Cuesta de enero

Publicado en El País el 5 de enero de 2021

El cambio de año y primeros minutos de 2021 estuvieron marcados, en el ámbito televisivo, por las palabras emotivas y llenas de dignidad de Ana García Obregón. En escasos 20 minutos se sintetizaron gran parte de los sentimientos de muchas personas. Aunque hay muchos elementos que las distancian, me recordaron a las palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, el mes pasado, cuando señaló a su pueblo las grandes dificultades que se vienen encima. Ha faltado hasta ahora mucha empatía en los responsables públicos. En España se ha echado en falta además una planificación y gestión más eficaz en la terrible crisis sanitaria y económica. Los políticos han priorizado a menudo las batallas por el relato y sus problemas por encima de poner toda la carne en el asador para mejorar un desdichado manejo de la pandemia. No es nuevo.

La historia parece apuntar a que España gestiona solamente regular las crisis. Como referencia, las tres últimas. En la de 1973, el Gobierno creyó que el aumento de precios del petróleo duraría poco. En la de 2008, se pensó que nuestro sistema financiero no era vulnerable ante la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. En la actual, la hipótesis inicial era que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, que se podría con todo. Las consecuencias fueron respuestas tardías e insuficientes.

En enero de 2021 hay algo de esperanza a medio plazo porque ya se está vacunando. Hay una avalancha de fondos europeos en ciernes y confiamos en que lo peor haya pasado. Sin embargo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, evitar que la típica cuesta con que se conoce este mes se convierta en un obstáculo insalvable para nuestro sistema sanitario y nuestra economía. Es un momento clave. Primero, para ver los efectos de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo sobre los contagios e ingresos hospitalarios tras una gestión descoordinada entre comunidades autónomas y comportamientos inadecuados de parte de la población. Si la tercera ola es nuevamente grave, se habrá perdido también buena parte del terreno de la recuperación económica de este ejercicio. Si el panorama no está despejado en primavera, nuestro país no podrá tener la (relativa) normalización económica deseada en 2021.

Un gran parte de nuestro valor añadido se genera en actividades de contacto personal, como el turismo, por lo que además España debe ser al menos tan eficaz como el mejor en la vacunación. Por ahora hay poca información precisa sobre plazos y grupos a vacunar, lo que genera excesiva incertidumbre. Con el mensaje de que estamos siguiendo lo dictado por la Unión Europea se justifica de modo conformista la inexistencia de una clara hoja de ruta propia del proceso de inmunización.

Muchos países ya han vacunado a porcentajes significativos de la población. Con urgencia, hay que acercarnos a esas mejores prácticas para evitar nuevas tensiones hospitalarias y mayores pérdidas a la economía. Se precisan certezas, generación de confianza en nuestro entorno y una amplia mayoría de la población vacunada a mitad de año. Para ello, estas primeras semanas del año serán determinantes.

Las finanzas en 2021

Publicado en El País el 29 de diciembre de 2020

Un deseo recurrente estos días es dejar atrás el año de la pandemia. La esperanza es un 2021 mucho mejor. En lo financiero, los últimos doce meses han venido marcados por una amplísima liquidez inyectada por los bancos centrales, con un potente apoyo a la deuda soberana -que ha crecido notablemente, al igual que la privada- y el mantenimiento de tipos de interés ultrarreducidos o negativos. La renta variable ha sufrido muchos vaivenes con la pandemia, pero se ha recuperado en buena parte, aunque, en el caso del IBEX, las pérdidas en el año se sitúan actualmente en torno al 15 por cien. Todo apunta a que 2021, más aún tras el acuerdo post-Brexit, puede marcar la salida de la crisis y recuperación, pero también pueden reactivarse tensiones aparentemente olvidadas, como la inflación y la sostenibilidad de la deuda. 

