Publicado en El País el 12 de septiembre de 2017

La semana pasada el Banco de España estimó, con datos a 31 de diciembre de 2016, que 40.078 millones de euros del rescate bancario serían irrecuperables. No se trata de una cifra cerrada porque el importe depende de operaciones que tardarán algún tiempo en materializarse. Es mucho dinero. Innegable la desazón que produce semejante gasto. Demagógico fue decir que podría recuperarse todo o la mayor parte. Y también lo es la utilización que se hace del rescate para explicar demasiadas cosas, para abarcar todos los males.

Hablar de mucho o poco es demasiado frívolo, pero los números de la crisis financiera en España hay que ponerlos en perspectiva, así como las causas y consecuencias. Muchos economistas se han afanado en el capítulo de identificación de factores determinantes del desastre con no poco éxito, pero los de las consecuencias y las soluciones parecen aún bastante abiertos.

Antes de esta horrenda Gran Recesión, se hablaba de cinco grandes crisis de la segunda mitad del siglo XX. Junto a las de Noruega, Finlandia, Suecia y Japón a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, aparecía la española de 1977. Aquellas experiencias tuvieron duración e impacto desigual. Las pérdidas netas de la de España se llevaron por delante el 16,8% del PIB. Sin embargo, la gestión de la sueca se consideró un éxito porque “solo” costó un 4% del PIB. Este último sería el porcentaje que se estaría manejando como irrecuperable para la crisis financiera española de 2008-2014 ¿Un éxito? Nunca puede serlo. 30 años después deberíamos haber aprendido a prevenir estos acontecimientos o, cuando menos, a identificarlos y atajarlos a tiempo. La tardanza en el reconocimiento del problema de solvencia ha sido uno de los grandes desaciertos históricos en nuestro país.

Según el recuento oficial de la Comisión Europea (en su State Aid Scoreboard), España invirtió 61.853 millones. Pero antes de que aquí se actuara ya se habían emprendido recapitalizaciones de 64.173 millones de euros en Alemania, de 62.780 en Irlanda o de 100.140 en Reino Unido. Las ayudas en forma de garantías de algunos países europeos duplican y, en algunos casos, triplican, a las aportadas en nuestro país. ¿Éxito español? Para nada. Aun así, el problema de los activos inmobiliarios deteriorados fue generalizado pero tan sólo un grupo relativamente reducido de entidades precisó ayudas públicas. Hoy los bancos españoles están recuperando su posición de liderazgo internacional.

Lo que no parece acertado es culpar de la austeridad presupuestaria exclusivamente al rescate bancario. Tampoco puede decirse que, sin ese rescate, hoy estaríamos como antes de la crisis. Sugiero dos escenarios alternativos. En uno, sin el rescate de algunas entidades en 2012, numerosos depositantes españoles habrían perdido sus ahorros sin remisión. En el otro, si a principios de década hubieran estado vigentes las normas europeas actuales, los tenedores de preferentes y deuda subordinada habrían tenido fuertes pérdidas y el marco de resolución comunitario sería la única referencia legal. Nunca sabremos si ese marco —de haber estado en vigor entonces— habría obligado a las autoridades españolas a reaccionar con mayor prontitud. Véase el caso de Italia.

Publicado en El País el 5 de septiembre de 2017

Los resfriados de finales de agosto y principios de septiembre son cosa de los cambios súbitos de temperatura. Tras seis meses de reducción del paro registrado, en agosto ha llegado el catarro habitual: 46.400 personas registradas más en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE). No es un agosto atípico —siempre es un mal mes por el fin de los contratos temporales de verano— pero sí que es sintomático de lo que siempre ha pasado en España y muestra la debilidad de una parte importante del empleo creado.

En términos interanuales, continúa el ritmo neto de creación de puestos de trabajo. A finales de agosto había 609.849 afiliados a la Seguridad Social más que el año anterior. Pero aún abrumados por el desplome del edificio laboral durante la crisis —a medio reconstruir— es razonable preocuparse por la estabilidad del empleo en España. No vamos a descubrir esa realidad con el análisis del paro mes a mes, uno de los deportes habituales del análisis coyuntural. Desestacionalizado, el paro subió en agosto en 11.437 personas. A finales de septiembre, con la vuelta a la actividad en otros sectores menos presentes en verano (industria, construcción) la historia será (como suele ser) más positiva. Pero la estructura no habrá cambiado en dos meses.

