¿Y ahora qué?

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).