿Deben ser la ELA el único y último mecanismo en situaciones de estrés relacionadas con la liquidez? Resulta algo dramático que la puntilla a la situación patrimonial del Popular fuera una cuestión de caja, aunque ello no obviara el vertiginoso descenso del valor de la acción. Parece que el supervisor único y su mecanismo de resolución tendrán que pensar en formas de monitorizar —con velocidad y cuando sea factible— estas situaciones para evitar actuar cuando ya solo toca misa de responso.

Una nota adicional algo más que anecdótica: hemos avanzando en la unión bancaria en unos años en que los bancos de cada país han reducido su exposición inversora a otros países miembros. Es señal de retroceso claro en integración y riesgos compartidos. Solo contando los cinco mayores sectores bancarios europeos, la exposición transfronteriza cayó 1,6 billones entre 2008 y 2016. La resolución única con fragmentación es complicada.

Churras y merinas bancarias

Publicado en El País el 13 de junio de 2017

http://economia.elpais.com/economia/2017/06/12/actualidad/1497292816_925368.html

Varias veces en los últimos años ha habido episodios de contagio en el sector bancario. Se ha tratado, generalmente, de un abrupto tratamiento del todo como la parte. La incertidumbre sobre la solvencia de un banco o varios en un país se extendía, de forma ineludible, al resto.

En el caso de la eurozona, en algunos momentos tuvo incluso connotaciones epidémicas en las que no sólo se veían afectados los sistemas financieros de un buen número de países, sino el propio euro. La causa era fundamentalmente la opacidad informativa. Se sabía por dónde empezaban los problemas de calidad de los activos pero no por dónde terminaban.

Este riesgo de contagio se ha prolongado tal vez demasiado tiempo en Europa pero el esfuerzo de transparencia realizado en algunos países, como España, ha sido significativamente mayor y ha incorporado importantes sacrificios. Ante este argumento, hay quien podría preguntarse cómo es posible que el Popular haya caído. Incluso que se cuestione para qué sirvieron las pruebas de esfuerzo. Aunque la respuesta va a requerir un análisis concienzudo, muchos nos seguimos preguntando por qué no se segregaron antes los activos improductivos de este banco, acabando de este modo con las dudas sobre la pérdida incurrida y el valor de la acción. El banco podría quizás haber sobrevivido pero conviene insistir en que las causas de su destino final precisan un estudio más detallado. Afortunadamente, ahora el sector bancario español cuenta con saneamiento y músculo financiero para resolver el entuerto tal y como se ha hecho.

No obstante, tras la fulminante absorción del Popular, parece que otros valores bancarios se han visto afectados de forma muy concreta y sorprendentemente en lo que a todas luces parece una extrapolación acelerada y equivocada del caso del Popular. Se confunden churras con merinas. Si se analiza, por ejemplo, el caso de Liberbank, se observa una reducción de la morosidad y una cobertura del deterioro de activos muy destacables. Se trata de un banco que ha reducido su morosidad un 38% en tan sólo un año (estará a final del año en torno al 10% y en el 7% el próximo), con una ratio de capital del 12% y una sólida base de depositantes.

Ante estos movimientos especulativos de la parte sobre el todo, la mejor respuesta es la certificación externa y creíble de la calidad de los mismos y es en esa dirección en la que se debe actuar. Prohibir las posiciones cortas ha sido la solución adoptada —y parece tener una justificación por la excepcionalidad y por la ferocidad de los ataques que se podían haber ampliado de otro modo— aunque es un terreno complicado por el que transitar. En todo caso, convendría que cundieran los mensajes públicos de autoridades relevantes que enfatizaran la posición de fortaleza de las entidades financieras potencialmente afectadas, porque si han realizado un esfuerzo de transparencia como el que han realizado, este debe refrendarse siempre que sea preciso.

 

El último gran paso de la reestructuración financiera

Publicado en Cinco Días el 8 de junio de 2017

Ayer se cerraba la última página de la historia de Banco Popular, absorbido de urgencia por Santander. Muchos accionistas y tenedores de bonos han perdido su inversión, pero, desde el punto de vista del conjunto del sistema, se ha absorbido el shock y se ha llegado a la mejor solución posible, dadas las circunstancias. Se puede discutir sobre la viabilidad última y valor de franquicia de Popular (que lo hay, con una gran base de clientes), pero las acciones de la entidad cayeron presa de la fatalidad que se genera cuando la situación del balance no se aclara en tiempo y forma de manera satisfactoria.