Junto a las intrahistorias de análisis coyuntural presuroso, las preguntas más estructurales son tres: ¿Estamos avanzando? ¿Lo hacemos sobre bases sólidas? ¿Lo hacemos con mejores condiciones laborales? La respuesta a la primera pregunta es afirmativa porque los números son los que son. En cuanto a la segunda y la tercera, contestar en más complicado.

La estructura de las instituciones laborales tiene que ver mucho con las reformas y creo firmemente que la emprendida para el mercado de trabajo en España era necesaria, aunque parece insuficiente. Aporta parte de la flexibilidad (adjetivo fácilmente manipulable en este contexto) que se precisaba. Emmanuel Macron ahora trata de realizar cambios similares en una Francia, donde la rigidez y las condiciones de resolución de los contratos laborales son insostenibles. Pero en Francia hay menos problemas (que los hay) de ajuste entre formación y empleo que en España. Las políticas activas, el reciclaje y el reajuste siguen siendo asignaturas pendientes en nuestro país, suspensas en varias reválidas. Por no hablar de la educación.

Los salarios tampoco son mejores que antes de la crisis. Esto se debe, en parte, a un ajuste necesario a la productividad. Creo que los salarios pueden crecer en muchos sectores pero la linealidad y ubicuidad de las subidas sería un error. Productividad e incentivos deben ser dos cuestiones que calen aún mucho en los contratos. Y las empresas —algunas con grandes beneficios— también deben hacer girar su discurso hacia un compromiso sincero en este sentido. Si la productividad acompaña, debe notarse en los sueldos.

El mercado de trabajo en España es algo más firme que hace unos años pero no está claro aún que haya dejado de ser un castillo de naipes cuando vengan mal dadas.

Publicado en El País el 29 de agosto de 2017

En el simposio de Jackson Hole (Wyoming), organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, circula la flor y nata de los banqueros centrales y algunos de los mejores economistas de todo el mundo. El encuentro de este año celebrado hace unos días ha sido una evaluación honesta de los resultados de la política económica (eminentemente monetaria) que ha propiciado una salida parcial de la crisis pero no ha permitido dejarla atrás. Y así parece que será por un tiempo considerable… Si es que no se reabre algún frente, algo que no se descarta. No se han cansado de decirlo los banqueros centrales en los últimos años: el experimento monetario era una respuesta necesaria y contundente pero insuficiente. Ellos han hecho su labor pero recuerdan los límites. Parecen decir “hasta aquí hemos llegado”.

Este Jackson Hole ha sonado a cierre de época. Probablemente incluso el último de Janet Yellen como presidenta de la Fed. Su primer mandato expira en febrero y Trump, aunque siempre impredecible, no parece contar con ella para continuar en el cargo. Y ella no perdió la oportunidad de mandar un mensaje claro a la administración estadounidense. Algo así como: queda mucho por hacer, aunque hasta ahora casi todo lo hemos hecho desde el banco central y, al menos, no lo estropeen eliminando parte de la regulación que ha hecho al sistema financiero más seguro.

Mario Draghi, quien volvía al simposio tras varias ausencias, también pareció cambiar el paso. Sugirió igualmente que el esfuerzo monetario y la regulación financiera habían permitido remontar el vuelo a las economías a ambos lados del Atlántico. Pero siendo consciente de que en la eurozona la vuelta atrás de tal expansión monetaria será más lenta, mostró una considerable preocupación por las políticas proteccionistas que amenazan la recuperación. A falta de estímulos fiscales, la solución es más apertura comercial pero no parece que vayan por ahí los tiros en muchos casos y a Draghi le inquieta.

En cierto modo, la de Yellen y Draghi es una llamada a la responsabilidad a los principales gobiernos mundiales. Se intuía temor en sus palabras. Una preocupación que ilustraron otras intervenciones en las que se evidenciaron retos que requieren extraordinaria mesura y en los que se ha avanzado solo relativamente: encontrar el equilibrio entre responsabilidad fiscal y estímulo al crecimiento, favorecer el comercio internacional mejorando la igualdad o recuperar capacidad adquisitiva ante un cambio tecnológico que deprime los salarios. Se considera que hay una “recuperación económica cíclica” que tiene como referencia tasas de crecimiento de PIB y de empleo similares a las de antes de la crisis pero con peores salarios y expectativas intergeneracionales muy desiguales.