            El mayor quebradero de cabeza de los inversores es la posibilidad de un revés en los planes de combate frente a la Covid, como supondrían retrasos en la vacunación o mutaciones significativas del virus. También pesa la inflación en el sentimiento financiero, que ya no aparece descartada tras la coincidencia de políticas monetarias y fiscales fuertemente expansivas. Con un ambiente financiero con exceso de optimismo, la psicología inversora está inundada por la sensación casi inercial de que las cosas sólo pueden mejorar pero el mundo actual tiene demasiadas aristas. En este final de año los mercados ya han descontado parte de esa recuperación. La mano se juega a un trío de ases (vacuna, confianza, recuperación) pero, ojo, llevamos años quedándonos con cara de póker. Faltan referencias para las inversiones más especulativas, lo que parece explicar el éxito reciente de inversiones heterodoxas como el bitcoin, hasta el punto de ser aceptado en círculos de mercado más formales -algunos inversores institucionales y bancos-, en ausencia de referencias como el oro. 

La paradoja podría ocurrir en la segunda parte del año, cuando supuestamente gane más fuerza la recuperación y se esté aplicando más gasto, los mercados empiecen a dar algunas señales de preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda. Sobre todo, si cambiaran las perspectivas sobre los tipos de interés ante una subida de la inflación.  Curiosamente, el escenario contrario, que la inflación no vuelva ni con todos esos estímulos, también preocupa. Confirmaría un problema estructural grave tras doce años de políticas monetarias muy laxas.

            En cuanto a la bolsa de valores, las farmacéuticas continuarán teniendo gran atractivo gracias a vacunas y tratamientos. Sin embargo, las grandes tecnológicas pueden sufrir por la penalización regulatoria en materia de protección de datos y de defensa de la competencia que, además, está ocurriendo de manera sincronizada en Estados Unidos y Europa. Otro sector clave como el bancario tendrá noticias mixtas. Por un lado, se liberará de algunas restricciones sobre dividendos. Por otro, habrá que ver el impacto en sus cuentas de resultados del probable aumento de la morosidad. Como para el resto de los mortales, 2021 se abre a emociones descontroladas también para los mercados. Las alegrías y las penas irán, otra vez, por barrios. 

Ciberpandemias

Publicado en El País el 22 de diciembre de 2020

La historia recordará el año que se nos va como el de la Covid-19, con efectos que perdurarán. Al menos 2021 estará marcado considerablemente por la pandemia. Lo vivido estos meses ha dejado ver que, a pesar de los enormes avances de la humanidad, existen riesgos sanitarios, climáticos y digitales de envergadura. Aunque el coronavirus ha acaparado la agenda, otros acontecimientos revelan importantes amenazas para nuestro sistema económico y social. La pasada semana se observaron claras vulnerabilidades de la ciberseguridad del planeta.  Estados Unidos ha sufrió el mayor ciberataque de su historia. Ha afectado a más de 18.000 empresas y agencias del Gobierno (incluyendo Defensa y Energía). Se sospecha que se han filtrado infinidad de datos con implicaciones para la seguridad digital mundial. Más allá de los rifirrafes acusando a China y Rusia de estar detrás de estos ataques –sería bueno aclarar, en todo caso, esta “guerra fría silenciosa”-, el telón de fondo del problema es la enorme vulnerabilidad del los procesos informáticos y digitales globales. Inundados por el coronavirus, este lance nos recuerda el riesgo de ciberpandemias. En tan sólo veinte años del siglo hemos visto amenazada la seguridad personal en formas inusitadas (11-S), una gran crisis financiera y una pandemia. Tal vez el próximo gran evento tenga que ver con los datos. Los costes totales han pasado ya a sumarse cada año en varios billones de dólares.

            2020 ha sido especialmente delicado en ciberseguridad, en parte aprovechando la confusión por la Covid-19. Las empresas han tenido que reinventarse en sus procesos de actividad y con frecuencia, las han pasado “canutas” para garantizar la seguridad en accesos remotos. Los que trabajamos en la Universidad hemos podido comprobarlo. Ya teníamos antecedentes graves como los de episodios del malware NotPetya y Wanancry que ya costaron miles de millones de dólares en 2017. Y cada año están pasando cosas que pueden llegar a ser muy graves. Este año ha habido, además, ataques sobre Twitter, Zoom, Telegram, MGM y a la banca griega, entre otros. 