El marco actual de la supervisión financiera en Europa es una suerte de relativa coordinación entre el mecanismo único que se gestiona desde Fráncfort y las autoridades nacionales. Y, en términos muy simples, la idea de la nueva resolución bancaria europea (en marcha desde comienzos de 2016) es que, en caso de problemas de viabilidad y/o solvencia, asuman pérdidas accionistas y bonistas antes de que el Estado ponga un euro. Se toca el bolsillo del inversor antes que el del contribuyente, algo que siempre ha tenido una lógica difícilmente rebatible, pero que no ha sido fácil aplicar en todos los países. El comunicado conjunto de la autoridad de resolución española (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) y de la europea (Fondo Único de Resolución, FUR) tiene tres elementos contundentes respecto a Popular: inviabilidad, asunción de pérdidas y venta.

 Se puede reflexionar sobre si esta situación se podría haber evitado. Está demostrado (la evidencia es contundente) que retrasar las acciones de valoración, transparencia y acción temprana solo hace que las pérdidas sean mayores. Popular pasó de ser motivo de preocupación a objeto de confusión creciente y, finalmente, presa de la especulación. Afortunadamente, el sector bancario español de hoy es lo que deseábamos que fuera tras la dura travesía que sufrieron las entidades financieras en toda Europa durante la crisis de deuda soberana. Hay músculo, gestión y visión para aplicar mecanismos de absorción de pérdidas y relanzar el valor de franquicia del extinto Popular bajo la propiedad de Santander.

Estos días se discutían diferentes opciones, pero el valor de la acción caía en picado. Desde luego, a España no se le pueden atribuir dudas en la aplicación de los mecanismos de bail-in(pérdidas para inversores antes que para depositantes o contribuyentes). Se impusieron como parte del programa de asistencia financiera en 2012 –cuando aún no eran parte de la regulación europea– y se han aplicado ahora en el marco de la nueva resolución bancaria única.

El azar o la necesidad han hecho que la resolución de Popular coincida con la de Monte dei Paschi di Siena (MPS) en Italia. Dos procesos muy distintos en tiempo, forma y repercusiones. El español, contundente, bajo las normas europeas y con el resto del sector saneado y progresando en rentabilidad y solvencia. El italiano, confuso y enormemente condicionado por factores políticos y por la debilidad del conjunto de la banca italiana, en un entorno macroeconómico y financiero deprimente.

Considero que la mejor noticia para el sector bancario español es que con esta absorción parecen despejarse las últimas dudas, algo que pocos países pueden afirmar hoy en Europa.

Una de las diferencias más evidentes respecto a Italia es que en España primero se aplicó el bail-in y luego se depuraron las responsabilidades sobre la distribución de bonos entre minoristas por vías privada, judicial y de arbitraje. En el caso italiano, se han impuesto (solo aparentemente) pérdidas a los inversores pero ya se ha previsto, de partida, que el propio MPS las compensará en buena parte. Por supuesto, tras recibir fondos públicos, lo que es un claro vaso comunicante entre el dinero público y la indemnización a inversores privados. Un rescate disfrazado de bail-in.

Es bastante probable que la opción por la que se ha optado en Italia no sea otra cosa que un tapón en la hemorragia de una entidad que tiene escasos visos de éxito a largo plazo, para frenar el pánico sobre el resto de un sector italiano sobre el que persisten las dudas.

En España, el resto del sector había despejado esa incertidumbre y el riesgo de contagio estaba controlado, pero era precisamente por eso, para refrendarlo, que el último gran paso de la reestructuración y saneamiento del sector, el último foco de dudas, debía resolverse.

Claro que una de las grandes cuestiones pendientes es la gestión de los activos problemáticos de Popular. No es que estos activos no se conocieran, pero la forma de gestionarlos y su valoración exacta requerían más celeridad. Santander cuenta, sobradamente, con la capacidad para segregar y gestionar estos activos de forma adecuada y aprovechar todo el potencial que ofrece la clientela y recursos de Popular. La indigestión inmobiliaria de este último no debe confundirse con el valor de sus depositantes y prestatarios.

Ayer fue un día de malas noticias para sus inversores pero, probablemente, fue un día de alivio para la industria bancaria españolaporque cierra, definitivamente, el ciclo en el que se ha logrado el mayor ejercicio de transparencia aumentada (más allá de los ejercicios comunes de estrés) que se ha realizado en Europa.

Considero que esto beneficiará a los bancos españoles y al conjunto del país porque reforzará la visión sobre la calidad de los activos que ahora están en los balances. El reto de gestionar activos deteriorados es común a una eurozona donde, según el propio BCE, hay un billón de euros bajo esta categoría. En España ya se han segregado, provisionado y vendido buena parte de ellos. Los pendientes de sanear Popular tendrán el mismo destino.