Mi visión personal es que ya ha habido un cambio de paradigma. Ni la productividad, ni el empleo, ni la relación entre oferta y demanda son lo mismo hoy que a principios del 2000. El cambio ya empezó antes de la crisis y, por eso, es difícil volver a algo que teníamos hace diez años porque la estructura económica es ya otra.

Publicado en El País el 22 de agosto de 2017

El origen de la moneda virtual fue el bitcoin. No importa cuántos intentos previos o iniciativas hayan coexistido o acaben surgiendo. Tampoco será lo más importante si la historia del bitcoin es breve —ya son muchos augurios fallidos sobre su caída— o perdura. Sus límites cuantitativos están marcados por su propia configuración —como señalaba este mismo diario anteayer— pero su influencia y las derivaciones cuasi filosóficas de su uso ya han arraigado profundamente. Este verano está siendo el del bitcoin porque su cotización se ha disparado y porque se ha desdoblado para dar cabida a otro registro paralelo (bitcoin cash).

Sin embargo, también este verano han surgido rumores sobre operaciones internacionales de lucha contra el fraude, como el de una plataforma de intercambio que ofrecía bitcoins con descuento para agilizar el blanqueo de fondos, 4.000 millones de dólares desde 2011. Es cierto que casi siempre son las noticias negativas las que proliferan pero la propia esencia del bitcoin como alternativa al dinero fiduciario sigue presente también en otros usos y en la aceptación creciente del mismo en los ámbitos público y privado. Precisamente, esa confianza hacia las instituciones emisoras que entraña lo de fiduciario ha hecho del bitcoin una alternativa para proteger los fondos y permitir las remesas de los ciudadanos que ya no confían en sus países, donde las divisas y las instituciones monetarias están azotadas por una crisis económica aguda.

Aunque el valor del bitcoin siga subiendo, todavía está por ver que vaya a ser una alternativa cuantitativamente competitiva para las monedas tradicionales pero sí puede ser una opción teórica de desarrollo de sistemas equivalentes. Por eso, siempre surge la pregunta de hasta qué punto es controlable el flujo de fondos con bitcoins cuando su esencia es la libertad y el anonimato.

El regulador estadounidense ya considera a algunas plataformas como servicios de inversión y trata de englobarlos en su paraguas regulatorio. Un intento seguramente tan necesario como probablemente estéril. No sabemos cuántos agostos le quedan al bitcoin pero éste está siendo impresionante y será difícil ponerle puertas al campo.

Publicado en El País el 8 de agosto de 2017

He de reconocer que soy un enamorado de Japón, desde donde escribo estas líneas. Cuando estoy aquí no puedo dejar de pensar en muchas cuestiones de índole económica y social de las que este país es prontuario y de cuya experiencia España puede aprender. Son dos naciones muy distintas pero con una relación cultural de mutua admiración. No sería baldío ahondar también en la vertiente comercial e intelectual. Mucho ha cambiado este entrañable país desde que los estadounidenses, con el comodoro Perry a la cabeza, se presentaron en la Bahía de Edo (la Tokio actual) en 1853. Desde aquel shogunato hasta la moderna Japón se han producido extraordinarias transformaciones pero casi siempre se ha conseguido mantener una dignidad y elegancia con escaso parangón.

De la economía japonesa se puede aprender de lo bueno y de lo malo. Precisamente, uno de los rasgos que define la transformación industrial es su capacidad para asimilar los avances de otros y mejorarlos, con seriedad y eficiencia. La educación —incluyendo valores y disciplina— es una virtud de la que hacen gala no solo para prosperar sino para resurgir de grandes recesiones, aunque sea de forma lenta y con extraordinario tesón. Tras la última gran crisis financiera —que afectó más a Europa y EE UU— Japón intenta hacer frente a dificultades que comparte con otros territorios pero que, en su caso, son desafíos de extraordinario calado. Fruto de sus amplios programas de estímulo para tratar de relanzar la economía, su deuda pública dobla a la española, por encima del 200% del PIB. Sus programas de ajuste y los reducidos tipos de interés pueden ayudar a sobrellevar esta carga pero su sistema de protección social presenta serias dificultades de sostenibilidad intergeneracional (como en España). La población es de las más longevas y envejecidas del mundo y los costes del sistema (pensiones, sanidad, dependencia…) recaen de forma abrupta en menguantes generaciones de jóvenes. Los mismos que han sufrido el grueso de duros ajustes salariales, con sueldos a la baja en términos reales. ¿Les suena esta historia?