            Las empresas saben que su futuro pasa por los datos y la computación en la nube pero temen por su seguridad. Habrá que invertir en reforzar la seguridad aún más y hacer el sistema menos vulnerable. En ningún caso existirá el riesgo cero, pero hay que minimizar los posibles problemas que los ciberataques pueden producir. Y eso pasará por más inversión en I+D y una mayor y mejor coordinación entre países y empresas tecnológicas. España va a contar a partir de los próximos meses con los fondos Next Generation EU. En cantidad suficiente como para poder dar, esta vez sí, si no perdemos la oportunidad, un salto hacia delante en digitalización y sostenibilidad. Sería acertado que una parte significativa de esos fondos se destinara a ciberseguridad. Se estima que casi la mitad de las empresas españolas aún no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos y otros aspectos de seguridad digital. Identificado el problema, conocidos los riesgos y contando con fondos disponibles, ya solamente queda tomar las decisiones que reforzarán la ciberseguridad y la competitividad económica.

Más madera

Publicado en El País el 15 de diciembre de 2020

Habrán observado que el título del artículo se ha tomado de la película “Los hermanos Marx en el Oeste”. En una de sus más famosas y desternillantes escenas, Groucho vocifera a sus hermanos que le traigan piezas de los vagones o asientos del tren en el que están montados para que los pueda utilizar como combustible para que el vehículo no se pare. Algo parecido parece estar sucediendo con las últimas decisiones del Banco Central Europeo. Hace unos días decidió ampliar la magnitud del programa de compras de bonos soberanos y privados por motivos de la pandemia en medio billón de euros para intentar que la economía europea no se hunda. Se traduce como más combustible financiero para la economía. A priori y a corto plazo, parece una respuesta lógica al debilitamiento de las economías europeas -sin señal alguna de inflación- en los últimos meses tras la segunda ola del Covid-19. Sin embargo, esta nueva acción del banco central tiene numerosas implicaciones, no todas deseadas.

            Los mercados financieros se encuentran desde hace años con unas referencias imposibles. Con los tipos de interés -por ejemplo, el EURIBOR- en terreno negativo, distorsionando las decisiones de ahorro y endeudamiento de familias, empresas y gobiernos desde hace más de cinco años y con un horizonte que no va a cambiar, al menos, en el próximo año. Asimismo, los intermediarios financieros -bancos, aseguradoras, fondos de pensiones- tienen que operar en un marco que les daña enormemente su rentabilidad y viabilidad. En particular, preocupan los efectos sobre los ahorradores, que llevan años asumiendo gran parte de la carga de esta política monetaria.

            Por otro lado, los gobiernos de la Eurozona -en particular aquellos que reciben más apoyo comparativo en el programa de compras de sus bonos- parecen estar cómodos con un crecimiento preocupante -en algún caso, desbocado- de la deuda pública, ya que la están colocando a tipos de interés negativos, como consecuencia de las políticas monetarias ultraexpansivas, sin tener que hacer reformas ni tener que mostrar compromisos que el mercado valore positivamente. Sin embargo, no se puede olvidar que toda esa deuda habrá que pagarla tarde o temprano y, sin una clara senda de crecimiento, el mercado terminará reflejando nerviosismo. 

            El mandato del Banco Central Europeo es claro, debe actuar solamente guiado por la inflación. Mirando de reojo a la estabilidad financiera, eso sí. El crecimiento de los precios anda desaparecido desde hace una década, lo que ha facilitado la continuidad de las políticas expansivas de compras de bonos y tipos negativos o ultrarreducidos. Sin embargo, muchos empezamos a temer que, en el intervalo de un año, con todos los estímulos fiscales y de los bancos centrales, cuando llegue la recuperación, se produzca un rebrote de la inflación en Estados Unidos y quizás en Europa que nos pillaría con tipos negativos. Una mayor inflación no es el escenario central hoy, pero empieza a ganar peso entre los analistas. No lo olvidemos y empecemos a pensar seriamente como saldremos de este marco imposible de tipos bajos o negativos de la última década si apareciera la inflación.

