El primer parte de daños del conflicto catalán

Publicado en Cinco Días el 5 de octubre de 2017

El respeto por la ley y su efectividad condicionan los entornos políticos y las decisiones de los gobernantes. Está documentada y demostrada su incidencia en el desarrollo económico y la cohesión social. Esto es lo que los anglosajones denominan rule of law y que en castellano se traduce como imperio de la ley o –de forma menos precisa pero fonéticamente menos agresiva– Estado de derecho. En realidad, es la menos imperial (en cuanto a represiva o impositiva) de las cuestiones que afectan a la estructura democrática. Es la base de la arquitectura institucional de un país. Debe cuidarse y respetarse.

Se observan casos extremos a escala internacional donde el Estado de derecho ha sido subvertido y la economía ha caído en picado, como en Venezuela. En otros territorios (en diversas experiencias históricas), organizaciones paragubernamentales subyugan y obvian cualquier regla establecida, controlando a los representantes políticos y sometiendo de diversas y lamentables formas a la mayoría de los ciudadanos. Son problemas que, en el mejor de los casos, afectan a varias generaciones y conllevan miseria y sufrimiento sin límites.

En Cataluña, se ha generado el mayor conflicto desde la restauración de la democracia. No se ha gestado en dos días. Nos preparamos ahora para posibles soluciones, pero difícilmente serán sin coste significativo. Hay riesgos para la estabilidad política, económica y financiera y se pueden hacer patentes. Queda por ver en qué grado.

Si se analizan los cimientos del Estado de derecho en España y su posible incidencia económica, se observa que con esta situación son varios elementos los que sufren daños estructurales… y no todo es achacable al conflicto político que ahora se ha generado, aunque este puede ser el que desemboque en algún desgraciado derrumbe.

Uno de esos pilares es la separación de poderes. Ningún inversor responsable pondrá sus ojos sobre un territorio en el que se confunda lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo. Cierto es que en casi ningún país hay una separación perfecta de los mismos. Pero en España ahora hay quienes piensan que los tres están completamente mezclados, una apreciación exagerada, sin duda. Y otros consideran que con un poder ejecutivo parcial –como podría ocurrir en Cataluña– pueden obviar el legislativo y el judicial para crear otros nuevos, reseteando el sistema sin que esto suponga coste social o económico alguno. Estamos a punto de comprobar qué coste puede suponer.

Otro cimiento esencial es el respeto a los derechos fundamentales. Donde no hay consideración por los mismos, poco más se puede esperar. El resultado es cero inversión. Pero tampoco cabe hablar de estos derechos con desconocimiento. Se recurre al derecho internacional en supuestos que no son aplicables. Ahora todos somos expertos en leyes (aunque con frecuencia solamente en las que nos convienen) y no queremos escuchar a los juristas. La Constitución española es un ejemplo de respeto hacia los derechos humanos. Tal vez este sea, a pesar de todo, el anclaje del Estado de derecho que permanezca más sólido aunque lo intenten manipular.

Quizás el elemento más importante del imperio de la ley, desde el punto de vista de la confianza inversora, es el cumplimiento de las normas (law enforcement) y su seguridad jurídica. El mayor contrato que existe en este país es la Constitución y hemos conseguido que suene raro decirlo. Es lo primero que deberíamos reconocer, pero la crisis económica anda buscando culpables y ahora parece que la Constitución también es uno de ellos. La seguridad jurídica es esencial para cerrar cualquier contrato y ahora muchas empresas y ciudadanos se preguntan dentro de qué legalidad pueden quedar en cuanto a su trabajo y su operativa si se sigue ahondando en el conflicto.

Algunos ingredientes del Estado de derecho vienen ya deteriorándose desde hace tiempo, como la transparencia y los límites al poder. La corrupción ha minado la credibilidad de los poderes políticos para recordar a los ciudadanos la importancia de cumplir con la ley y este es un problema generalizado, no achacable a un territorio o grupo concreto. Establecer límites al poder es importante para que el ejecutivo no traspase sus competencias y para que las minorías (cuyos derechos deben ser respetados) no sean aplastadas. También en lo que respecta a los límites al poder, la violencia casa mal con la estabilidad social y económica, ya sea en forma de represión física o de abuso de competencias.