Ahora el ejecutivo se propone subidas de salarios y fomentar los contratos fijos, que pretenden servir de revulsivo fiscal para aumentar el consumo y la inflación. Pero, de momento, el impulso ha sido tímido. Y el Banco de Japón se ha visto obligado a prolongar hasta 2019 su objetivo de alcanzar una inflación del 2%. Así, se queda junto al BCE como las autoridades monetarias que tratan de mantener los estímulos por un período más prolongado. La diferencia es que, en Japón, el debate sobre la necesidad de política fiscal y sobre las reformas precisas para hacer los sistemas de bienestar sostenibles está mucho más presente.

Asimismo, Japón no se ha arredrado ante el cúmulo de acciones proteccionistas y unilaterales de países como Reino Unido o EE UU. De hecho, para el estupor del mundo anglosajón, ya ha trazado planes contingentes preferentes con la UE. El país más ortodoxo en sus tradiciones es uno de los más heterodoxos en sus políticas económicas hoy en día.

Publicado en El País el 1 de agosto de 2017

Hay dos realidades del turismo en España, la de los grandes números y la de la experiencia social de cada territorio. Se aprecia, mes a mes, el vértigo de la superación de récords de visitantes, pernoctaciones y otro amplio número de indicadores. España vive un auténtico boom turístico. Pero en este turisboom se aprecian opciones muy distintas de desarrollo con diversas implicaciones para su sostenibilidad.

Este lunes conocimos los datos de Frontur que indican que España recibió hasta junio la visita de 36,3 millones de turistas extranjeros, un 11,6% más que en el mismo mes de 2016. Reino Unido, con 8,5 millones de visitantes, es el principal país de procedencia con un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo de 2016, lo que sugiere que el impacto del Brexit aún no se ha hecho notar. España ya recibió 75 millones de visitas en 2016 y en 2017 se espera llegar a 84 millones. Las noticias son extraordinarias pero hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro.

Las excesivas dependencias del crecimiento económico respecto a un determinado sector no son buenas. Salvando las distancias, la construcción presentaba hace algo más de una década números que nadie quería interrumpir pero una subordinación desmedida del empleo a un sector que no iba a poder mantenerlo a largo plazo. El caso del turismo es distinto pero también entraña riesgos. Es gracias a este sector que España crecerá a finales de año batiendo de nuevo previsiones, holgadamente por encima del 3%. Y también la expectativa de reducción del desempleo por debajo del 17%. Pero como en el deporte, cuando los récords se baten una y otra vez conviene también analizar posibles casos de dopaje. El empleo es excesivamente temporal y los salarios hace tiempo que deberían haber crecido con un poco más de alegría.

Condicionantes como la estacionalidad son consustanciales a la actividad turística pero no impiden que una apuesta por la calidad y la diversificación reduzca su impacto en la sostenibilidad del empleo. El turismo en España es, en general, de gran calidad pero esta ofrece distintas posibilidades según el modelo. Y, en el caso español, predomina el de elevado número de visitantes y con menor ingreso medio frente al de visitas más prolongadas de menos visitantes y con mayor gasto promedio. No es que haya que apostar por un “turismo de ricos” pero la propia experiencia dicta los límites de cierta opciones. En algunas localizaciones el modelo turístico amenaza con hacer desaparecer la esencia propia del territorio. En determinados casos esto ya se ha producido y, en otros, se plantea cómo frenarlo o cómo transformar y diversificar las opciones. Entre Venecia y Montecarlo hay muchas opciones.

Apostar por modelos sostenibles implica que ese adjetivo pueda ser exportable al empleo y al arrastre que el turismo produce en otros sectores. De hecho, la incidencia indirecta en otras actividades hace que se estime que la contribución del turismo al producto interior bruto sea del entorno del 16%. Hay que tratar de que ese pedazo de la tarta no se desmorone.