Economía sin atajos

Publicado en El País el 8 de diciembre de 2020

La economía y la sociedad española se enfrentan a retos de enorme magnitud a corto y largo plazo, tras el brutal impacto de la pandemia. Desde marzo se han tomado muchas medidas para paliar los efectos inmediatos de la Covid sobre familias y empresas. Esas ayudas públicas coyunturales deberían prologarse y reforzarse hasta, al menos, el verano de 2021, o hasta que se haya podido vacunar a buena parte de la población, con una economía más normalizada. No obstante, los desafíos de largo plazo son igual o más relevantes y no hay “atajos”. 

            Nuestro país ya llegó a la pandemia con importantes desequilibrios. Entre ellos, un mercado de trabajo disfuncional y dual, una baja productividad y una delicada evolución de déficits y deuda pública. A pesar de estas vulnerabilidades, se ha echado de menos desde hace muchos años una cierta pedagogía por parte de los políticos. Explicar a la sociedad las potencialidades de nuestro país –las hay y muchas-, pero también enfatizar que hay problemas serios. Por ejemplo, algo tan evidente como la insostenibilidad de las pensiones públicas. Son temas que hay que poner sobre la mesa para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Si uno pasa revista a las medidas de largo plazo que se han tomado este año, no son muchas. No ha habido grandes reformas ni acciones públicas que refuercen la competitividad de la economía. No era un momento fácil para acometerlas. Sin embargo, se han aprobado algunas fundamentalmente para la coyuntura de la pandemia -un “atajo” urgente en aquel momento- pero que van a tener efectos -probablemente no deseados- de largo plazo. De este modo, el Ingreso Mínimo Vital, con toda su lógica para apoyar a las familias más necesitadas en un momento crítico, se ha implantado de modo permanente. Se ha sabido estos días que no ha funcionado bien desde que se implantó ni ha llegado, ni de lejos, a todas las personas que debían recibirlo, lo que requerirá modificaciones, como poco, en su proceso administrativo. Asimismo, tal y como se diseñó, es muy probable que genere distorsiones en los incentivos a buscar trabajo, un importante lastre en la recuperación.

            Y en estas surge la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. Todos quisiéramos trabajar menos horas, tener más ocio, y, aún así, aumentar nuestra productividad. Ya ha ocurrido en algunas de las industrias tecnológicas más reconocidas. Sin embargo, en el caso de España, donde todavía no hemos acometido un proceso de digitalización suficiente, se trataría, en mi opinión, de un nuevo “atajo” sin fundamentos económicos que hoy lo sustenten. Acometamos primero esa profunda intensidad digital en todos los procesos productivos e instituciones del país, que refuercen competitividad y productividad y saneen el mercado de trabajo. Cuando se logre, hablemos sin cortapisas de medidas como jornadas de 4 días. Quizás podamos ser algo más optimistas que de costumbre porque, bien empleados, los fondos europeos “Next Generation EU” pueden ayudar a esa necesaria modernización. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes cuando aún no hemos salido ni de la pandemia.

Falta un gran acuerdo

Publicado en El País el 1 de diciembre de 2020

Ayer comenzó en el Pleno del Congreso de los Diputados la fase definitiva para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tras el acuerdo del Gobierno con PNV, ERC y EH Bildu, parece que las cuentas públicas tendrán el plácet parlamentario. La mejor noticia de estos Presupuestos es que tras tres años sin acuerdo para renovarlos, volveremos a contar con esta herramienta básica del funcionamiento y apoyo de la economía -empresas y familias,- actualizada a la realidad económica y social de hoy. Los últimos aprobados en el Parlamento datan de 2017, hace ya una “eternidad”, con el gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte crecimiento sin inflación, creación de empleo y coyuntura internacional favorable. La situación actual es radicalmente distinta, con la mayor recesión de la historia reciente tras el impacto devastador de la pandemia. 