La operación de absorción tiene dos características que se deben apreciar en cualquier contrato financiero: simplicidad y limpieza. Eso de que se vende “por un euro” es una proclama simbólica para absorber de un plumazo las pérdidas, segregar los activos y transmitir tranquilidad a depositantes. Santander ya ha demostrado en territorio nacional y en todo el mundo su capacidad para reestructurar y reorganizar.

Como no podía ser ya de otro modo, la entidad absorbida se integra en la marca Santander. El grupo alcanzará en España 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y del 25% en pymes. Podría parecer un aspecto colateral en la nota de prensa emitida ayer por Santander pero, particularmente, me parece muy relevante: la entidad mantiene, con la absorción también, su voluntad de diversificar el negocio dando más ponderación al de pymes.

Si se reflexiona sobre el futuro del negocio bancario, todos los caminos llevan a dos soluciones: tecnología y negocio con empresas de tamaño mediano y reducido. Santander ofreció datos apreciables en una operación de estas características, entre los que cabe destacar, de cara a sus accionistas, tres. El primero, no es preciso modificar el plan estratégico de la entidad. El segundo, se espera que la operación genere un retorno del 13%-14% en 2020. Y el tercero, muy importante, las sinergias en coste habituales en las adquisiciones, que se estiman en 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

¿Cómo puede gestionarse un volumen elevado de activos deteriorados sin modificar la calidad del activo y la solvencia de Santander? El banco dotará 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, lo que elevará su nivel de cobertura del riesgo de actividad inmobiliaria del 45% al 69%. Además, se ampliará capital en 7.000 millones de euros, lo que permitirá mantener el objetivo de superar una ratio de recursos propios de la mayor calidad (CET1) del 11% en 2018.

En España, aún será preciso que la sociedad de gestión Sareb y otras entidades financieras sigan dando salida a activos deteriorados, pero el perímetro de estas acciones está ya delimitado. También será necesario que se completen los procesos de privatización de entidades nacionalizadas y de acceso al mercado de otras, cuestiones que se están realizando con apreciable prudencia y responsabilidad.

Pero lo ocurrido con Popular deja la sensación de último gran paso hacia la transparencia para abrir un nuevo capítulo en el sector bancario español. La crisis ha dejado atrás a entidades bancarias históricas en todo el mundo. Lo importante es que hayamos podido aprender más sobre cómo proteger al depositante y al contribuyente.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía de Cunef y director de estudios financieros de Funcas.

Estrés bancario a la europea

Publicado en El País el 6 de junio de 2017

Resulta algo inoportuno y desgraciado lo que está ocurriendo con el Banco Popular, una de las entidades españolas con mayor raigambre institucional y un importante valor de franquicia, al menos hasta hace poco. Como en tantos otros casos documentados de estrés bancario, se vuelve a poner de manifiesto la dificultad de ejercer una resolución temprana que evite males mayores. Los vaivenes en el precio de la acción son un escaparate del juguete especulativo en el que nunca debe convertirse un valor bancario, por el desasosiego que transmite al conjunto del sector. Algunos hablan de una resolución “abrupta” desde Fráncfort lo que sorprendería después de otras soluciones adoptadas en la Eurozona últimamente.

Ironías del destino —u oportunidad para reivindicar una cierta autonomía española para resolver esta situación— la intensidad que ha adquirido el castigo a la acción del Popular coincide con el acuerdo para la resolución del italiano Monte dei Paschi de Siena (MPS). Comparar estas dos entidades sería tentador, pero desacertado. Más aún, cuando MPS no ha sido, en puridad, intervenido, sino que el supervisor único parece que se ha acabado sumando a un plan eminentemente italiano.

A diferencia de Popular, en el caso de MPS el agujero es (sigue siendo, en parte) difícilmente abarcable. Una segunda diferencia es que el camino seguido por el sector bancario español en términos de sacrificio —tanto autoimpuesto como infringido, y que quizás haya que continuar— es mucho mayor que el italiano. El problema de los activos deteriorados allí es mucho mayor que el de España.

En nuestro país se ha realizado un esfuerzo de reestructuración y de transparencia aumentada, por lo que la diferencia puede ser aún mayor. Asimismo, la economía española ofrece un soporte macroeconómico y un crecimiento que en Italia no se divisa desde hace muchos años y que compromete aún más el balance del sector bancario transalpino. Incluso teniendo en cuenta todas estas diferencias, se ha tardado dos años en llegar a un acuerdo visado por el BCE para la resolución de MPS, con un plan que se supone que infringe pérdidas a accionistas y bonistas aunque, de partida, prevé que el propio banco compense a buena parte de ellos. Esto deja gran parte del bail-in (que paguen los inversores antes que los contribuyentes) disfrazado de bail-out (se inyecta dinero público finalmente).