Las imágenes de los últimos días no generan sensación de control y estabilidad entre los observadores internacionales. La intuición de que ese conflicto no va a menos ha hecho, entre otras cosas, que las agencias calificadoras pongan en el congelador la esperada subida de rating de España y, en ese contexto pesimista, que el panorama económico de Cataluña se vuelva especialmente sombrío. Cuanto más complejidad alcance esta situación (y cada día parece multiplicarse) mayor será la desconfianza externa.

Con estos daños estructurales, ¿quién entra en la casa? Ya hemos debido aprender que en la economía contemporánea, los primeros síntomas de fiebre se manifiestan en el terreno financiero. La Bolsa española sigue a la baja desmarcándose de las europeas. Y es ya extendida y recurrente la pregunta de si la estabilidad financiera está comprometida. No parece que estemos abocados irresolublemente al descontrol, pero sí considero que se pueden generar situaciones de tensión, que hay que intentar evitar a toda cosa. De hecho, incluso antes que en el terreno financiero, se extienden opiniones y propuestas populares con la inconsciencia de su posible incidencia, como la de realizar un boicot a productos y empresas catalanas. Dejando la política al margen, hay errores de identificación sobre quién es quién en estas desdichadas propuestas y, en numerosas ocasiones, se trata fundamentalmente de dispararse en el pie.

No es ya una cuestión de opinión política. En ese “ellos y nosotros” económicamente perdemos todos. Los entramados de producción, laborales y financieros no son separables territorialmente en la mayoría de los casos. Si el conflicto se agravara y prolongara, el problema lo acabaríamos teniendo todos. Los posibles efectos económicos no pararán en la frontera de Aragón o de la Comunidad Valenciana. De hecho, la problemática acabaría siendo, incluso, europea.

Pero la atención está en esa dimensión financiera. Se venía escuchando ya desde hace tiempo la existencia de planes contingentes para las muchas entidades bancarias que operan en un territorio tan importante como Cataluña. Han asegurado de hecho, públicamente, estar preparadas para proteger a sus clientes. Y resulta absolutamente creíble habida cuenta de su fortaleza, de sus circuitos internos de liquidez (que traspasan ampliamente Cataluña) y del apoyo del Banco Central Europeo. Por tanto, es clave reforzar la confianza en esas entidades financieras. La estabilidad financiera está en juego. Lo que precisan es que se mantenga la seguridad jurídica pero no tendrán problema alguno desde el punto de vista de la liquidez ni la solvencia. Si no hay un marco político o legal firme en algún momento en Cataluña, podrán seguir operando como entidades españolas y europeas con la misma protección y seguridad que cualquier otra. Quizás son las instituciones financieras más pequeñas si perdieran acceso al BCE y las empresas no financieras las que pueden sufrir más porque una situación de desconcierto en cuanto a competencias políticas podría afectar a su operativa y a su demanda.

Contrariamente a lo que muchos quieren pensar (o se les está haciendo pensar) no son parte de un cuadro de Géricault en el que aparecen como héroes de un romanticismo liberador sino víctimas de un proceso que puede afectar a su trabajo, a su protección social y al futuro de sus hijos. En ese ámbito, la estabilidad financiera está respaldada, afortunadamente, por un contexto geográfico y de competencias más amplio, como es el español y el europeo, en el que puede resultar sencillo moverse (incluso físicamente) para evitar incertidumbres. En todo caso, si no se tiene que activar plan contingente alguno, mucho mejor.

En un plano financiero más amplio, trascendiendo lo bancario, Cataluña es también parte de un sistema territorial donde hay inversiones y capital que fluye y la incertidumbre generaría daños en esos flujos. En todo el país pero especialmente en Cataluña. Es bastante probable, de hecho, que ya los esté causando.

Tal vez una buena opción para enfriar los ánimos es centrar el debate en los números. Cuando haya más calma, una posibilidad es empezar por revisar la financiación autonómica y ver qué más se puede construir a partir de ahí. Claro que igual se ha llegado ya tarde para establecer esas prioridades.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía de Cunef y director de Estudios Financieros de Funcas.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s