            A pesar de ese contexto tan duro y de la gran incertidumbre existente, se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la Covid-19. Para más inri, los apoyos y los rechazos obtenidos por el gobierno han dado lugar a un llamativo y estéril rifirrafe entre partidos. Lo peor de todo es que no hubo nunca atisbo de que se pudiera llegar a unos nuevos “Pactos de las Moncloa”, que hubieran conllevado una estrategia presupuestaria de varios años, junto a unas políticas de acompañamiento consensuadas que hubieran despejado muchas de las dudas de la recuperación. Es un fracaso de la clase política, que tarde o temprano sentiremos todos y también los propios interesados, a los que puede pasar factura electoral. Es impensable en otras naciones de nuestro entorno con las que tanto nos comparamos que en los “grandes temas de país” no haya una unión suficiente y fuerte para acometerlos. Tras 42 años de democracia, ya es hora de que España consolide una mayor unión entre partidos de todo el espectro político para resolver los “grandes asuntos de Estado”, sobre todo en episodios de crisis. Solamente así alcanzaremos una madurez política que resuelva problemas, y no los cree.

            Un debate sosegado y constructivo habría permitido poner en común y, probablemente, acordar una cierta armonización fiscal entre Comunidades Autónomas, necesaria, en mi opinión, desde hace tiempo, ya que la situación actual -que tampoco definiría como “dumping”- está lejos de ser óptima. Eso sí, habría que acometerla en un proceso más amplio de discusión del actual modelo de financiación regional en nuestro país. Asimismo, una mayor armonización fiscal en la UE debería estar también en el horizonte político. Me temo que después del enorme ruido político, al final, no exista un análisis serio de las divergencias fiscales y posibles soluciones, que corrija las desventajas de algunas Comunidades Autónomas, sin crear problemas adicionales. Esta crisis sanitaria ha mostrado las ventajas de las estrategias que nos unen y, sin embargo, la falta de grandes acuerdos sigue siendo el orden del día. La gestión de los fondos europeos de recuperación son la siguiente oportunidad. Crucemos los dedos.

Competencia en el sector financiero

Publicado en El País el 24 de noviembre de 2020

            Los recientes procesos y anuncios de fusiones entre bancos españoles han azuzado el debate sobre sus posibles efectos negativos en la competencia de servicios financieros. En principio, la inquietud es legítima tras las numerosas integraciones acontecidas en los últimos diez años. Hay más concentración. Pocos operadores en lo que sería una definición “clásica” de negocio bancario (depósitos y créditos) e infraestructura basada en sucursales. Sin embargo, considero que la pugna competitiva “real” no se ha debilitado significativamente. Faltan estadísticas que reflejen los nuevos negocios, las cuotas de mercado de intermediarios tradicionales y de nuevos operadores, y los nuevos canales de distribución online. Entre tanto, hay que observar evidencia más cualitativa. Aumenta continuamente el peso relativo de nuevas fórmulas de crédito, fondos, seguros y asesoramiento. En ellos, la entrada de nuevos competidores no financieros y tecnológicos es más que notable, con escasas barreras de entrada. Quizás en depósitos es donde existe el principal obstáculo regulatorio a la competencia, pero el cumplimiento normativo implica un gasto elevado a la banca -una carga importante- que el resto de operadores no tiene que asumir. Los competidores no bancarios están fuera del perímetro de la supervisión y son fuente potencial de  mayor inestabilidad financiera. Ejemplo reciente, el encontronazo entre las agencias reguladoras chinas y Ant Financial. Asimismo, con tipos de interés ultrarreducidos o negativos, que han destrozado los márgenes, la transparencia del sector sobre lo que cobra o deja de cobrar en comisiones -donde hay servicio, hay costes asociados-, se ha reforzado considerablemente. 