Las opciones del Popular parecen pasar inevitablemente por una solución privada. Para cerrarla, se está ultimando una nueva tasación de los activos. Hay diferentes opciones. Eso sí, hacen falta noticias (del ámbito público y privado) que reduzcan la incertidumbre, que sirvan de certificación. Si hay una adquisición, el uso de instrumentos de deuda para amortiguar pérdidas transformándolos en acciones (CoCos) podría ser más limitado pero, si no, lo cierto es que ese es su propósito llegados al extremo. En España ya se impuso el bail-in cuando no era norma europea. Hay que acotar las posibles soluciones y decidir pronto para no perder el control totalmente.

No nos quedará París

Publicado en El País el 30 de mayo de 2017

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/29/actualidad/1496072255_250134.html

No parece que Donald Trump y Angela Merkel puedan ser los Rick Blaine e Ilsa Land de Casablanca. En esta ocasión, no nos quedará París. Dos años después del histórico acuerdo para la reducción de emisiones contaminantes alcanzado en la capital francesa, Estados Unidos sugiere que podría dar uno o varios pasos atrás. Se sabrá en unos días. Así se ha revelado en la cumbre del G7 en la siciliana ciudad de Taormina. Las implicaciones de resquebrajar los progresos en la lucha contra el cambio climático son enormes para la economía a largo plazo pero también para la cohesión internacional.

Con sus (numerosos) defectos, el orden económico internacional que siguió a la Segunda Guerra Mundial propició numerosos acuerdos comerciales y la formación de áreas económicas que han generado avances importantes. Ahora se ha hecho patente que no solo es necesario revisar ese orden —entre otras cosas, porque ha habido un cambio sustancial en el peso de los liderazgos— sino que, de hecho, se está rompiendo de forma acelerada por varios frentes. El estilete “anglosajón” es el que más está cuarteando el equilibrio comercial y político, con propuestas rupturistas que apelan al unilateralismo (Brexit, por ejemplo). La era de los grandes acuerdos parece dar paso a la del individualismo, con dosis importantes de proteccionismo. Y Europa, como recuerda Merkel, debe mantener el tipo.

A duras penas, Estados Unidos aceptó incluir en el comunicado de este G7 una declaración a favor del multilateralismo que propicia la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, no es descartable que se tomen medidas proteccionistas, especialmente tras las declaraciones de los delegados estadounidenses de que el superávit que mantiene Alemania con su país les parece inaceptable.

El G7 y el G20 presentan algunas similitudes, como la lista de declaraciones reactivas ante acontecimientos recientes. En esta ocasión, se ha hecho eco del ciberterrorismo como amenaza para la que los líderes mundiales llaman la Próxima Revolución Productiva. Un cambio orientado por la tecnología que estos mandatarios reconocen que tendrá (está teniendo) consecuencias importantes para el empleo. Las llamadas a la cooperación en estos campos (ciberseguridad, planes de formación e innovación para los trabajadores,…) tienen poca credibilidad en un entorno en el que, cuando se desciende al terreno comercial y a rascarse el bolsillo, la tendencia es que cada uno cuide el suyo.

Parte del problema reside también en la resistencia a asumir cambios. La geopolítica ha estado siempre influenciada por factores como la energía y este es un mundo en el que el equilibrio energético está cambiando de forma dramática. Con más o menos intensidad, la tendencia imparable es que se reduzca el peso del petróleo, pero esto casa mal con algunas estrategias proteccionistas. Y, de paso, amenaza con llevarse por delante acuerdos como el de París sobre emisiones.

En un momento en el que la información fluye y crece por todo el mundo como no lo ha hecho nunca antes, otras barreras parecen levantarse.

La geopolítica en los mercados

Publicado en El País el 23 de mayo de 2017

La política ha sido siempre una dimensión relevante en la valoración de escenarios y proyecciones macroeconómicas. Sin embargo, en los últimos años, la influencia potencial de shocks geopolíticos —como resultados electorales inesperados, tensiones diplomáticas y bélicas, terrorismo en diferentes manifestaciones— ocupa un lugar central en el análisis y en los foros de debate sobre coyuntura económica, con un peso que, probablemente, no ha tenido desde la Guerra Fría. El Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial muestra que, en 2017 fenómenos como condiciones climáticas extremas o la inmigración masiva e involuntaria se ven acompañados por otros como ataques terroristas a gran escala o vulneraciones masivas de ciberseguridad como los focos de incertidumbre con mayor probabilidad de ocurrencia.