Publicado en El País el 25 de julio de 2017

La sanidad constituye un ejemplo de la paradoja del aislacionismo e insolidaridad que está emergiendo como respuesta a exigencias globales que resultan incómodas para algunos supuestos líderes mundiales. Los sistemas de salud están indisolublemente unidos a tendencias difícilmente reversibles en algunos países como el envejecimiento de la población. También a la emergencia e intensidad de algunos flujos migratorios. Sería terrible que en un momento en que la computación y los avances de investigación pueden erradicar algunos de los males hasta ahora endémicos relacionados con la sanidad en todo el mundo, se abandone ese camino.

Lo que no debe sorprendernos es que muchos de los mejores sistemas sanitarios del mundo se han basado en modelos públicos con cierto grado de universalidad y preservar ese tipo de modelos puede ser esencial, con los recursos precisos, para dotarlo de solidaridad externa. Y aquí aparecen de nuevo países como Alemania tomando el testigo de esos liderazgos y recordando (como se hizo en la cumbre de Hamburgo de principios de este mes) la urgencia de abordar algunos temas de investigación, inversión y coordinación para combatir ciertas epidemias y crear sistemas de prevención, entre otras cuestiones. Como en otros ámbitos socioeconómicos, lo que hace Alemania es fomentar el llamado “liderazgo de sistemas” que consiste en crear grupos que puedan contrarrestar el aislacionismo de los que hasta ahora han sido los líderes mundiales. Un nuevo modelo ante la amenaza de falta de respuesta a emergencias sanitarias mundiales. Un debate controvertido.

España debe ser parte de ese grupo solidario y reactivo. Siempre aparece en todos los rankings como uno de los mejores sistemas del mundo, aunque la satisfacción vaya por barrios. La fórmula para preservar el modelo y ayudar a la coordinación internacional es sencilla: escuchar a los profesionales del ramo. Y se comprueba que a la eficiencia no se llega con recortes sino con un buen uso de los recursos. Ni los gestores son siempre los adecuados (respondiendo a motivaciones políticas más que profesionales) ni los usuarios somos responsables. Ni la inversión en investigación va en la dirección que debería. Es más fácil culpar a la inmigración u obviar la necesaria coordinación y solidaridad internacional. Pero ese no es el modelo.

Publicado en Cinco Días el 21 de julio de 2017

Difícilmente escribiría un artículo estos días sobre la extinta Caja Madrid y qué hemos aprendido desde aquellos días de no ser por el trágico fallecimiento de Miguel Blesa. No son estas líneas que repasen su trayectoria sino que se refieren a la Caja Madrid de los años de su gestión entre 1996 y 2009.

Caja Madrid fue una de las primera cajas de ahorros fundadas en España, en 1838, y 170 años después dejó de serlo. Con esa prolongada trayectoria resulta difícil argumentar –como se hace de forma excesivamente simple estos días– que los modelos de cajas de ahorros no eran eficientes ni cumplían un propósito especial. Lo que ocurrió, como sucede en otros ámbitos del entorno financiero y empresarial, es que ese modelo se desnaturalizó y lo que debían ser mecanismos de control amplio se convirtieron en instrumentos de gestión política, cada vez más acentuada. Precisamente la segunda parte de la década de 1990 y hasta 2006 fue una época de desarrollo local y explotación del suelo desaforada, con una promoción desorbitada y con un aliento crediticio desproporcionado. Caja Madrid no fue excepción. Y ese fue un error común a otras entidades en España y otros países.

Incluso cuando la crisis ya era evidente, se emprendieron negocios impropios de una entidad que tenía que empezar a pensar en saneamiento y reestructuración, como la compra en 2008 del 83% del City National Bank, con sede en Florida, por 628 millones de euros. Pero esta es solo una anécdota en la maraña de problemas financieros que iba a encontrar la institución. Una de las cuestiones que hizo particularmente agudo el papel de la caja fue la fuerte exposición al crédito hipotecario, pero sobre todo al de promoción inmobiliaria. Pero en este caso particular se agravó por grandes operaciones de concentración de riesgos en alguna de las mayores (y a la postre más problemáticas) empresas de construcción españolas. Buena parte de ellas fue a la quiebra dejando un legado muy pesado para la entidad. Por si este problema no fuera suficientemente agudo, se evidenciaron pronto inadecuadas representaciones de miembros del sector de construcción y promoción inmobiliaria en los órganos de gestión, si bien esta fue una de las cuestiones que más contestación iba a provocar y tuvo que ser pronto corregida.