Aún no sabemos cuál es el valor de la información en los servicios financieros ni cómo condiciona las relaciones entidad-cliente ni la competencia. Hace dos décadas era más sencillo delimitar el negocio de cada banco. Había innumerables trabas y costes para cambiar de entidad. Alguien con una hipoteca o cinco o seis productos y varios recibos domiciliados tenía complicado cambiar de banco. Hoy, sin embargo, se puede hacer online en pocas horas, lo que refuerza la competencia.

            Durante mucho tiempo se compitió fundamentalmente con distancia física -disponibilidad de oficinas y cajeros- y relaciones personalizadas. Hoy se compite, de forma creciente, en gestión efectiva de la información, donde quizás las tecnológicas tengan a priori ventajas en inteligencia artificial. Como en otros servicios, ya no se busca únicamente una relación personal sino un canal de soluciones fiable y constante. Los bancos triunfadores del futuro serán los que resuelvan gestiones con unos cuantos “click” en una app. Esa forma de competir aún no se ha medido adecuadamente. Las autoridades antimonopolio ya sufren para aproximar la intensidad competitiva en plataformas y gigantes tecnológicos. Ahora hay que evaluar fusiones bancarias dinámicamente, anticipando la estructura competitiva de dentro de diez años (con presencia de otros operadores tecnológicos, probablemente de gran dimensión), no la de hace veinte. Indicadores de concentración, cuotas de mercado transitorias o márgenes entre crédito y depósitos son métricas cada vez más desfasadas para entender la intensidad competitiva. Aún así, las fusiones bancarias de hoy, sin lograr en paralelo un modelo de negocio exitoso -hasta ahora elusivo-, serán solamente soluciones de corto plazo.

Personas y empresas

Publicado en El País el 17 de noviembre de 2020

Para paliar los devastadores efectos económicos de la Covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos -tuvieran trabajo o no- y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTEs y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse -únicamente para empresas y actividades viables- al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas -a fondo perdido- ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

El Fondo Monetario Internacional, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario -donde menos creíbles somos como país- tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes -sean personas físicas o jurídicas- y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad. 

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

Bidenomics

Publicado en El País el 10 de noviembre de 2020

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca traerá grandes cambios a la política tanto en Estados Unidos como a escala global. Seguramente a mejor. La economía también puede tomar un nuevo rumbo, aunque no cabe esperar milagros en este campo ni en el sanitario, al menos, a corto plazo. La nueva administración no va a tener una luna de miel ni el período de gracia que se da a cualquier presidente porque Estados Unidos está profundamente dividida. Asimismo, la pandemia y sus devastadores efectos sobre la actividad empresarial y social permanecerán, al menos, en 2021. El presidente electo les deberá hacer frente con realismo y decisión. No ha sido un negacionista en campaña – en mi opinión, ha sido un factor a su favor- y no cabe esperar que lo sea en su mandato.

            ¿Qué puede cambiar en la economía con Biden? En el terreno doméstico, el primer gran eje es recuperar ética institucional, algo que Estados Unidos ha perdido, en gran medida, con el último gobierno. Los demócratas quieren un paquete de medidas reformistas con un fuerte carácter social, planificadas para dos mandatos y que podría elevar el gasto por encima de los 7 billones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la población más desfavorecida a servicios sociales, sanitarios y educativos. El problema para muchos americanos es que, al menos, la mitad de ese gasto debe financiarse con impuestos. En el escenario actual -casi ideal para el nuevo presidente-, este programa reivindicaría el papel de los gobiernos en la salida de la crisis. Ese programa eminentemente social no debe descuidar el apoyo a las empresas, que son las que garantizarán el empleo del futuro. Sin embargo, hay un posible obstáculo que ya fue una rémora de todas las iniciativas que no se culminaron en la era Obama: el bloqueo de cualquier intento de reforma desde el Senado, que podría tener mayoría republicana a partir de enero.