La inestabilidad política ocupa un papel destacado en la indigestión que sufren mercados y divisas con frecuencia. No son necesarios desastres naturales, los riesgos geopolíticos se están convirtiendo en una incómoda constante. La falta de liderazgos sólidos y los devastadores efectos de la corrupción hacen temblar los cimientos del orden económico internacional. La semana pasada fueron la perspectiva de una moción de censura al gobierno brasileño o los mensajes diplomáticamente mejorables emitidos desde el gobierno estadounidense. El “índice del miedo” VIX registró varios repuntes. La ruptura del bipartidismo y la previsión de gobiernos u oposiciones inestables también ocupa un lugar destacado en muchas localizaciones. La mayor parte de los medios especializados colocó ayer a España nuevamente en un terreno político deslizante tras este fin de semana.

Hay, incluso, mercados como PredictIt en los que se invierte en la probabilidad de que Trump afronte un impeachment. En tan sólo dos semanas la probabilidad de que ocurriera en 2016 pasó del 16% al 26% en ese mercado, y todo apunta que para 2017 podría ser superior al 60%. Y un gran número de estimaciones valora el efecto de los conflictos. En países como Corea del Sur se demuestra que la proliferación nuclear en su vecino del norte tiene un impacto significativo y duradero en la bolsa y la inversión internacional. Muchas de estas tendencias proceden de la generación de un nuevo orden político-económico y de la constatación de la escasa resistencia de éste a fenómenos de elevado estrés como la última crisis financiera. Algunos fenómenos como la rapidez del cambio tecnológico o la polarización social y cultura van a complicar aún más las cosas. Incluso el tratamiento de la información en la era de la posverdad —donde pesa más una mentira sonada y acelerada que un sosegado y contrastado análisis— tiene una incidencia económica que debería estimarse. La receta para gobiernos estables y economías resistentes sigue siendo impulsar un crecimiento inclusivo, que reduzca la desigualdad y favorezca las oportunidades. Un entorno en el que las reformas permitan salarios acordes con la recuperación y donde las nuevas generaciones, aunque se enfrenten a un mundo más complejo, puedan pensar en un futuro igual o mejor que el de sus padres.

 

Ciberataques y la nueva economía

Publicado en El País el 16 de mayo de 2017

Hay que reconocer que los que pusieron nombre al virus que está causando tanto daño y preocupación (Wannacry, “Quiero llorar/gritar”) dieron en el clavo. La información es una de esas cosas de las que realmente no podemos decir que valoramos suficientemente hasta que la perdemos o su privacidad es violentada. La cuestión es potencialmente aterradora y con consecuencias económicas muy considerables.

Con el respeto y precauciones oportunas, me gusta a veces comparar el carácter sistémico del riesgo de epidemias con el de las crisis financieras. No obstante, lo que ocurre con los ciberataques es aún más tenebroso porque afecta a cualquier ámbito de nuestra vida. Hemos optado por las ventajas de la nueva economía colaborativa pero esta cuenta con dos riesgos importantes: la candidez y vulnerabilidad de buena parte de los usuarios y la ferocidad y habitual anonimato de los ciberterroristas.

Tal vez parte de la solución esté en comprender y asumir todas las implicaciones de la economía de la información y de la digitalización. El año pasado se detectaron hasta 4.149 vulnerabilidades en sistemas de información (data breaches) que afectaron a 4.200 millones de registros informativos en todo el mundo, según Breach Live. Cada minuto se ven afectados más de 3.000 registros. Más de la mitad de estos problemas de seguridad se producen en las empresas. Vivimos abrumados y enganchados a cantidades ingentes de datos (big data) y ello no implica, necesariamente, inteligencia empresarial. Desgraciada y casi inevitablemente los ciberterroristas parecen haber entendido más rápido los beneficios de la economía colaborativa que las empresas. Comparten sistemas de forma mucho más rápida y abierta de lo que las corporaciones comparten sus mecanismos de seguridad. Invertir en protección tiene un coste pero, si no se generaliza el aprendizaje, se produce un aislacionismo económico inútil.

El sistema financiero, por ejemplo, trata desde hace ya algún tiempo de prevenir estos problemas para poder generar confianza en nuevos sistemas de pago y en digitalización financiera. No es sencillo cuando partes del sistema de seguridad dependen necesariamente del propio usuario (claves de acceso, por ejemplo). Y, a mayor escala, se está generalizando el uso de ciberseguros. Porque, aunque no se comente mucho, este tipo de eventos sucede con frecuencia. Así, algunos ciberataques lograron colapsar algunas fundiciones de acero en Alemania o la conducción de algunos oleoductos en Turquía.