Cuando su particular burbuja explotó, Caja Madrid se enfrentaba a tasas de morosidad difíciles de remontar sin algún tipo de reconversión. En su cartera de préstamos se conjugaban todos los problemas habidos y por haber del catálogo de sospechosos habituales en una crisis inmobiliaria: préstamos a promoción, hipotecas sin adecuada cobertura. En una proporción significativa de estos créditos –como posteriormente se evidenció– no había garantías suficientes ni aparentemente una evaluación de la capacidad de pago contrastada, lo que convertía muchas de las operaciones en actividades subprime al más puro estilo de la crisis norteamericana.

También fue desgraciada la emisión y circulación de participaciones preferentes, principalmente entre 2005 y 2007, con las disputas y consecuencias que luego se generaron y que ya han sido largo debatidas. Mucho podría decirse también sobre otros ámbitos polémicos de la gestión, con episodios tan funestos como el de las tarjetas black, tan desdichado como poco ético. Pero tomando como referencia el caso de Caja Madrid, la gran pregunta es qué hemos aprendido. Y la respuesta resulta hasta cierto punto satisfactoria. Con la implantación de la nueva normativa de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (la llamada Mifid II) será complicado que los bancos puedan vender productos inadecuados a sus clientes o que estos puedan alegar desconocimiento de las condiciones. De forma similar, resulta evidente que se está avanzando hacia la consolidación de garantías y mejora de condiciones en contratos hipotecarios.

En cuanto al crédito y su calidad, la morosidad se está reduciendo de forma acelerada en España y en mayo ya se llegó al 8,7% (desde el 13,6% de diciembre de 2003). Se impone el crecimiento prudente del balance porque los españoles aún está devolviendo gran parte de la excesiva deuda acumulada en los años anteriores a la crisis.

También hay más exigencias en materia de gobierno corporativo. Han aumentado los sistemas de control y las garantías exigidas para formar parte de los órganos de administración, así como la información que es preciso reportar de forma continua para evitar problemas de conflictos de interés, entre otros.

Tomando a esa Caja Madrid como referencia, su recuperación dentro de la corporación Bankia está resultando un caso de éxito en el sector bancario, consolidando una de las bases de clientes más importantes de España. Y ahí es precisamente donde se establece el antes y el después: las entidades financieras tienen que lograr recuperar la confianza de los clientes y, tras la crisis, esto debe ser una conjunción de dos factores, principalmente. Por un lado, su propio esfuerzo de transparencia y gestión, aportando de forma competitiva servicios y atención con elevado valor añadido, recuperando el foco sobre productos minoristas, adecuados para cada tipo de cliente, sin sofisticaciones ni venta cruzada de productos inadecuados para el entendimiento o el perfil de riesgo de la mayoría de los clientes.

Por otro lado, el esfuerzo regulatorio, delimitando qué productos y servicios deben ofrecerse, en qué condiciones y con qué garantías informativas. En estas dos avenidas, la propia y la regulatoria, se ha avanzado de forma importante en los últimos años.

Publicado en El País el 18 de julio de 2017

¿Tendrá la mera convocatoria del referéndum en Cataluña una repercusión significativa sobre la prima de riesgo española? Como premisa, hasta el momento, no se contempla (o se otorga una probabilidad casi cero) a una Cataluña independiente. Las agencias de rating e inversores consideran el orden constitucional como algo más que un escenario central. En situaciones como la actual, es para ellos una garantía contra excesivos sobresaltos en Estados Unidos, Reino Unido o nuestro país. Como no lo es en Venezuela. Saben que la pretendida unilateralidad del referéndum, aunque viene de lejos, puede acabar teniendo poca incidencia práctica.