            Hay otras preferencias de Biden en materia económica.  Por ejemplo, pretende gastar hasta 2 billones de dólares en políticas de lucha contra el cambio climático -de las que Trump se había alejado totalmente-, pero también para mejorar gran parte de las infraestructuras públicas estadounidenses, bastante desfasadas. Cabe esperar que ese cambio en materia climática venga acompañado de una vuelta del diálogo, liderazgo y cooperación internacional. Es imprescindible reducir tensiones comerciales y geoestratégicas así como rifirrafes políticos estériles con otros países. En este contexto, soy algo más optimista en que se avance hacia un acuerdo internacional sobre el impuesto a empresas tecnológicas y actividad digital, elemento clave en la fiscalidad del futuro por el gran peso de las BigTech y los activos intangibles.  

            En suma, Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que Estados Unidos podía ofrecer. Correcto para los mercados -a pesar de su énfasis en subir impuestos- y “un hombre de su tiempo” en derechos sociales y en políticas de transformación económica. Si además consigue retomar la vía del entendimiento internacional con un liderazgo americano más compartido, amable y sin unilateralismo, quedará esperanza de un nuevo renacer económico.

El perímetro de las ayudas

Publicado en El País el 3 de noviembre de 2020

Pocos dudan que, ante la gravedad de la segunda onda de la pandemia, los efectos negativos sobre la actividad económica y empresarial se van a prolongar -al menos, hasta bien entrado 2021-, y las ayudas a las empresas habrá que mantenerlas y/o reforzarlas. Proliferan las decisiones de confinamiento de distintos formatos y cierre de locales de ocio, bares y restaurantes en muchos países de la UE. Parece lógico alargar los programas de apoyo aprobados desde marzo. En particular, a las empresas. 

            Fue, sin duda, adecuada la prórroga hasta finales de junio de 2021 del Marco Temporal de ayudas en la UE para apoyar a las empresas que sufran pérdidas significativas en su volumen de negocios. A escala nacional, habrá que redoblar también esfuerzos, desde extensión de avales a ayudas fiscales e, incluso, recapitalización de empresas solventes. En esta segunda ola, como he venido insistiendo, habrá que ser más selectivo para que sean las empresas viables las únicas que reciban el sustento necesario para pasar lo que queda de pandemia. Hay que cerrar el grifo a las actividades que no sobrevivirían en escenario alguno. Aquí surgen dos grandes preocupaciones.  La primera es la cantidad de recursos que de los que dispondrá el Estado español para poder mantener las ayudas con la potencia necesaria para aminorar el impacto económico. En la primera ola se comprobó el menor recorrido de las medidas aprobadas en España. Ahora, a pesar de las ayudas europeas -que en todo caso tardarán en llegar y con otros fines, además-, se puede volver a sentir la falta de contundencia de esos apoyos. Ha sido nuestra peor situación en las finanzas públicas- responsabilidad nuestra y sólo nuestra- la que explica esa menor fuerza de las ayudas. Sin embargo, es en el contexto comparativo donde surge mi segunda preocupación. Es inquietante que la extensión del Marco Temporal de Ayudas de la UE cree divergencias competitivas aún mayores en la UE. En primavera quedó patente que ese “hacer la vista gorda” sirvió principalmente para que países como Alemania, Holanda o algunos de los nórdicos reforzaran a sus grandes empresas con fondos públicos, otorgando una ventaja competitiva no siempre fundamentada en una mayor productividad sino en el paraguas de “papá Estado”. España debe ser vigilante para que las ayudas en la UE se aprueben y articulen en torno a la recuperación. Ese y solo ese debe ser perímetro de las ayudas. No deben ser para apoyos artificiales a empresas no viables en países con mejores cuentas públicas. 

Entramos ahora en una nueva fase de economía que, empleando el término escuchado hasta la saciedad estos días, podríamos denominar “perimetral”. No sólo tendremos la desgracia de una escasa circulación entre países sino también, en España, de muchas medidas distintas y no sincronizadas. Esos perímetros heterogéneos en tiempo e intensidades tendrán -según los expertos sanitarios- impacto limitado en el control de la pandemia y, desde el punto de vista económico, obligarán a acciones más duras y retrasarán la recuperación, además de hacerla más desigual si no hacemos nuestros deberes en la UE.