El problema de estos episodios está en que no solo tienen un potencial desestabilizador sistémico sino que pueden también erosionar la confianza y retrasar o dañar considerablemente los avances de la nueva economía. Cuando los ciudadanos observan que grandes corporaciones son atacadas, es difícil convencerlos de que ellos están a salvo. Las crisis de confianza son el germen de grandes crisis económicas. La solución parece pasar por la colaboración y la educación y por mantener registros personales y un margen de nuestra vida sin compartir, que tampoco pasa nada. También debe haber responsabilidad de las grandes agencias de seguridad, como la NSA americana, en el centro de la polémica por haber usado variantes de wannacry para sus propios propósitos en lugar de volcarse en la protección de los usuarios. Colaborativo significa “hecho en colaboración”. Cosa de todos.

Suflé francés para la economía

Publicado en El País el 9 de mayo de 2017

Alice Roosevelt Longworth, hija mayor del vigesimosexto presidente de los Estados Unidos hizo célebre la frase “no se puede hacer crecer un suflé dos veces”. Aunque por motivos bien distintos de los de la celebridad norteamericana del siglo pasado —que se refería a la relación entre el vigor sexual y la edad— la economía francesa parece un suflé que puede crecer y quedar consistente pero que corre también el riesgo de desmoronarse si Macron no puede poner en práctica su receta. Pero la oportunidad está ahí.

Los mercados europeos le dan la bienvenida desde que se adivinaba su victoria porque esperan que la economía de la eurozona se vea fortalecida, tanto en su gobernanza como en su estructura. A pesar de las diferencias que pueden persistir entre Francia y Alemania en temas como las políticas de inversión de la Unión Europea (UE) o el papel del Banco Central Europeo, hay una oportunidad de oro para fortalecer el eje París-Berlín y que toda la UE se beneficie.

En lo que se refiere al futuro económico de la Unión Europea, Francia ha pasado de ser un motivo de preocupación a una esperanza. Es, tras Italia, uno de los grandes países europeos donde más difícil era esperar que se produjeran reformas. Ahora, siendo complicado, lo es algo menos. Europa vive anclada en el recuerdo y la experiencia de dos fenómenos seguramente malinterpretados: la sostenibilidad de los estados de bienestar y la vigencia del liderazgo y dominio de las viejas economías occidentales en las décadas que siguieron a las postguerras desde mediados del siglo pasado. En Francia se reúnen ambas percepciones.

Le Pen ha echado la culpa de la pérdida de ese liderazgo a Europa y a la inmigración, ignorando que las consecuencias de la ausencia de reformas y la evidencia de que el mundo es hoy distinto son realidades abrumadoras. Algo parecido suceden en Reino Unido, donde los partidarios del Brexitvenden irresponsablemente una vuelta al poderío imperialista del pasado.

En cuanto al futuro del estado del bienestar, las reformas son la única respuesta pero sus sacrificios tienen poca venta electoral a corto plazo. No puede decirse que una reforma laboral que flexibilice algunos aspectos del mercado de trabajo francés vaya contra la calidad del mismo.

Con el sistema actual, el 60% de los contratos realizados a jóvenes en Francia son temporales frente al 12% de Reino Unido, a pesar de que este último cuenta con un sistema más flexible. También es un mito que la inmigración tiene “demasiado peso en Francia”, ya que llega al 12%, por debajo del 13% que se mantiene en Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos. Son, sin embargo, los inmigrantes, a los que no llega buena parte de un sistema educativo de calidad considerable, que hace que la productividad se mantenga entre las mayores de Europa.

La desigualdad aumenta porque las oportunidades no son las mismas. Y porque fallan los incentivos para la generación de la crisis: el 17,2% de los franceses que tienen entre 15 y 29 años ni estudian, ni trabajan, ni siguen programas de formación y reciclaje. Ellos son la base del suflé que Macron quieren cambiar. Es un centro político y económico prometedor pero débil.

Un banco promocional para la Comunidad Valenciana

Publicado en eldiario.es el 28 de abril de 2017

 

Desde finales de 2014 la Unión Europea ha tratado de impulsar la financiación de los sectores con más dificultades para obtener fondos y desarrollar proyectos de fomento y desarrollo dentro de un gran plan de promoción de las inversiones. Hasta la fecha, el éxito ha sido sólo relativo pero la idea y su estructura de funcionamiento permanece. Uno de los objetivos principales es articular una red institucional sólida que fomente y participe activamente en la financiación del emprendimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son las más proclives a sufrir déficit de financiación. Así, la Comisión Europea considera que los llamados “bancos promocionales” pueden ser los agentes que vertebren buena parte de la financiación de estos proyectos e insta a su creación y desarrollo a las escalas nacional, regional o local.