Aun así, hay margen para sobresaltos. Uno de los elementos más controvertidos es la paradoja del equilibrio financiero. Una de las recurrentes quejas de la visión soberanista es que el resto del Estado detrae recursos de Cataluña. No hay espacio aquí para resumir los múltiples análisis que, cuando menos, lo relativizan y que sitúan a otros territorios, como la Comunidad Valenciana, en una situación parecida o incluso aún menos favorable. Pero muchos de los desequilibrios financieros de las arcas públicas catalanas —y de otros territorios— son, en gran medida, achacables a la gestión pública desde antes de la crisis.

Una de las preguntas recurrentes de inversores foráneos hace años era hasta qué punto la administración central respondería por las deudas de las territoriales. Desde 2012, el gobierno ha repartido financiación extra a los territorios de 180.400 millones, de los que 58.800 se han destinado a Cataluña. Esto ha frenado una situación en la que muchas veces se ha temido un default catalán. Aún así, todas las agencias de rating mantienen a Cataluña en perspectiva negativa. Responsables de Moody’s han asegurado, incluso, que el rating de Cataluña “tiene una elevación de cuatro escalones por el apoyo del Estado. Si ese apoyo no estuviera ahí, el ratingno sería Ba3, sino Caa1”. Por supuesto, económicamente, España también necesita a Cataluña para su estabilidad fiscal y financiera, entre otras cosas.

En cuanto a las primas de riesgo en Europa, en estos momentos no observamos las reales, sino las resultantes de una situación monetaria excepcional en la que el BCE compra deuda e inyecta liquidez para mantener el termómetro frío. Cada vez son más los analistas —aunque no lo comparto plenamente, al menos de momento— que sugieren que el BCE podría inclinarse pronto hacia una subida de tipos y un cambio en ese apoyo monetario. Sería mala coincidencia con un aumento del riesgo político en España.

En suma, no está claro que el previsible conflicto en torno a la convocatoria del referéndum eleve mucho la prima de riesgo pero podrá suponer que las agencias de rating se tienten la ropa antes de subir la calificación española, algo que se esperaba desde hace tiempo. Y, si el entorno monetario acaba cambiando, habrá que plantearse escenarios más desestabilizadores. Cada vez hay más propensión a poner los referendos por delante de la gestión, con poca preparación y elevada improvisación. Los efectos económicos son negativos y suelen empezar por el convocante.

Publicado en El País el 11 de julio de 2017

El G20 cumplirá su mayoría de edad este año desde la conferencia inaugural que tuvo lugar en Berlín en diciembre de 1999. La cumbre del pasado fin de semanaen la también alemana ciudad de Hamburgo ha arrojado nueva evidencia sobre cómo parece funcionar la gobernanza económica mundial en este siglo XXI de aceleradas incertidumbres. Como sucedió en su momento con la UE, en distintas ocasiones con el FMI, o con el propio G20, la relevancia de estas instituciones multilaterales y su utilidad salen a la luz cuando las tensiones económicas o geopolíticas alcanzan cotas preocupantes. En períodos intermedios, se mueven entre la irrelevancia y la expectativa.

La parábola del G20 para la gobernanza global es que ante las amenazas se pueden generar bloques reactivos. Por ejemplo, en Hamburgo hubo 19 partes formando un todo para tratar de hacer entrar en razón a otra (Estados Unidos) sobre la necesidad de retomar el acuerdo climático de París o de abandonar la senda del proteccionismo comercial. El G20 se ha convertido en un G19+1. Cierto es que EE UU sigue lejos de entrar en razón en estas cuestiones pero tampoco ha dado grandes pasos en sentido contrario. Igual sucede con el acero, con la creación de un nuevo foro internacional que trate de hacer que Washington se retrate respecto a sus planes proteccionistas o, al menos, se atenga a acuerdos. Donald Trump divaga, su comportamiento es errático. No hay avances en sentido práctico. De hecho, resulta casi divertido comprobar cómo algunos medios internacionales consideraban que se habían dado progresos respecto a la protección del clima pero no en el comercio y otros todo lo contrario. Pero, sea cual sea el cambio, sí que han quedado como temas de discusión ineludible.

También resulta importante comprobar cómo distintos bloques desean avanzar en sus relaciones comerciales (la UE y Japón, por ejemplo) ante el enroque de otros (EE UU). Una lección sobre el castigo que recibe el comportamiento fatuo unilateral que también está sufriendo Reino Unido tras el Brexit.