Según indica el artículo 2 de la regulación del Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI, por sus siglas en inglés), un banco promocional es una entidad financiera a la que un organismo público le otorga el mandato de desarrollar actividades de promoción y desarrollo, de diferentes formas y con diferentes productos, de acuerdo a las necesidades específicas de cada caso. Y sugiere, además, que son los propios estados miembros de la UE los que pueden impulsar sus propias entidades promocionales. A nivel europeo, la más conocida –y una de las principales articuladoras en conjunción con otras a escala nacional- es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). En España, hay diferentes iniciativas de esta naturaleza fundamentalmente impulsadas por las carteras ministeriales de economía e industria, entre las que destaca el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Parece lógico que, en un entorno de mercado en el que es complicado impulsar el emprendimiento y siendo la Comunidad Valenciana un territorio de especial sensibilidad en cuanto a la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, se cuente en la misma con un banco promocional. Desde el gobierno de la Generalitat Valenciana se ha pensado en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como posible esqueleto para albergar tan importante cuerpo. Claro que, las cosas tienen que empezar por el principio y, por lo tanto, es necesario ahondar en el porqué y explicar el cómo. En cuanto a la motivación, la racionalidad de la creación de un banco promocional surge de los fallos de eficiencia del mercado, cuando la acción de los operadores privados es insuficiente para cubrir y resolver los fallos de ese mercado que pueden resultar de información asimétrica (por ejemplo, al delimitar quién es merecedor y quién no de financiación en función de su riesgo), externalidades (por ejemplo, cuando se genera algún tipo de catástrofe o accidente con consecuencias para un número importante de empresas y puestos de trabajo), o por problemas de poder de mercado (por ejemplo, cuando la competencia entre entidades financieras es o muy reducida o excesiva). La idea no es de sustituir ni completar al sector privado, sino complementarlo.

Explicar cómo el IVF se convierte en un banco promocional requiere también dar un paso atrás porque exige una reconversión de este instituto. Una transformaciónque ya está, de hecho, avanzada y que ha implicado sanear deuda y reestructurar con un objetivo de funcionamiento y de eficiencia que se basa en separar la actividad de política pública del capítulo de inversión financiera privada. El saneamiento y recapitalización del IVF permitirán crear una entidad nueva sin reminiscencias ni cargas del pasado. Precisamente, el nuevo IVF nace para cubrir ese hueco de mercado que se señalaba anteriormente, estableciendo mecanismos de control corporativo desde la acción pública, de manera que ésta última sea la primera en exigir su control y transparencia, aunando así lo mejor del mundo privado y de la supervisión y control públicos. Pretende el nuevo IVF nutrirse de consejeros independientes que acompañen en la gestión a los representantes de las diferentes instituciones públicas y aseguren una gestión y un control de la institución bajo criterios de estricta eficiencia y responsabilidad. Se pone en marcha, además, una web de transparencia para seguir, casi en tiempo real, las acciones emprendidas, así como la publicación de informes de evaluación ex – ante y ex – post de cada una de las actividades. Incluso, para poder evaluarlas con el mayor rigor y de forma externa, -y para poder sacar un conocimiento que permita mejorarlas- se creará una base de datos abierta a centros de investigación sobre estas actividades. Por supuesto, no faltarán los controles ordinarios propios de su condición de empresa pública, incluido el de la Sindicatura de Cuentas, el parlamentario y el de supervisión a través del acuerdo voluntario alcanzado con el Banco de España.

El renovado IVF nace con una amalgama de funciones que pretende separar la iniciativa política de la gestión privada, empezando por los perímetros que para ambas funciones marca el sistema europeo de cuentas (SEC), lo que permite separar funcional y contablemente cada una de las actividades. En la Comunidad Valenciana esas funciones son hoy muy necesarias y lo serán aún más en el complejo mercado financiero del futuro. Así, por ejemplo, es conveniente corregir fallos de mercado en la provisión de servicios públicos, dar alguna viabilidad financiera a empresas supuestamente más opacas por su propia naturaleza de pyme o, simplemente, por ser de nueva creación. Parece conveniente también ayudar a empresas de éxito a superar perímetros y alcanzar nuevos mercados. Y hacer todas estas funciones mediante una colaboración público privada.

En este modelo de negocio, el IVF adopta de forma completa la naturaleza de banco, que fundamentalmente cubriría huecos en la financiación de las pymes, con plena funcionalidad como entidad financiera para acceder al entramado de financiación del BEI. Se trata, por tanto, de insertar a la Comunidad Valenciana en un sistema de financiación promocional de primer nivel. De este modo, se puede favorecer la utilización del crédito como herramienta de política económica utilizando fondos reembolsables en lugar de subvenciones. Y no sólo en el ámbito de las políticas económicas sectoriales, sino también en el ámbito de las políticas sociales. Además, el IVF puede ayudar a reducir el impacto de la prociclicalidad del crédito (más financiación en las fases alcistas del ciclo económico y menos en las recesiones), reduciendo el racionamiento de crédito en entornos económicos desfavorables. Los instrumentos serán, fundamentalmente, líneas de crédito y canalización de financiación europea y de otros ámbitos promocionales. Esas líneas son préstamos participativos con cierto riesgo para fomentar el emprendimiento, en la idea en que es mejor participar en proyectos de inversión que subvencionarlos.

Se trata de un proyecto ambicioso, aunque pertinente. No exento de riesgos, en el que las fases iniciales son fundamentales para evitarlos. Porque radican principalmente en esa necesaria y estricta separación de la política pública del criterio independiente, motivado y transparente en la ejecución de las políticas de financiación. El proyecto está ahí avanzando hacia su concreción. La crisis ha evidenciado la existencia de huecos e ineficiencias en el mercado del crédito. La austeridad y la transparencia en las cuentas públicas ha sido y seguirá siendo necesaria pero el fomento de la actividad empresarial y su co-financiación desde la acción pública parece también necesaria, tal y como se ha evidenciado estos años. La Comunidad Valenciana tiene un proyecto para ser parte de la red europea que articula esa acción.

*Santiago Carbó Valverde és Catedràtic d’Economia de CUNEF i director d’Estudis Financers de Funcas

Rally Macron ¿hasta cuándo?

Publicado en El País el 25 de abril de 2017

La primera vuelta de las presidenciales francesas ha traído un rally a los mercados, el de Macron. No es que los sondeos no previeran el resultado. Esta vez lo han clavado. Pero los mercados esperaban una confirmación de que esta vez no habría sorpresas. Porque las posiciones “cortas” respecto al euro estaban otra vez alcanzando cotas preocupantes y porque la previsible victoria de Macron frente a Le Pen el próximo 7 de mayo sería un resultado a favor del futuro de Europa, el de un proyecto que compatibiliza las reformas con la necesidad de una mayor protección y solidaridad común. Lo curioso y preocupante es que los franceses puede que no estén votando por un programa económico y de reformas distinto —que necesitan como agua de mayo— sino que puede que se hayan quedado con la opción más limpia y nueva ante el desolador panorama de las opciones tradicionales, entre la indefinición ideológica y la corrupción.

Este apoyo a Macron, a medias intencionado y a medias accidental, tiene una significación muy importante para el futuro de la economía europea. Para lo que no ha existido suficiente gallardía en los últimos años es para explicar que el modelo de bienestar europeo no se sostiene en sus parámetros actuales, ni en términos económicos ni generacionales. La crisis solo ha acelerado el deterioro pero no es su causa. El proyecto en torno a la UE tampoco es el culpable, sino parte de la solución. La inercia en el papel del Estado, la destrucción de los sistemas de incentivos y la falta de reformas tiene mucho más que decir respecto a la situación en la que nos encontramos.

Francia sigue estancada y Macron ha ofrecido algunas recetas para comenzar a engrasar la maquinaria. Pero le va a resultar tremendamente difícil ponerlas en práctica. Su partido es liberal, un concepto que se está pervirtiendo hasta la extenuación por sus críticos, para los que no existen grises ni matices y solo prefijos como neo o ultra. La primera medida que se quiere adoptar es una reforma laboral que, en distintas versiones, ya ha dinamitado gobiernos aparentemente más sólidos que el que puede ahora conformarse. Y, por supuesto, un plan de inversiones y de compromiso con Europa, que los dos extremos a izquierda y derecha de la política francesa desprecian. Todo, con un partido que es más un hombre que un grupo, a medio hacer. Un problema común para la política europea: el centro es débil y los lados tienden al populismo.

Era difícil esperar que Francia pudiera reimpulsar el proyecto europeo en su estado de negación pero ahora, entre el miedo al abismo y la obviedad de ciertos deterioros, ha surgido una oportunidad. Dependerá del resto de fuerzas construir un proyecto común y un posible liderazgo para la reconstrucción económica europea que, nos pese o no, hasta ahora solo había sostenido Merkel. La responsabilidad es compatible con la solidaridad. Las políticas sociales son compatibles con las reformas. Europa es incompatible con el populismo. Los referendos deben dejar de ser momentos de temor para convertirse en referencia de equilibrios y oportunidades. Los gobiernos deben retomar el liderazgo porque el BCE no puede ostentarlo eternamente.